Chubut: el gobierno trata la megaminería en la Legislatura a espaldas del pueblo

Con una maniobra desprolija y apurada, la Legislatura chubutense firmó el dictamen que habilita el tratamiento de la Ley 128/20 con seis votos a favor, dos en contra y un ausente. De esa forma, este jueves podría aprobarse la ley de zonificación que le abre el camino a la explotación minera -prohibida desde el 2003- en los departamentos de Gastre y Telsen. El proyecto cuenta con el visto bueno del Ejecutivo, y fue impulsado por el gobierno chubutense a cargo de Mariano Arcioni. 

La ciudadanía mantuvo firme su oposición desde la presentación del proyecto. A pesar de que se recolectaron 30 mil firmas (7% del padrón) para que se abra una Segunda Iniciativa Popular, y que de esta forma se lo incluya al pueblo en el debate sobre el extractivismo en la provincia, nunca se los consideró. Las organizaciones ambientalistas que sostienen esta lucha aseguran que el gobierno “no tiene licencia social” para aprobar la normativa. Cuando intentaron llevar ese reclamo a las calles luego de enterarse del dictamen firmado en la Legislatura, fueron reprimidos con gases lacrimógenos y balas de goma por parte de Infantería.

“Prohíbese la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut, a partir de la sanción de la presente Ley, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera”, establece la Ley 5.001, aprobada en 2003, en su artículo primero. Sin embargo, la nueva iniciativa propone una reglamentación de la ley ya vigente, que en el segundo y tercer artículo habilita la “zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso”, y así permitir la explotación minera en Gastre y Telsen.

Una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Según Julián Raso, periodista de Esquel dedicado a la megaminería y partícipe de la asamblea “No a la mina”, si esta ley se llegara a aprobar “se viola el derecho a decidir el futuro que quiere vivir la provincia”. “Es un un golpe muy fuerte que va a dar mucho de qué hablar en las comunidades indígenas”, añadió en diálogo con Notas. 

Por otro lado, explicó que con el tratamiento que se le está dando a la normativa “se vulnera el derecho a consulta previa que establece el convenio 169 de la OIT, que indica que cuando se van a tomar medidas que afecten a los derechos de las comunidades, se debe consultar antes de hacerlo”. 

Es por esto que las Comunidades Mapuche Tehuelches Los Pino, Mallin de los Cual, Chacay Oeste y Laguna Fría, presentaron una denuncia contra el Estado chubutense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Solicitamos que se indique al Estado argentino que la consulta previa a los pueblos indígenas no consiste en una mera información o reuniones formales sino en un procedimiento tendiente a la obtención del consentimiento previo, libre e informado”, afirmaron desde la Coordinación Regional Sur del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), quienes informaron sobre la acción judicial.

“Reiteramos que ni siquiera tenemos titularizada la propiedad de nuestros territorios y que jamás en la historia política provincial han existido mecanismos participativos y de consulta a nuestras comunidades”, agrega la presentación. Si la zonificación llegara a aprobarse sin tomar en consideración la denuncia presentada ante la Comisión, “puede significar incluso un juicio millonario contra el Estado de Chubut y el Estado Nacional”, reconoció Raso. 

¿Por qué el apuro para que se apruebe la ley?

Este jueves se llevará a cabo la primera Sesión Ordinaria del año de la Legislatura de Chubut, donde se tratará el dictamen firmado por la Comisión. En un principio, el oficialismo provincial intentó debatir la propuesta de zonificación desde el 5 de febrero, pero ante algunos pedidos de modificación, la iniciativa no prosperó.

El participante de la asamblea antiextractivista aseguró que, en primer lugar, el apuro del Ejecutivo provincial para que se apruebe la ley se debe a que este mismo jueves cambiarán los miembros de la Comisión que firmó el dictamen. Por otro lado, recordó que este año habrá elecciones legislativas, y que este proyecto podría complicar la situación del oficialismo chubutense, que durante la campaña electoral del año 2019 se mostró en contra de la explotación minera. Además, buscan anticiparse al avance de la denuncia ante la CIDH.

“Esto se va a vivir como una verdadera traición, porque incluso el gobernador llegó a donde está con una campaña en contra de la minería. Cuando hay elecciones ningún político habla de estar a favor de la megaminería, sino que una vez que están en el poder empiezan a ver cómo aprobarla, traicionando lo que dicen en la campaña”, sentenció el periodista. 

Y agregó: “Hay gobernantes provinciales que no respetan lo que está pidiendo el pueblo, y un Gobierno Nacional que está buscando imponer un modelo de desarrollo que la provincia no quiere”.

El verdadero informe del Conicet

Luego de que se diera a conocer que el gobernador Mariano Arcioni y Martín Cerdá, ministro de Hidrocarburos, utilizaron información falsa para defender el proyecto de zonificación frente a la Legislatura provincial con un sello trucho del Conicet, el instituto, junto con el Centro Nacional Patagónico (Cenpat), presentó un informe que enumera todos los peligros de la minería a cielo abierto.

“Sumado a las condiciones de escasez de agua de la región, los escenarios de cambio climático por sí mismos generarán situaciones preocupantes de estrés hídrico en el futuro. En las últimas décadas se han registrado cambios en las variables climáticas que regulan la disponibilidad de agua dulce en nuestra región”, reconoce el escrito presentado por les investigadores.

En ese sentido, concluyeron que “la megaminería representa un escenario de amenaza, frente a un sistema ambiental vulnerable que cobra especial relevancia cuando se trata de una provincia donde los recursos hídricos superficiales son escasos”.