Nacionales

5 enero, 2021

Inquilinos buscan una prórroga del congelamiento de los alquileres

El decreto 320/2020, que vence el 31 de enero, establece la extensión de los contratos de alquiler y la prohibición de los desalojos.

El 29 de marzo del 2020, el gobierno nacional publicó en el boletín oficial el decreto 320/2020, que establecía la suspensión de los desalojos de inmuebles y la extensión de los contratos de alquiler que vencían antes del 30 de septiembre de ese año. Sin embargo, gracias a la presentación de distintas prórrogas, el tiempo límite se extendió hasta el 31 de enero del 2021. De esta forma, los precios de los alquileres quedaron congelados en los valores del último mes de marzo.

Acercándose la fecha de caducidad del decreto, las asociaciones de inquilinos lanzaron un comunicado pidiendo su extensión. “El panorama actual señala que existen 1,5 millones de hogares con deudas, de las cuales el promedio de deuda es de 150 mil pesos, llegando a sectores que adeudaron más de 250 mil. A esto, se suma que un 70% (datos que coinciden con los entes reguladores) posee deudas en materia de servicios”, dice el escrito.

En ese sentido, celebraron el decreto presentado por el gobierno nacional, ya que “estableció un piso para defender los derechos de los inquilinos e inquilinas”. Sin embargo, agregaron que existe una necesidad urgente “de avanzar en la elaboración y ejecución de políticas públicas que comiencen a dar respuesta a los problemas de fondo de los inquilinos, producto de años de indefensión frente a la lógica especulativa del mercado, y agravados por esta pandemia”.

Además, señalaron que “la experiencia de estos meses, que ha demostrado que el decreto es beneficioso para millones de familias, también demostró que su plena y estricta implementación requiere de un órgano de aplicación, ya que nos consta que el acatamiento de esta norma ha sido parcial”.

Es por esto que pidieron por la extensión de la medida, además de definiciones políticas en torno a distintos puntos, tales como la situación de los y las inquilinas en el conjunto del país, la creación de un organismo que controle la aplicación del decreto, la incorporación del valor de los alquileres en la canasta básica del INDEC, la intervención del Estado en viviendas ociosas, y la aplicación de protocolos por violencia de género, entre otros.

“Desde un conjunto de organizaciones de inquilinos e inquilinas venimos solicitando sin éxito audiencia con el Ministro de Hábitat y Vivienda para poder compartir estas preocupaciones y propuestas de trabajo. Esperamos tener una pronta respuesta ya que la situación de millones de personas se agrava día a día y exige urgentes respuestas”, concluye el comunicado firmado por más de 20 asociaciones de todo el país.

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