Deuda macrista: ¿en qué puntos podría basarse la querella del gobierno?

“En 2018 Argentina fue sumergida en una grave crisis de la balanza de pagos, recesión y aumento notorio del desempleo, pobreza e indigencia. El gobierno que me precedió solicitó el préstamo más grande de la historia del FMI y los 44 mil millones de dólares que recibió se esfumaron antes de asumir nuestro gobierno”, dijo durante la mañana del lunes el presidente Alberto Fernández, en la apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación. 

Acto siguiente, el mandatario aseguró que el Estado argentino se presentará como querellante criminal en la investigación sobre la ilegitimidad de la deuda tomada durante la gestión de Mauricio Macri. “Es necesario que endeudarse no sea gratis y que dejen de estar impunes aquellos que generaron esa deuda”, apuntó Fernández.

El préstamo que el FMI le otorgó al gobierno de Cambiemos en mayo del 2018 fue el más grande de la historia: 50 mil millones de dólares. Tres meses más tarde, la deuda aumentó a 57 mil millones de dólares. De esta manera, la Argentina entró en su tercer ciclo de endeudamiento. Para mediados de agosto de 2019, la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó el 100,4%. El dinero, en vez de invertirse en ampliar la capacidad exportadora y productiva del país, se perdió en la fuga de divisas.

En ese sentido, el pedido de querella por parte del Estado argentino para la investigación de la deuda podrá sostenerse en distintos puntos clave:

Irregularidades en el proceso y causas archivadas

La Constitución Nacional establece en el artículo 75 inciso 4 que al Congreso le corresponde “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”. En el inciso 7 del mismo artículo, agrega que el parlamento también debe “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. Sin embargo, esto no significa que los legisladores en grupo deban salir a gestionar los empréstitos sobre el crédito de la Nación, aunque es cuestionable que los procesos de endeudamiento no pasen por las Cámaras del Congreso.

Junto con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y el Centro de Estudios Estratégicos para la Integración Financiera (CINFIN), la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público presentó dos pedidos de nulidad para obtener la declaración de ilegalidad del crédito tomado en el año 2018, a través del Caso “Murúa”, presidente del MNER. De esta forma se reveló que el Banco Central incumplió con su deber de estudiar cómo puede llegar a devolverse el mayor préstamo en la historia de Argentina y también del Fondo.

Por otra parte, el expediente “Codianni” -quien está a cargo del CINFIN- permanece congelado hace un año y medio en los despachos de la Corte Suprema. Allí se demostró la falta de transparencia en el proceso de endeudamiento por parte de la administración macrista, quienes no respetaron la legislación y armaron expedientes y dictámenes previo a solicitar el crédito.

Desde la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público informaron en una nota para Tiempo Argentino que “a través de diferentes actores y en distintos momentos, le reclamamos al Poder Ejecutivo Nacional algo muy básico: que informe documentadamente las condiciones del empréstito y los procedimientos que se siguieron para acordar con el FMI. Es decir, pedimos que nos entregaran copia de los expedientes administrativos, informes técnicos y dictámenes jurídicos y técnicos que debieron producirse con carácter previo a la formalización del crédito”.

Sin embargo, “las respuestas no fueron tan sencillas como los pedidos”, aseguraron. “En respuesta a nuestros pedidos el gobierno macrista respondió que la información que estábamos solicitando estaba publicada en una página web. Pero cuando intentamos acceder a dicho sitio, el enlace ni siquiera funcionaba”, ejemplificaron.

Por otra parte, agregan que de esta investigación “se desprende sin esfuerzo que al contraerse el crédito con el FMI se violaron de forma manifiesta todos los procedimientos legales y de procedimiento establecidos para la toma de decisiones públicas en este campo”.

“La administración de Macri no cumplió y recién tomó medidas de contención de dicha fuga en octubre de 2019, permitiendo una salida de divisas, cuantitativamente muy importante. Con la documentación presentada, la SIGEN y la Oficina Anticorrupción deberán determinar si existieron los incumplimientos, la existencia de perjuicio para el patrimonio público y las responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI durante el año 2018”, agregaron desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en una misiva enviada a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Oficina Anticorrupción (OA) para que se investigue la toma de deuda de la gestión macristra.

Jurisprudencia: el caso Olmos

El 13 de julio del 2000, el juez federal Jorge Ballestero -hoy retirado- dictó un fallo que determinó que gran parte de la deuda contraída durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica era ilegal. Luego de 18 años de investigaciones y pericias, el magistrado firmó la sentencia de la causa “Olmos Alejandro s/ Denuncia”, impulsada por el periodista y político Alejandro Olmos. La decisión se basó en la devaluación progresiva del peso que se desarrolló en aquel entonces; la apertura económica y la desindustrialización; y el desmantelamiento estatal y la represión de la resistencia.

El fallo comprometió a las principales figuras políticas que gobernaron nuestro país en aquel momento. Entre ellos, al ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, a su mano derecha Guillermo Walter Klein hijo, quien tuvo a cargo la Secretaría de Programación y Coordinación Económica, y a los distintos presidentes del Banco Central, incluso Domingo Cavallo.

Los beneficiarios económicos de la contracción de esa deuda fueron algunos grupos económicos, ligados a los centros financieros internacionales, como Macri, Fortabat, Bunge & Born, Bridas, Bulgheroni, Pérez Companc, Techint (Rocca), Soldati, Pescarmona, que contrajeron la deuda privada que más tarde sería estatizada con seguros de cambio. Con este caso jurisprudente, se pueden mantener las expectativas de que la contracción irregular de la deuda externa durante el gobierno de Cambiemos llegue a la justicia. 

Durante el acto llevado a cabo en el Congreso, el presidente Alberto Fernández reconoció: «Nuestro país ya conoce lo que es estar endeudado. Conoce lo que nos costó ‘ser parte del primer mundo’. Conoce también que fue el ‘blindaje’ y que fue el ‘megacanje’. En todos los casos aparecen los mismos actores que se repiten con el correr de los años. En todos los casos, los mismos privilegiados que medran con la crisis. En todos los casos las mismas víctimas, argentinas y argentinos expulsados a la marginalidad de la miseria».

Otros puntos de presión 

De la misma forma que el BCRA, desde el bloque de senadores del Frente de Todes presentaron días atrás un pedido ante el director de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI para que se investigue «concienzudamente» el préstamo que se tomó durante la gestión de Mauricio Macri. Aseguraron que comparten plenamente «la necesidad de realizar una investigación exhaustiva, precisa y detallada sobre los motivos y causas por las cuales el Directorio del Fondo, basado en los informes técnicos preparados por el staff de ese organismo, otorgó a nuestro país un préstamo de magnitud desproporcionada en relación a las reales posibilidades financieras de repago».

«Es importante destacar que, pocos meses después del primer acuerdo, el FMI redoblaba su apuesta y aumentaba el financiamiento a la Argentina y lo continuaba durante 2019, a pesar de la evidencia del fracaso del salvataje otorgado durante el año 2018 al gobierno de Macri, visualizado en la desastrosa evolución de los datos macroeconómicos que el FMI conocía a la perfección», enfatizaron.

Además, consideraron que “la intervención del FMI no sirvió para resolver los problemas de balanza de pagos y agravó todos los demás rubros de la economía argentina. A pesar del fracaso de esa intervención, una muestra más de la larga historia de fracasos del FMI en Argentina, hoy nuestro país es deudor de ese organismo por la suma de 44.500 millones de dólares y, al considerar los vencimientos pautados originalmente, surge claramente la imposibilidad de su pago». Si la misiva es aceptada por la Oficina de Evaluación, podría comenzar la investigación sobre las irregularidades de la deuda tomada.