29 diciembre, 2020
Con la firma de 20 legisladores presentaron el juicio político para el TSJ porteño
Son los 4 magistrados que fallaron a favor de que sólo podrán reclamar vacantes en la escuela pública las familias que demuestren que no pueden pagar una privada.
Con las firmas de 20 legisladores del Frente de Todos y del Frente de Izquierda este lunes se presentó un proyecto de pedido de juicio político para los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires que resolvieron que sólo estarán habilitados para reclamar vacantes aquellas familias que no puedan abonar la matrícula en la educación privada.
Además, la sentencia determinó que no existe una obligación del Estado de ofrecer vacantes escolares a las niñas y niños de entre 45 días y 3 años de edad.
El pedido de juicio político recae sobre las y los magistrados Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano.
«Solicitamos que se activen los mecanismos que ayudarán a dilucidar el correcto proceder de los jueces que fundamentaron el desentendimiento del Gobierno de la Ciudad del deber de garantizar un derecho fundamental, como es el derecho a la educación», indica la resolución de los legisladores opositores.
«Los cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia expresaron en su voto que en las edades en que la educación no está establecida como obligatoria, tal como lo establece la legislación de la Ciudad y la nacional, no existe una obligación y responsabilidad del Gobierno porteño de ofrecer y garantizar vacantes», afirma el texto.
«Ello pone en tensión el derecho universal a la educación con la obligatoriedad», agregaron, y señalaron que «con este fallo, se avalan criterios de priorización basados en la capacidad económica de las familias, limitando el ejercicio pleno del derecho».
Para que avance el pedido deberá tener 40 votos afirmativos de los 60 que componen la cámara. Y además habrá que esperara a que retome la actividad parlamentaria en marzo del 2021.
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