Géneros

8 marzo, 2021

8M: Reforma judicial feminista, una discusión impostergable

Femicidios, abusos de las fuerzas de Seguridad, revictimización, falta de atención y escucha de necesidades, desprotección: ¿por qué este 8M planteamos que reformar profundamente las bases del servicio de Justicia en general y del Poder Judicial en particular es tan necesario?

Crédito: Unidiversidad

Belén Romano*

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Hace ya mucho tiempo, empezamos a señalar la necesidad de una reforma judicial feminista debido al carácter patriarcal del Poder Judicial, las múltiples leyes que lo ordenan y a través de la continua crítica a fallos sin perspectiva de género.

Las mujeres y colectivos LGBTI+ atraviesan largos procesos judiciales en donde el factor común es uno: la revictimización de estas identidades a lo largo del proceso.

La Ley Micaela no alcanzó para incorporar una perspectiva de género amplia en los tribunales penales a la hora de resolver una necesidad todavía latente. El derecho se sigue posicionando como un saber hegemónico, patriarcal y absoluto, que se caracteriza por tener una comunicación nada real y muy poco directa con las comunidades.

La ausencia de perspectiva de género al momento de resolver conflictos que son administrados por la justicia y su acceso a la misma, reproduce una distribución asimétrica del poder real entre varones y mujeres y colectivos LGTBI+.

Debemos rever nuestros métodos tradicionales y poder lograr una interpretación sistémica del contexto en el cual una norma es creada de manera que la interpretación del texto no se limite únicamente a lo que el texto incorpora. Pero, ¿cómo hacemos esto?

Pasos necesarios

En agosto del año pasado, el Senado dió media sanción al proyecto de ley de Reforma Judicial presentado por el presidente Alberto Fernández. Uno de los principales ejes es el de mayor transparencia en los procesos de sorteo de causas y de selección de magistrades: pero la justicia y la igualdad de tipo formal, no garantizan la justicia real ni la igualdad real.

Por otro lado, se plantea la creación de nuevos juzgados y tribunales en los fueros, como también, menos protagonismo para les jueces y un poder más distribuido en mayor cantidad de juzgados que surjan de concursos; es importante que aquí la perspectiva de género sea ineludible para acceder al cargo.

En este segundo eje, es necesario remarcar la importancia del Consejo consultivo que evalúe la reforma, el funcionamiento del Poder Judicial, los ministerios públicos y se revise el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este aspecto, es cuestionable su conformación: únicamente por abogades, perdiendo así, la posibilidad de la mirada interdisciplinaria y de una mayor democratización del “saber judicial” y hegemónico.

La Justicia argentina según el Mapa de Género

En cuanto a las cifras alrededor de la distribución de género de los cargos del Sistema de Justicia de la República Argentina, la Oficina de la Mujer incluyó un Mapa de Género en donde indicó que, dentro del personal administrativo, el 61% son mujeres, pero se concentran en los escalones inferiores e intermedios: “Mientras que las mujeres son mayoría en el funcionariado, tienen la mitad de probabilidades de ser nombradas magistradas con respecto a sus pares varones”.

El Mapa de Género forma una herramienta única para evaluar el grado de avance en la democratización por género del sistema de justicia en el país para propiciar la paridad en cargos jerárquicos de la Justicia, pero también, debemos fomentar que dicha reforma judicial feminista, incorpore como requisito al Poder Judicial, la aprobación de una instancia de formación con un enfoque en derechos humanos e igualdad de género que tenga reflejo, posteriormente, en las decisiones. Magistrades y funcionaries del Poder Judicial con formación en género toman decisiones que parecen no dar cuenta de ello.

La Constitución Nacional, en el capítulo cuarto, artículo 75, inciso 22, establece que los Tratados de Derechos Humanos tienen jerarquía constitucional. Entre ellos, se encuentra la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que fue ratificada por Ley 23.179 en el año 1985. A partir de ella, el Estado argentino ocupó la obligación de sancionar la discriminación contra la mujer en todas sus formas, como así también, se comprometió a modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra ella.

Vinculado de manera más específica con el presente informe, en su artículo 11, se demanda a los Estados Parte, a que adopten las medidas oportunas para eliminar la discriminación contra la mujer en el ámbito del empleo, a fin de aseverar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos.

Por otro lado, a partir de la Convención de Belém do Pará (1996), aprobada por la República Argentina (Ley N° 24.632) en el año 1996, se estableció que el Estado debe garantizar el acceso igualitario de las mujeres a las funciones públicas, especialmente a aquellas que implican toma de decisiones (artículo 4 inc. J) y a su vez, que las decisiones de quienes ocupen esos cargos, garanticen la protección de los derechos de las mujeres contra toda forma de violencia, de forma integral en todas las esferas de su proyecto de vida.

Transformarlo todo

La revisión de nuestros métodos tradicionales es urgente para que deje de persistir el llamado “techo de cristal” como un conjunto de normas invisibles dentro de las organizaciones en donde se dificulta el acceso a la justicia de forma transversal para las mujeres y colectivos LGTBI+. Una reforma judicial feminista, pondrá, entre otras cosas, en evidencia la necesidad de avanzar en una lucha colectiva y común en donde resuene la igualdad de género y oportunidades para poder crecer en el clima laboral y político de forma equitativa y normativa.

El discurso punitivista y hegemónico perpetua la democratización del saber en los mismos roles estereotipados en donde se ha utilizado como una verdadera herramienta política de la derecha argentina en contra de los intereses populares y particulares, remarcando así la necesidad de la modificación del fuero penal que hoy ocupa un lugar central producto de la suma relevancia que tienen les magistrades de ese fuero en la agenda judicial, política y mediática.

El femicidio de Úrsula convocó nuevamente a organizaciones sociales a exigir Justicia, actuación rápida y eficaz por parte del Poder Judicial y reclamar las medidas necesarias para evitar las demoras dentro del proceso penal para que la protección estatal que debe ser garantizada, llegue a tiempo.

También, poder mitigar la revictimización de la víctima como parte del proceso, pero a su vez, exigir un rol principal en donde pueda formar parte de la solución de sus necesidades ante la violencia ejercida sobre ella.

La omisión no puede ser más la respuesta en tiempos en donde es necesario revertir las lógicas de un poder punitivo hacia la víctima y así, las medidas de protección puedan ser brindadas de forma integral dentro de una reforma judicial contra la violencia machista.

*Integrante del equipo de abogades de Atrapamuros

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