El Mundo

3 marzo, 2021

Esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas: comenzó el juicio contra Fujimori

El expresidente peruano es juzgado por el plan de intervenciones quirúrgicas forzadas como método anticonceptivo que alcanzó a más de 2.074 mujeres, de las cuales al menos cinco fueron víctimas mortales.

El último lunes comenzó el juicio que busca dar respuesta a la esterilización forzada de mujeres y hombres indígenas de Perú durante los años de gobierno de Alberto Fujimori, quien está acusado de autoría mediata de delitos que le provocaron la muerte a cinco personas quechua-hablantes, y lesiones graves a al menos 1.301.

El expresidente será juzgado junto a sus ex ministros de Salud Alejandro Aguinaga (actual candidato al Congreso por el partido fujimorista), Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer, entre otros, por ser “autores mediatos de daños contra la vida y la salud, lesiones graves y violaciones graves de los derechos humanos”. Pablo Espinoza, el fiscal a cargo de la causa, reconoció que los imputados “hicieron mucho daño con su política”.

“Todavía escuchamos decir: ‘Pero si fue un cortecito de nada de dos puntos, no sé por qué exageran tanto’, cuando la realidad es que miles de mujeres sufrieron graves infecciones, e incluso muertes, y su salud mental se vio seriamente afectada de por vida. Es increíble la falta de sensibilidad de autoridades, funcionarios y parte de la sociedad civil”, lamentó María Esther Mogollón, coordinadora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas por Esterilizaciones Forzadas (GREF).

La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron más de 200.000 esterilizaciones y 22.000 vasectomías en el marco de un plan de anticoncepción quirúrgica voluntaria para reducir la natalidad en las regiones rurales y en las comunidades indígenas. Sin embargo, se conocieron al menos 2.074 casos de mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento. Desde hace 17 años que esperan que el proceso judicial avance y que se haga justicia.

Alberto Fujimori ya cumple una condena de 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) que cometieron las fuerzas armadas durante su gobierno, donde murieron una veintena de personas. Además, afronta causas por corrupción, y será juzgado próximamente por el asesinato de seis campesinos masacrados por las fuerzas militares bajo su gestión.

En enero, el gobierno peruano promulgó una ley que reconoce como beneficiarias del Plan Integral de Reparaciones (PIR) a las víctimas «de violencia sexual en sus diversas formas». De esta forma, las mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento serán indemnizadas por el Estado de Perú.

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