Nuevos desafíos en el país del aborto legal

Daniela Errecarte

@DanoErrecarte

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El 19 de febrero de 2018 se realizó en la Argentina el primer pañuelazo federal para exigir la legalización del aborto. Miles de personas se reunieron en distintos rincones del país para adornar las calles de color verde y flamear las banderas de aquella lucha que excedía a las diversas expresiones partidarias. Casi tres años más tarde, se consiguió la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), un derecho conquistado a tracción a sangre.

A más de un mes de su promulgación, la IVE ya acumula al menos cuatro pedidos de inconstitucionalidad presentados ante la justicia por militantes anti derechos de Chaco, La Pampa, Salta y Corrientes. Sin embargo, tal como lo explicó la asesora presidencial y socióloga feminista Dora Barrancos a Notas, “la Interrupción Voluntaria del Embarazo es una ley de orden público, por lo tanto su ejercicio, el derecho que implica, tiene que ser acatado en todo el país”.

“En este momento hay solo tres jurisdicciones en donde hay un avance judicial retroactivo con medidas cautelares, pero eso no obsta para asegurar el verdadero cumplimiento del derecho”, agregó Barrancos, quien afirmó que, de todos modos, “en todos los lugares sabemos que en este momento hay una muy buena disposición, sobre todo de los equipos públicos” para la garantización de la IVE. A pesar de las medidas cautelares, “en algunas jurisdicciones se está cumpliendo plenamente y con mucha amabilidad, con mucho confort, acompañando la decisión de las personas gestantes”, dijo la asesora.

No obstante, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito aseguran que el proceso todavía no está cerrado. “Faltan varias cuestiones para el acceso efectivo”, dijo Celeste Mac Dougall, referenta de la Campaña que lleva más de 15 años de hacer historia feminista. 

Sujetes de derecho

Si bien las intervenciones IVE se garantizan en el sector público, Mac Dougall sostuvo que todavía falta la incorporación del aborto en los planes de Educación Sexual Integral “para construir sujetes de derecho”. “Si bien nosotras como Campaña hablamos de una pedagogía feminista en relación al derecho al aborto, y hemos construido sentido social respecto del derecho, es importante que sea incluído por parte del Estado en la ESI como contenido”, subrayó.

En el hospital y en cualquier lugar

Por otra parte, la referenta cuestionó el cumplimiento de la IVE en manos de las obras sociales, que por ley tienen la obligación de incorporar el acceso al aborto en el Plan Médico Obligatorio. “Casi el 60% de las personas se atienden por obras sociales y aproximadamente un 30% por el sistema público de salud”, continuó Mac Dougall. “Por lo tanto tiene que haber una garantía en todas las clínicas y en todo el sistema de obras sociales, que son clave para que las personas puedan acceder a la IVE”. 

La interrupción del embarazo suele ser un tratamiento ambulatorio o domiciliario abastecido por fármacos que, según Barrancos, implica que sea “de relativamente fácil implantación desde el punto de vista técnico”. En la mayoría de los casos, se utiliza el misoprostol y la mifepristona (ambos aprobados por la Organización Mundial de la Salud) para frenar la gestación e inducir el aborto. Cuando se utilizan ambas drogas, la eficacia del tratamiento escala de entre un 75 y 90% al 98%. Sin embargo, la mifepristona todavía no fue reconocida por la Anmat, por lo que no está disponible en nuestro país. Para Mac Dougal, esta deuda es “clave” en relación al acceso efectivo de una práctica segura. 

En lo que a tratamientos refiere, desde la Campaña también exigen que les trabajadores de la salud sean capacitades en el uso de la Aspiración Manual Endouterina (AMEU), otra de las formas con las que se puede interrumpir el embarazo (recomendada cuando se superan las 12 semanas de gestación o cuando el paciente tiene alguna patología particular), y que se les otorguen las cánulas necesarias para realizar el procedimiento. Si bien nuestro país es vanguardia en términos de producción estatal de misoprostol, aún queda por afinar los detalles para que los tratamientos sean lo más efectivos y seguros posible. “Somos activistas y seguiremos activas”, manifestó Celeste, enfatizando que la Campaña estará presente en todos los casos donde el Estado no lo esté.

“Las feministas que estamos en este momento con funciones dentro del Poder Ejecutivo -y también me imagino al Poder Legislativo- evocamos con enorme emoción aquella gran escalada societal que se llevó en la calle, en donde pudimos ver los rostros sobre todo de las más jóvenes. Tenemos un presente extraordinariamente transformador con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, concluyó Barrancos.