El femicidio de Úrsula y la necesidad de una reforma judicial feminista

Guadalupe Santana*

@puede_fallar

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El día de ayer, nos enteramos de un nuevo femicidio. Úrsula Bahillo fue asesinada por su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, un policía de la Provincia de Buenos Aires, en la localidad de Rojas. Quizás hayan sido las circunstancias que rodearon al femicidio las que generaron que cobrara mayor relevancia mediática y social porque lo cierto es que, lamentablemente, siguen muriendo todos los días mujeres a manos de sus parejas o ex parejas.

La joven de tan sólo dieciocho años había realizado varias denuncias contra Martínez, sin embargo, éstas no alcanzaron para evitar que la matara. Asimismo, pese a contar con estos antecedentes, Martínez seguía siendo miembro de la fuerza -ahora se encuentra con licencia psiquiátrica-. El corolario que terminó de pintar el cuadro de la indignación fue que cuando el pueblo de Rojas se manifestó frente a la comisaría para exigir justicia, la policía respondió con balas de gomas y le disparó en la cara a una de las amigas de Úrsula que casi pierde un ojo. El momento quedó registrado en un video casero y se viralizó.  

De este modo, en un mismo hecho se condensa una cadena de injusticias y problemas que ponen de manifiesto la impotencia estatal para abordar la violencia machista y prevenir los femicidios que son crímenes evitables. 

Una de las instituciones que vuelve a ponerse en el ojo de la tormenta es la policía: porque tenía en ejercicio a una persona con varias denuncias de violencia en su haber y por la represión posterior que tenía más tufillo a complicidad machista y de camaradería que a evitar pintadas en las paredes. 

Según el CELS, “Entre 2010 y 2020 al menos 48 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o ex parejas policías (…) La portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el ‘estado policial’, pone en riesgo a las mujeres que conviven con funcionarios de seguridad: en los casos en los que existe violencia machista él puede utilizar el arma para hostigar, amenazar, herir o matar.”

Al mismo tiempo, así como ocurre en los casos de uso ilegal de la fuerza policial, hay prácticas de encubrimiento de las muertes cuyos responsables integran las fuerzas de seguridad. En muchos casos, y más aún en ciudades o pueblos pequeños, estas tramas de complicidad involucran también a funcionarios del Poder Judicial local. El Poder Judicial es otra de esas instituciones responsables y señaladas recurrentemente en este sentido. 

Según el Informe 2019 del Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante ese año se produjeron 268 femicidios (entre directos y vinculados). De este total, tan sólo 42 casos contaban con denuncias por hechos de violencia previos. Asimismo, al menos 17 víctimas directas de femicidio tuvieron medidas judiciales de protección, 13 se encontraban vigentes y 4 vencidas al momento del femicidio. Estos números expresan, por un lado, que las personas en situación de violencia no denuncian porque no confían que el Poder Judicial pueda ofrecerles una respuesta y por otro lado, aquellas 42 que sí creyeron en la posibilidad de una respuesta institucional, no la obtuvieron.

En este caso, Úrsula confió en que la institución judicial podría protegerla y ésta fue completamente incompetente. El riesgo no fue correctamente merituado, pasaron varios días hasta que se le puso una consigna policial que consistía en una ronda en patrullero cada cierta cantidad de minutos (con lo contradictorio que eso suena sabiendo que el violento es también miembro de esa fuerza), porque en la ciudad hay menos botones de pánico de los necesarios y no lograban conseguirle uno. En el medio, Martínez volvió a contactarla y ella, cansada de vivir con miedo y esperando poder resolver lo que el Estado no lograba, accedió a verlo. 

Una reforma judicial feminista

El femicidio de Úrsula vuelve a poner en agenda la cuestión del Poder Judicial y su carácter patriarcal estructural: cuando las mujeres asistimos como denunciantes al Poder Judicial, nuestro testimonio no es tomado con la urgencia que amerita, debemos performar el rol de “buenas víctimas” para que nos crean. De lo contrario, pasamos a ser sospechadas o directamente criminalizadas. 

Desde hace tiempo, y con mayor vehemencia desde el primer Ni una Menos, organizaciones feministas, colectivas de abogadas y particularmente, el propio conjunto de trabajadoras judiciales, venimos señalando la necesidad urgente de una verdadera reforma judicial feminista que, para empezar, recupere la voz de las denunciantes en cada caso particular. Queremos que el poder judicial llegue a tiempo, con capacidad para prevenir los delitos que tantas veces son denunciados y desoídos. Queremos que las voces de las personas que denuncian sean escuchadas y no revictimizadas. 

La sanción e implementación de las capacitaciones de la Ley Micaela en los tres poderes del Estado, especialmente en el judicial, es un paso enorme en este sentido. Esta ley, denominada así por otra mujer asesinada y por otro fallido accionar judicial, fue una conquista del movimiento de mujeres y disidencias, de la alianza de feministas dentro del poder judicial junto con el movimiento feminista en las calles. Hasta la ley, promulgada en diciembre 2018, no teníamos formación en la temática (en algunos poderes judiciales quedaba librado a su voluntad). 

Sin embargo, a un par de años de su sanción ya tenemos elementos para realizar balances. No se implementa en todas las provincias de igual modo y en muchos casos sólo se busca cumplir con un curso enlatado que poco tiene que ver con la práctica cotidiana y específica de la función de cada trabajadore, funcionarie y magistrade. 

Sin ir más lejos, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación hace oídos sordos al llamamiento del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad para llevar a cabo la capacitación, con el pretexto de que ya se vienen realizando. Quienes nos desenvolvemos en el Poder Judicial y hemos tenido acceso a dichas capacitaciones sabemos que se encuentran completamente desactualizadas. 

Además, que la principal instancia judicial de nuestro país incumpla con la ley representa un gesto político preocupante hacia el resto de las jurisdicciones, de por sí refractarias a incorporar la perspectiva de género, que va en detrimento del compromiso que como cabeza del Poder Judicial debería asumir para con este tema tan sensible. Es hora de que la Corte envíe una señal política contundente contra la violencia machista. 

*Referente de Vamos-CABA y Secretaria de Juventudes de AEJBA