Costa Salguero: el negocio inmobiliario de Larreta vs. el derecho de todes a la Ciudad

Guadalupe Santana*

@puede_fallar

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Las audiencias públicas sobre la rezonificación de Costa Salguero, que se desarrollan de manera virtual debido a la pandemia, cuentan con más de siete mil personas inscriptas para intervenir y configuran un hito histórico de la vida democrática de la Ciudad dada su magnitud, y por complementarse con una serie de manifestaciones populares callejeras bajo la consigna de “no vendan el río y la costanera”. 

Tal como fue informado por este portal, la iniciativa del Gobierno de la Ciudad busca rezonificar los terrenos de dominio público ubicados en el predio donde funcionó el complejo Costa Salguero -ya vencida la concesión- y construir un barrio náutico sobre el margen del Río de la Plata. Para ello, cuenta con la aprobación de la Legislatura del 8 de octubre pasado, que modifica la normativa urbanística y autoriza al Ejecutivo a disponer del inmueble. Sin embargo, el Poder Judicial porteño hizo lugar a una medida cautelar que le prohibió al Gobierno efectuar la venta hasta terminar el procedimiento en la Legislatura. 

El intento de tomar decisiones trascendentales para la calidad de vida de la ciudadanía porteña a espaldas de la voluntad popular es una marca registrada del oficialismo, que quedó de manifiesto a través de sus diferentes gestiones. Quizás por la gravedad de las consecuencias de este proyecto, o también porque la ciudadanía ha comenzado a tomar dimensión de la voracidad privatizadora de Cambiemos, esta vez el gobierno se encuentra con una potente oposición que viene reclamando la necesidad de más y mejor democracia participativa, a tono con el espíritu constituyente de la declaración de autonomía de la Ciudad. 

Los argumentos del rechazo son variados y van desde el impacto ambiental y paisajístico, de seguridad aérea por la cercanía con Aeroparque y la altura de las torres proyectadas, la necesidad de disponer de esos terrenos públicos con una finalidad también pública -y no privada- mediante espacios recreativos y verdes, las consecuencias de seguir abonando a la construcción de inmuebles de lujo que provocan un aumento general de las propiedades y profundizan el problema acuciante de la vivienda en la ciudad, entre otros. 

En definitiva, lo que la ciudadanía de CABA expresa es el rechazo a la premisa del GCBA (y de la Legislatura que actúa en connivencia) de priorizar el negocio inmobiliario de unos pocos por sobre el derecho a la ciudad de las mayorías, configurando de este modo, un modelo excluyente. “La Ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico del país y al mismo tiempo, el más desigual”, es una de las frases más repetidas durante la audiencia que ilustran ese sentimiento compartido. 

El negocio inmobiliario de Larreta y el déficit habitacional en la ciudad

Las consecuencias están a la vista: construcción sin control de inmuebles de lujo con finalidad especulativa, alquileres y viviendas cada vez más inaccesibles, familias sin casas y casas deshabitadas, cada vez menos espacios verdes y recreativos. Existen muchos datos que materializan este principio rector del oficialismo y muestran, como contracara, el déficit habitacional:

1. En los últimos 15 años se construyeron casi 28 millones de metros cuadrados. De ellos, un 75% se concentra en las comunas del norte de la Ciudad: las más caras y menos densamente pobladas. Pero, paradójicamente, este “boom inmobiliario” no sólo no ha constituido una solución para el problema habitacional sino que lo agravó, produciendo un aumento general del costo de la propiedad. 
   
2. Dos de las comunas que mayores permisos de construcción han obtenido -la 1 (que incluye Puerto Madero) y la 2 (Recoleta)- poseen también la mayor cantidad de viviendas ociosas.
   
3. Mientras la población de la ciudad se mantiene estable, la que vive en villas ha aumentado en un 50%: cada vez más gente es excluida del mercado formal de vivienda y desplazada hacia las formas informales de acceso al techo.

Estos son tan sólo algunos indicadores de que la construcción de inmuebles en la ciudad no está orientada a la satisfacción de una necesidad y el derecho a la vivienda, sino a la lógica de la especulación inmobiliaria en manos de unos pocos grupos empresarios. 

El proyecto del oficialismo en Costa Salguero no escapa a esta lógica. El valor del metro cuadrado en las torres de lujo que se pretende construir se calcula en 10 mil dólares (por encima de los ya inaccesibles valores de Puerto Madero). Es más que evidente que la construcción de estas torres no buscan responder a una de las más acuciantes demandas de la ciudadanía porteña, como la vivienda, que afecta especialmente a muches jóvenes trabajadores. 

Según un informe del IVC de 2019, casi el 26% de quienes viven en CABA son jóvenes, y más de la mitad de les que tienen entre 30 a 35 años son jefes o jefas de hogar. Los hogares con jefaturas jóvenes viven en condiciones más precarias.

Comprar una vivienda en la Ciudad es un imposible para les jóvenes: se tarda aproximadamente 30 años considerando un ahorro del 25% del ingreso total individual. Vale preguntarse quién está en condiciones de tener ese ahorro cuando el principal problema entre las juventudes es conseguir un empleo registrado y con un ingreso por encima de la línea de pobreza.

Estas restricciones explican que el 35% de les habitantes sean inquilines y tengan que destinar entre el 30% y el 50% del salario al pago del alquiler, cuyo valor viene aumentando de manera sostenida debido al encarecimiento del metro cuadrado y a la nula regulación estatal en la materia (sin ir más lejos, se calcula que en el año 2020 hubo un aumento del 46%). 

Pero para alquilar no sólo se necesita dinero, sino una serie de condiciones que vuelven más excluyente el sistema y una parte importante de la población debe alquilar de modo informal, con precios similares al mercado formal pero en peores condiciones de habitabilidad. 

El derecho a la ciudad: ¿una ciudad para quiénes?

En contraposición a esta tendencia que gira en torno al negocio para unos pocos es posible pensar una intervención estatal que garantice el derecho de todes a la ciudad. Los terrenos de Costa Salguero son una excelente oportunidad para avanzar en ese sentido.

Esta idea, sostenida teórica y políticamente por el urbanismo feminista, que es cada vez más extendida en ciudades del mundo y también de nuestro país, promueve nuevos modelos de gestión orientados por las necesidades reales y ya no por el negocio, caracterizado como capitalista y patriarcal.

La vivienda no es pensada como mercancía, sino como un derecho, y la intervención estatal no se concentra solamente en la construcción material de viviendas, sino que también tiene en cuenta externalidades ligadas a la localización, el hábitat, el ambiente, la infraestructura económica y los servicios urbanos (educación, el trabajo, la recreación, etcétera) o los servicios públicos (transporte, agua, cloacas), entre otros. 

Es decir que se pone en el centro la vivienda, pero no solamente: también el espacio público, los usos sociales, la vida cotidiana, las tareas de cuidado y el trabajo reproductivo. Se tiene en cuenta la dimensión de la recreación y la diversidad social, identitaria, de recursos y capacidades de quienes habitan la ciudad. 

Es desde esta noción de derecho en sentido amplio que plantea que toda la población en su heterogeneidad pueda acceder y disfrutar la ciudad, que se puede pensar qué hacer con los terrenos de Costa Salguero: ¿para quiénes y con qué fines se plantea desde el gobierno este proyecto? ¿Hacia quiénes debería estar orientado, desde esta perspectiva feminista y popular?

Desde la ciudadanía porteña, el movimiento feminista, el ambientalismo y las juventudes, se viene advirtiendo acerca de la necesidad de un buen vivir urbano y por ello, se exigen y proponen ciudades verdaderamente democráticas: que prioricen el derecho de todes y no los negocios inmobiliarios, como el de Costa Salguero, que excluyen a las mayorías populares de esta ciudad hermosa y dañada por el lucro sin fin. 

*Sec. de Juventudes de la Asociación de Empleades Judiciales de la CABA (AEJBA). Integrante de la Organización VAMOS – Izquierda Popular en el Frente de Todes.