“Es central que podamos trabajar sobre las estructuras de desigualdad en cada uno de nuestros ámbitos”

Daniela Errecarte

@DanoErrecarte

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La ola verde trajo consigo la responsabilidad de empezar a habitar espacios en las instituciones para reconvertir los métodos de política tradicional, y proponer un cambio estructural para terminar -de una vez y para siempre- con las violencias que se desprenden de las desigualdades. Ahí es donde entra Pilar Escalante, «Pichu», quien asumió su cargo como subsecretaria nacional de Políticas de Igualdad con la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el 10 de diciembre del 2019. Es una politóloga recibida de la Universidad Nacional de Rosario, y una histórica militante feminista. 

Con menos de trece meses de gestión, el Ministerio logró conquistas históricas tales como la presentación -y posterior aprobación- del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo elaborado por el Ejecutivo, el decreto del cupo laboral travesti trans en toda la administración pública, la creación del Plan Nacional de Acción Contra las Violencias, y una serie de programas para trabajar la prevención y erradicación de la violencia de género, además de la contención a personas que estén inmersas en esa situación. En ese marco, Notas dialogó con la titular de la Subsecretaría, quien reflexionó sobre las batallas ganadas hasta ahora, y las que vendrán.

-El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad cumplió un año de gestión hace menos de un mes. ¿Cuáles fueron los desafíos en la construcción desde los cimientos de este espacio?

-Nosotras nacimos con los desafíos y demandas de la historia propia de la militancia, con la búsqueda de darle forma y ser parte de una dinámica institucional que responda a otros modos de hacer política, desde los aprendizajes que nos dejan los feminismos populares. Hoy por hoy, creo que los feminismos son los movimientos sociales más dinámicos de la coyuntura. Por eso los tomamos como baluarte, como aprendizaje y fortaleza de una forma de hacer política desde los encuentros, desde la pluralidad de voces, desde la acción concreta y la apuesta del cuerpo para poder cambiar la realidad desigual que vivimos cotidianamente. Esos han sido los desafíos para pensar una nueva institucionalidad junto con la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Por eso también en el mismo diseño institucional del Ministerio hay una búsqueda no sólo de dar respuesta y poder accionar sobre algunas de las cuestiones más visibles de los problemas que existen ante la desigualdad de género, sino también de buscar construir políticas de igualdad y diversidad que respondan a mediano y largo plazo al problema fundante de esa violencia, que es, justamente, la desigualdad. Ahí hay una búsqueda de respuesta ante la problemática emergente, pero también de nuevas construcciones que nos permitan pensar y diagramar vidas autónomas y soberanas. 

-¿Cumplieron objetivos durante este primer año de gestión?

-Claramente. En un año dificilísimo, con una pandemia y las dificultades económicas, sociales, y de dinámicas que esto ha traído, de por sí la creación y la existencia institucional del Ministerio en tanto a estructura de gestión ya es un objetivo cumplido. Creamos de cero todos los procedimientos administrativos, por ejemplo, que es un trabajo enorme y muy invisible de la gestión, y que garantiza que se puedan tomar acciones. Es un objetivo que nos sobrepasa a quienes hoy estamos ocupando lugares momentáneamente. La creación y fortalecimiento institucional de un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en nuestro país es algo que le queda a toda la ciudadanía argentina. 

Además de eso -que ya es muchísimo trabajo- cuando empezamos el año, en materia legislativa, Elizabeth Gómez Alcorta marcó tres objetivos: la presentación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por parte del Ejecutivo, la ratificación en Argentina del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el cupo laboral travesti trans. Se presentó y aprobó la ley IVE, se ratificó el Convenio (somos el tercer país del mundo en hacerlo), y salió el decreto de cupo laboral trans para toda la administración pública nacional. Ya ahí tenemos tres objetivos enormes. Después, la creación del Plan Nacional de Acción Contra las Violencias de Género es un objetivo que nosotras asumimos con el plan anterior vencido. La creación y construcción de este plan es un punto central. 

Especialmente desde la Subsecretaría de Igualdad arrancamos el año con una de nuestras metas centrales, que era poner en discusión y abrir el debate sobre las tareas de cuidados. En ese sentido, hay que decir que la profundización de la crisis de los cuidados y sus desigualdades a partir de la pandemia, ayudó a que el tema esté puesto en una agenda pública, que sea un tema visible. A partir de eso llevamos adelante la Mesa Interministerial de Cuidados, la Campaña «Cuidar en igualdad», y la creación de una comisión redactora para una ley de creación de un sistema integral y federal de cuidados con perspectiva de género. Son todos objetivos que pensábamos a principio del 2020 y que hemos podido cumplir aún en las condiciones de pandemia. Para nosotras, el haber trabajado y gestionado fuertemente y de manera constante es una muestra de la voluntad y la fuerza con la que queremos trabajar.

-¿Por qué es necesario que se apliquen políticas públicas en relación a las tareas de cuidados?

-En primer lugar necesitamos pensar qué son los cuidados. Son todas aquellas tareas que garantizan la vida, y que muchas veces están invisibilizadas y las damos por sentadas, como el abrigo, la comida, el cuidado de personas que estén enfermas y lo necesiten, o de personas con discapacidad que necesiten asistencia. Todas estas tareas, que son esenciales para que pueda suceder la vida, recaen en su enorme mayoría en mujeres. Las tareas de cuidados no sólo están invisibilizadas, sino que además no son reconocidas ni remuneradas. Pensar una ley integral de cuidados significa que el Estado reconozca todas estas tareas y trabajos como algo valioso y necesario para nuestra sociedad. Se trata de identificar a los cuidados como una necesidad básica para que la sociedad funcione, como un derecho que tenemos todes -tanto a cuidar como a ser cuidades-, y como un trabajo.

En ese sentido, una ley nacional nos permitiría pensar y ampliar los sistemas de cuidados, igualar situaciones como, por ejemplo, las licencias. No sólo las de madres y padres, sino también pensar las licencias familiares para cuidar a parientes que así lo necesiten. Otro punto es la valoración de las trabajadoras de casas particulares o de las cuidadoras comunitarias, quienes sostienen muchas veces el tejido social cotidiano. Esto también implica pensar en la infraestructura necesaria para que esos derechos puedan ejercerse. Todo eso puede entrar dentro de una ley de cuidados. 

-¿Cómo se movieron los ejes de trabajo que se habían propuesto a principio de año con la pandemia?

-Yo creo que la pandemia, el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), y todas las dinámicas que se han dado, lo que vinieron a hacer fue visibilizar y profundizar situaciones de desigualdad muchas veces estructurales, preexistentes. No fue una novedad que uno de los lugares más inseguros y violentos para las mujeres, lesbianas, travestis y trans son nuestras propias casas. Nosotras ya sabíamos que la mayoría de los femicidios están perpetrados por personas de los círculos más cercanos de estas mujeres, que la «violencia doméstica» se da de manera muy fuerte y constante y que, claramente, ante una situación en la cual necesitamos refugiarnos por una cuestión sanitaria, muchas veces esas casas no son el lugar más seguro. 

Por eso, las primeras medidas que se tomaron durante la pandemia desde el Ministerio tuvieron que ver con reforzar toda la atención de la línea 144 -mayor personal, mejoras técnicas, entre otras cosas-, y generar programas para acompañar y mejorar todas las redes sociales y comunitarias, que muchas veces son la primera línea de contención ante situaciones de violencia. Todo eso ya lo conocíamos porque son cuestiones estructurales, pero se fue profundizando y apuntalando a partir de la pandemia. 

Con respecto a las cuestiones de cuidado, como decía antes, la pandemia profundizó la «crisis de los cuidados», el que se necesiten muchísimas horas, tiempo y esfuerzo para garantizar todas estas tareas. Muchas veces estas tareas están tercerizadas -en el caso de las familias que lo pueden pagar- o ayudadas por otros miembros familiares o espacios comunitarios, aunque con la pandemia todo eso no se pudo hacer. Entonces les niñes, adultes mayores y personas con discapacidad quedaron en los hogares, muchas veces a cargo de las mujeres, profundizando la carga física, temporal y mental. 

Si bien nosotras ya teníamos el objetivo de tratar el tema, la pandemia nos obligó a ponerle un nuevo lente. Esto tiene que ver, por ejemplo, con algunas de las cuestiones que trabajamos desde la Mesa Interministerial de Cuidados al principio del aislamiento sobre la posibilidad de salir a hacer las compras esenciales para las familias monomarentales, el traslado de niñes cuyos cuidadores viven en distintas casas. Otro ejemplo es el de la campaña «cuarentena con derechos», que tenía que ver con el derecho de las trabajadoras particulares de poder realizar su aislamiento en sus hogares percibiendo sus salarios como correspondía, entre otras medidas. 

-¿Cuáles son las puntas a trabajar desde el Ministerio próximamente?

-Es central que podamos trabajar no sólo sobre las violencias como emergentes, sino sobre las estructuras de desigualdad que atraviesan cada uno de los ámbitos de nuestras vidas. Para nosotras es central tratar las políticas de igualdad en absolutamente todos los círculos y campos en los que vivimos. Estamos trabajando con el Programa Igualar, que busca la igualdad en el mundo del trabajo, el empleo y la producción, también sabiendo y reconociendo que el mundo laboral es un espacio estructurador de las vidas cotidianas, y que las desigualdades e injusticias que allí se cometen por motivos de género -ahí entra la brecha salarial, la segmentación horizontal y vertical, que haya trabajos feminizados que siempre son los más precarizados y peores pagos- hay que erradicarlas.

Hay que poder dimensionar social, política y culturalmente que estamos hablando de dinámicas y estructuras de poder y desigualdad que atraviesan todos y cada uno de nuestros ámbitos. Esto es central, todo lo que se nos ocurra está estructurado por patrones injustos y desiguales hacia las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Por eso desde el Ministerio, y más específicamente desde la Secretaría, estamos trabajando en un Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad en donde podamos trabajar esto con todo el Ejecutivo. Ya hicimos foros con la participación de organizaciones sociales, políticas, sindicales, empresariales de todo tipo para poder justamente pensar y construir políticas integrales que traten esta temática, para poder pensar desde una perspectiva de construcción de la igualdad, respetando toda la riquísima diversidad que somos, y que ésta pueda ser andamiaje estructurante de las políticas públicas que respondan a las realidades de nuestros territorios, construyendo un mundo mucho más igualitario y justo.

Hay que dimensionar la vitalidad de los feminismos en cada ámbito que disputamos y construimos. Hemos demostrado la fuerza que tiene un movimiento social vivo, con demandas revolucionarias, y con la voluntad y capacidad de construir los acuerdos y consensos para que esas demandas se conviertan en derechos. Lo mismo sucede desde cada lugar institucional que nos toca ocupar a las feministas. La capacidad de gestión que hemos tenido durante la pandemia muestran esa voluntad de trabajo y transformación, y eso para nosotras es una guía, un desafío, y una constante marca de formas de trabajo para todos los años y desafíos que se vengan.