El asesinato del malabarista: ¿Qué hacer con la policía chilena?

Jose Robredo Hormazábal

@joserobredo

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Panguipulli, una pequeña ciudad del sur de Chile ubicada a unos 825 kilómetros de la capital, se vio estremecida el pasado viernes tras el asesinato del joven malabarista Francisco Martínez, de 27 años, por parte de un funcionario policial le realizaba un control de identidad en la vía pública.

El hecho desató la inmediata protesta de los habitantes de la ciudad, cacerolazos a lo largo del territorio y repudio en redes sociales. En Panguipulli los manifestantes las emprendieron contra la policía y edificios públicos e incendiaron 10 oficinas del gobierno local.

Las protestas se centran en una acción policial desproporcionada, que se suma a otra serie de hechos de violencia policial y represión que se vienen repitiendo en Chile en el contexto del estallido social del 18 de octubre de 2019 y que han sido cuestionados por organismos nacionales e internacionales. La institución respondió a través de un comunicado que el funcionario actuó en defensa propia al verse “claramente un peligro inminente para la vida del funcionario», cuando la evidencia audiovisual muestra lo contrario. Una reacción que avivó aún más la rabia de la ciudadanía contra la cuestionada institución.

Desde el gobierno, las respuestas no fueron las mejores: respaldaron a Carabineros y condenaron los incendios provocados en los edificios públicos. Tras lamentar la muerte del joven malabarista, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, expresó que “nada tiene que ver la situación que ocurre en el centro de Panguipulli, este operativo policial que tiene que ser investigado, con el ensañamiento contra infraestructura que del punto de vista social es tremendamente importante”.

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, expresó que tras recoger los antecedentes del caso queda en evidencia que “hay un procedimiento muy mal ejecutado de control de identidad, donde se da el uso del arma sin respetar los principios de proporcionalidad”. Y agregó: “Se extremarán todas las medidas para que toda la información disponible sea puesta a disposición de la justicia”.

En paralelo, desde diferentes sectores se pidió la derogación del control preventivo de identidad, una cuestionada ley que fue impulsada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. La experta en seguridad ciudadana Lucía Dammert, en declaraciones a radio Universidad de Chile, sostuvo que «deberíamos tratar de retrotraer la ley. Creo que ha sido muy mal utilizada y ha generado todo tipo de abusos».

Junto con eso, la experta apunta a la clase política chilena señalando que “no tiene control sobre las policías” y que “cree fielmente en las declaraciones institucionales”. Según ella, “lo que se ha instalado hace muchos años es que la policía no puede ejercer su labor por la falta de facultades y eso fue lo que creyó y sustentó el gobierno anterior en materia del control preventivo de identidad”.

¿Refundación o reforma?

En los últimos 15 meses, Carabineros de Chile –policía militarizada de Chile que está a cargo del orden y la seguridad a nivel nacional– ha sido duramente cuestionada por su actuación en la represión durante las movilizaciones sociales, marcadas por una serie de abusos y hechos de violencia policial. Esto se suma a su deslegitimación por una serie de hechos de corrupción, siendo el más conocido el llamado PacoGate que involucra el desfalco de unos US$ 40 millones.

Desde el gobierno de Sebastián Piñera han habido tibios pronunciamientos respecto de posibles reformas a la desprestigiada institución. La última referencia a este tema fue en octubre del año pasado cuando el presidente sostuvo: “Quiero pedirle al Congreso que es absolutamente necesario y urgente sacar adelante leyes que sean necesarias para poder cumplir con este objetivo de proteger el orden público y resguardar la seguridad ciudadana”. Tras los hechos del viernes pasado, el gobierno chileno no hizo referencia a este tema. Por esto, desde diferentes sectores se ha impulsado la propuesta de intervención civil de Carabineros que dé paso a un proceso de refundación de la institución.

A través de Twitter la diputada comunista Camila Vallejo expresó que “no fue un incidente, fue un asesinato. No es un hecho aislado la brutalidad es reiterada (hace pocos meses Carabineros disparó a dos menores del Servicio Nacional de Menores). No es aleatorio, es contra el pueblo, es clasista. Se requiere refundar Carabineros y aprobar la derogación al control preventivo”.

La diputada del Frente Amplio, Claudia Mix, expresó en esta misma línea que “estamos en una situación crítica donde el gobierno le da manga ancha a una institución que se encuentra en descontrol, que no responde a nadie y pareciera que actuara como si estuviéramos en el viejo oeste. Ya no quedan excusas para que Carabineros no sea intervenido por autoridades civiles y se inicie su proceso de refundación”.

Este lunes se formalizará en el Tribunal de Valdivia al policía que dio muerte al joven malabarista y se espera que se intensifique el debate respecto de la situación de Carabineros, que se ha convertido en una institución que ya no resiste más.