Más de 1.500 mujeres permanecen judicializadas por realizarse abortos clandestinos

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó este lunes el resultado de una investigación llevada a cabo en conjunto con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito, donde evalúan la criminalización de las personas gestantes que se realizan abortos de manera clandestina en nuestro país. Según los datos relevados de diecisiete jurisdicciones, existen 1532 causas por abortos y 37 por eventos obstétricos. Utilizaron como fuentes un corpus de notas de prensa de diversos medios e información de los Ministerios Públicos Fiscales y Cortes provinciales de todo el país.

El informe se presentó ante el Senado un día antes de que se discuta el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que presentó el Poder Ejecutivo. El proyecto -que fue rechazado por la misma Cámara en 2018, con una diferencia de siete votos en contra- ya cuenta con media sanción de Diputados. Allí se contempla el derecho al acceso a un aborto seguro hasta la semana 14 de gestación.

Si bien en nuestro país existe un protocolo nacional para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el mismo sólo contempla las causales de embarazos productos de violaciones sexuales, o gestaciones de riesgo. Aún así, todavía existen cinco provincias que no crearon protocolos propios que se adecúen al nacional: Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan y Corrientes, aunque el fallo FAL., emitido por la Corte Suprema de Justicia en 2012, lo ordene. 

“El relevamiento abarca dos tipos de situaciones muy distintas: en primer lugar, se relevaron los procesos penales iniciados por abortos propios, es decir, interrupciones voluntarias de sus embarazos. En segundo lugar, se relevaron procesos penales en los cuales la muerte de “un/a recién nacido/a” en los momentos inmediatamente posteriores al parto -prematuro, espontáneo, a término- es atribuida a la conducta de la gestante”, explica el CELS en la presentación del informe. Según la ONG, la correlación entre estas dos situaciones se debe a que “su criminalización aparece determinada por la ilegalidad del aborto en la Argentina (por fuera de las causales establecidas en la ley), el estigma y el alcance de su extensa sombra punitiva”.

Los datos fueron recopilados de Santa Fe, Río Negro, Chaco, Chubut, Córdoba, Neuquén, Formosa, Catamarca, Corrientes, Tucumán, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Jujuy, San Luis, La Pampa y la Justicia Nacional, que tiene a cargo estas causas en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la mayoría de los casos, las mujeres judicializadas -”mujeres” porque no existen datos de casos de varones trans o personas no binarias- pertenecen a barrios vulnerados. Según los datos recopilados de la prensa, la mayor parte de las causas fueron iniciadas por el personal de salud que atendió a las mujeres que necesitaban asistencia médica. 

Uno de los casos más relevantes mediáticamente con respecto a este tema es el de “Belén”, una joven tucumana que estuvo presa injustamente por tener un aborto espontáneo. Otra situación similar fue la de “Carla”, quien en 2016 llegó al hospital de Pilar por una emergencia ginecológica y fue denunciada a la policía por el personal médico, luego de haber sido amenazada y maltratada. Patricia Solorza, condenada a 6 años por “homicidio agravado por el vícnulo” -tuvo un aborto espontáneo de un embarazo que no sabía que tenía- murió el 5 de agosto de 2019 esposada a una camilla tras sufrir una peritonitis. Y los casos siguen.

“Si atendemos al funcionamiento de conjunto, como un sistema que se produce entre las agencias policiales, el poder judicial, el personal de salud, los medios de prensa y, luego en algunos casos, el sistema penitenciario, podemos entender el dispositivo de castigo que se pone en marcha y los efectos que tiene sobre las vidas de estas mujeres desde el momento mismo de su señalamiento como criminales. Independientemente del resultado que arroje el proceso judicial, el castigo ya operó sobre ellas y afectó a quienes la rodean: hijes y otres familiares”, añadieron desde el CELS.