15 febrero, 2021
Terremoto en San Juan: las casas se derrumban y la represión continúa
Golpes, balazos y dos menores detenidos fue la respuesta para las familias que perdieron sus casas en el departamento de Pocito y que siguen esperando una solución habitacional.
Paloma García y Leandro Porcel
“Ganan siempre ellos”, fue lo primero que dijo Mónica para expresar su frustración cuando la Policía se llevó detenido arbitrariamente a su hijo menor de edad durante una manifestación.
Frente a un cerro imponente, al lado de una plantación de tomate y en un terreno con bloques de adobe apilados -restos de lo que solía ser su casa antes del terremoto-; ahí viven Mónica y su familia. Esas son las condiciones en las que, hace casi un mes, habitan gran parte de las familias de la Rinconada: casas derrumbadas, entre escombros, pasando días de calor y noches de lluvia bajo un nylon sostenido por cañas.
Medio metro de arena, dos bolsas de cemento y tres palos fueron las únicas soluciones que la Municipalidad de Pocito brindó por el momento para quienes perdieron su hogar por completo.
La noche del 18 de enero, mientras la atención del país estaba puesta en la final de MasterChef, la provincia de San Juan fue sacudida por un terremoto de 6,4 grados sólo comparable con aquellos que, 77 y 44 años antes, la dejaron en ruinas. El epicentro fue en Pocito, municipio ubicado a 40 kilómetros al sur de la capital. El saldo fueron casi 500 casas completamente destruidas y 900 afectadas, solo en ese departamento.
Casi un mes después, durante la madrugada del 9 de febrero y tras esperar sin respuesta los módulos habitacionales prometidos por el municipio, los vecinos y vecinas pasaron la noche esquivando el frío y la lluvia bajo techos permeables. Esa misma mañana, empujados por el hartazgo, decidieron movilizarse a la intersección de Calle 17 y Ruta 40. Con un corte de calle mantuvieron su reclamo durante casi seis horas esperando la presencia del intendente Armando Sanchez. Pasadas las cinco de la tarde, en uniformes azules y con sus armas reglamentarias, llegó la única respuesta que conseguirían del Estado: la represión.
Federico tiene 17 años y un balazo en el cuello. Pasó casi 24 horas en un calabozo de la Subcomisaría Castro sin que nadie le diera ni una explicación ni un vaso de agua. El día de la manifestación, no había participado del reclamo. Esa tarde, tenía que llevar a su sobrina hacia la casa de su hermano a unas cuadras de distancia. Al no poder circular, decidió estacionar su moto en el domicilio de una vecina. En ese momento, un policía intentó confiscar el vehículo y él se resistió. Acto seguido, el oficial lo golpeó y tiró al piso.
“Uno de ellos me agarró del cuello y no me quería soltar, yo empecé a gritar. Después me tiró al piso, me pegó una piña y un rodillazo en las costillas. Yo solo me quedé tirado y les decía que no me peguen, que no había hecho nada”. De esa manera, pese al intento de evitarlo de vecinos y vecinas, se llevaron a Federico ilegalmente detenido.
Esa misma jornada, residentes de la Calle 16 y del Abanico también se manifestaron, pero frente a la municipalidad de Pocito. Solo consiguieron una acartonada y poco esclarecedora reunión con secretarios del departamento. Esas fueron, y continúan siendo, las escasas respuestas por parte del Estado provincial a los problemas inmediatos de los y las afectadas por el terremoto.
Sí, vino el Presidente, montaron carpas y entregaron bolsas de mercadería. El Gobierno de Misiones donó casas prefabricadas -de las cuales se han construido apenas unas pocas que todavía no son habitables-. También se prometió la construcción de 450 viviendas en Pocito en el marco del plan nacional “Casa Propia – Construir Futuro”. Sin embargo, estas medidas parecen muy lejanas cuando las soluciones son urgentes y aún hay familias durmiendo en la intemperie.
Casi 24 horas después de su detención, la policía liberó a Federico y a su compañero de calabozo, también menor de edad. No sin antes hacer un último uso de su prepotencia: los oficiales los obligaron a limpiar la celda con lavandina antes de liberarlos.
Previo al terremoto, los problemas de una zona rural ya marginada tampoco eran escasos, pero sin un techo donde guarecerse y con la represión a la orden del día, lo que parece construirse es un muro entre el Estado y las necesidades de la gente.
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