Batalla de Ideas

11 marzo, 2021

DNU contra los migrantes y su derogación: una fecha de vencimiento para la mentira planificada

Los discursos xenófobos -tanto del macrismo, comunicadores y figuras oficialistas como Berni- además de tergiversar la realidad impactan en la vida de las familias migrantes. Aunque resta mucho para mejorar las condiciones de vida de éstas, Argentina cuenta con un acumulado de lucha que será clave para avanzar en mayores niveles de democratización y conquista de derechos.

Laura Victoria Martínez*

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En los primeros días de marzo, se concretó una medida política y jurídica altamente esperada por diversos sectores de la sociedad civil argentina: organizaciones de migrantes, académicas, colectivos e instituciones de promoción de los Derechos Humanos celebraron la derogación del Decreto 70 del año 2017, luego de años de un intenso activismo de base y numerosas experiencias de articulación y lucha. 

Esta normativa había sido elaborada en el contexto del gobierno autodenominado “Alianza Cambiemos”, liderado por el partido de Macri “Pro” y la Unión Cívica Radical en el período 2016-2019.  El DNU 70 fue derogado mediante el decreto 138 publicado en el Boletín Oficial el viernes 5 de marzo, y es importante defender y explicar el sentido de esta derogación.

La Argentina dispone desde el año 2004 de la Ley de Migraciones 25.871, reconocida en el mundo y la región por su perspectiva de derechos humanos, asumiendo el derecho humano a migrar  y el acceso a derechos sociales como salud y educación independientemente de la condición de regularidad. También contiene distintas categorías de residencia que contemplan la pertenencia regional de los migrantes, asumiendo un giro respecto de la histórica negación de los migrantes limítrofes en el país. 

Si bien existían aún muchas demandas inconclusas, iniciado el gobierno de Macri comenzó a construirse un debate público sobre los migrantes y vimos escalar las concepciones xenófobas en la prensa y los funcionarios de gobierno. Este proyecto criminalizador que construía falsas urgencias públicas respecto de lo que sucedía “en la frontera”, fue preparando el terreno para el DNU 70, que alteraba las disposiciones de la Ley de Migraciones relativas a la admisión y permanencia de los extranjeros en el país. 

Entre sus características más salientes las organizaciones destacaban que el DNU 70 aceleraba los trámites de expulsión, restringiendo garantías procesales y el derecho a defensa. Tuvo amplia repercusión social la deportación sin aviso de Vanessa Cuevas a Perú, que la separó de dos de sus hijos y fue un caso emblemático de la vulneración del derecho a la reunificación familiar, un aspecto que enfatizan todas las plataformas de reconocimiento de derechos de los niños en contextos de migración, -clasificación que también incluye a los niños nacidos en Argentina cuyos padres son extranjeros-.

El rechazo internacional

El decreto 138 reconoce que varias instancias internacionales de protección de derechos humanos se pronunciaron a lo largo de estos años instando a la derogación del decreto, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos del Niño. El Comité contra la Tortura no solamente pide al Estado argentino derogar el decreto sino que apenas iniciado el gobierno de la Alianza Cambiemos, se duplicaron las denuncias por discriminación en el marco del accionar de las fuerzas de seguridad en 2016, (respecto del año anterior). 

En los pronunciamientos de base jurídica, tanto internacionales como nacionales, se observa que el DNU es incompatible con la Constitución nacional. De hecho, las organizaciones de derechos humanos  presentaron un amparo colectivo solicitando la nulidad del mismo, un derrotero judicial de rechazos y aprobaciones del cual quedaba pendiente el pronunciamiento de la Corte Suprema de la Nación. 

Restricciones, discursos xenófobos, desinformación y sus consecuencias 

Más allá de la probada arbitrariedad jurídica de la normativa, las organizaciones migrantes fueron documentando en estos cuatro años qué consecuencias de criminalización tuvo esta norma en la vida de los colectivos a lo largo de todo el país, perseguidos muchas veces en escenas altamente mediatizadas como las acciones de fiscalización en la estación de Liniers donde se doblegaron controles sobre poblaciones limítrofes. 

Es que el DNU como instrumento jurídico, estuvo acompañado además de toda una política migratoria restrictiva, que aumentó sideralmente las tasas de los trámites de residencia (se denunciaba hasta un 1000%) y estableció sistemas informatizados más inaccesibles a los migrantes, como el RADEX. Sin olvidar el primer anuncio de gestión, luego frustrado, de una “cárcel para migrantes” en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde preveían derivar personas migrantes con faltas administrativas relativas a la residencia -convertidas con el DNU 70 en asuntos penales-.

Es que el proyecto del DNU fue sostenido por la xenofobia activa y dirigida de medios de comunicación y funcionarios políticos que insistían en un lema clásico del neoliberalismo argentino, probado con éxito ya en los años 90: asociar la migración a la delincuencia. Afortunadamente, en Argentina existe un campo amplio de investigaciones en procesos migratorios y un acumulado de conocimiento estadístico, histórico, normativo que permite desmentir rápidamente estos discursos de sentido común. E incluso, ante nuevas retóricas securitarias (que colocan al extranjero como peligro o amenaza) se trabaja en ofrecer evidencia que deja al desnudo mentiras intencionadas y distorsiones calculadas. 

Al final de esta nota hay varios sitios** donde pueden verificarse cuestiones como que el porcentaje real de los extranjeros de acuerdo al sistema nacional de registro de estadísticas de ejecución de la pena no implica ninguna sobrerrepresentación respecto del porcentaje total de extranjeros en el país. Asimismo se confundía deliberadamente aprovechando que la mayoría de la población desconoce la letra de la Ley de Migraciones, diciendo que la misma “dejaba entrar a extranjeros con antecedentes”.

Era cuestión de ir a leer (o “googlear”) la Ley de Migraciones vigente y ver todas las disposiciones establecidas para esos casos, pero parece que la rigurosidad no es negocio y no les conviene difundir el conocimiento que pueda dejarlos en evidencia (para eso también se desprestigia a las ciencias sociales y a toda producción de conocimiento crítico). Desafortunadamente, cuesta mucho que esta información se amplifique en los medios que replican mentiras planificadas, e incluso sabemos que más difícil a veces es lograr que la sola información destruya los prejuicios acomodados a lo largo del tiempo.  

Un sistema ilegal en la Dirección Nacional de Migración durante el macrismo

Todo esto es mucho, pero siempre hay lugar para algo más. En el contexto de derogación del injusto DNU escuchamos a la directora de la Dirección Nacional de Migraciones actual, Florencia Carignano, denunciar la existencia de mecanismos ocultos de entrega de residencias por miles de dólares en la propia DNM de la gestión anterior (junto a acciones de espionaje ilegal sobre personalidades varias). 

Es decir, que mientras políticos como Pichetto y periodistas como Feinmann atacaban a las mujeres migrantes trabajadoras que construyen día a día este país, como Vanessa Cuevas; mientras la ministra de Seguridad Bullrich le mentía planificadamente a la población argentina asustandola con el miedo a los extranjeros para hacerse un lugar en su zanja política,  además tenían instalado un sistema corrupto que se servía de la nacionalidad de las personas para usufructuar su capacidad de pagar en dólares.

Hay que discutir las consecuencias de los discursos públicos xenófobos (no privativos de un solo partido, ya que Berni también gusta de ellos) por las injurias discriminatorias que padecen y disputan niñas y niños en los ámbitos cotidianos y escolares. De esta vulneración diaria de derechos de infancia son responsables los señores y señoras con impunidad para ejercer violencia simbólica contra los migrantes en los medios de comunicación.

Al día de hoy el balance es esperanzador en términos de recuperación de la normativa de derechos, (fruto a su vez de la articulación sostenida entre organizaciones de migrantes, académicas, sindicales, de derechos humanos) y de las orientaciones en política migratoria, como la creación de una Comisión Asesora de Política Migratoria. 

Pero quedan muchas deudas pendientes que necesitan de políticas públicas que impacten en las condiciones de vida y en la mejora de mecanismos participativos donde los migrantes accedan de modo concreto a la autorrepresentación. La derogación del DNU 70 es el resultado de una experiencia acumulada e intersectorial de lucha por los derechos en Argentina y los migrantes han sido y son actores clave del avance en la democratización de nuestra sociedad.

*Investigadora CONICET

**https://www.cels.org.ar/web/2019/12/organizaciones-entregan-al-gobierno-su-agenda-migrante-para-el-2020/

**https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/241471/20210305

**https://pescadofrescoblog.wordpress.com/2016/12/

**http://www.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2017/03/INFORME-T%C3%89CNICO-DNU.pdf)

**Facebook Bloque de Trabajadores Migrantes

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