En la aurora de una nueva época, ¡salud!

Ayelén Salvi*

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El Instituto Dr. Carlos Malbrán fue y será el bastión del Estado en la cuestión sanitaria. Pese a los intentos de destrucción aún permanece y hoy más que nunca, durante un año pandémico. En el actual contexto tuvo un rol protagónico en decodificar el genoma del virus SARS-COV-2 y en impulsar el inicio del test diagnóstico de anticuerpos para detectar dicho virus. El 28 de diciembre se conmemora el aniversario del intento privatista de Menem.  Ese día de 1996, los trabajadores recibieron telegramas de despidos durante las fiestas familiares. Se desplegaba la consigna de “eficacia, eficiencia y modernización” que encubría el recorte en el gasto público, ajuste estructural y desocupación. El Instituto Malbrán junto al Astillero Río Santiago (ARS), son los únicos dos ejemplos de empresas del estado que no claudicaron frente a las privatizaciones. Las victorias no aparecen en la historia con frecuencia, nos ocultan que es posible ganarle al imperialismo.

Si bien no fue privatizado, se atentó fuertemente contra la producción. Luego de que se dictara el decreto 1628/96, se alteró la dinámica productiva del Malbrán. La producción de biológicos antes del decreto de 1996 comprendía la producción nacional en el Instituto y el abastecimiento a todo el país de la vacuna BCG, la BCG vesical, la Triple Bacteriana DTP, la Toxoide Tetánico, la Toxoide diftérico, la vacuna para la rabia humana y la rabia animal junto a reactivos diagnósticos. Tras el decreto, todo esto dejó de producirse. En concordancia, en los años ‘90 la  Argentina se subordinaba directamente a la política del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, y aparecían sin conflicto las prepagas, política de salud imperialista que trata de mercancía a la salud en contra del pueblo argentino. En ese momento se propuso al Hospital Público como empresa de autogestión, ya desfinanciado. Bajo los tres pilares de destrucción del Estado -desregulación, privatización y descentralización- se atentó contra nuestro sistema sanitario. Cómo plan de descentralización se provincializaron y municipalizaron hospitales nacionales, reduciéndolos en su factor de escala y presupuesto.

El Instituto Malbrán vio transitar la ciencia al mejor nivel internacional. Premios Nobel vinculados al área de salud, como Bernardo Houssay  en 1947, quien se interesó por la insulina y trabajó con pacientes diabéticos, los cuales carecían de esta hormona y dedujo que la hipófisis tenía incidencia en la misma, siendo piedra angular de la prevención en esta enfermedad, develando el enigma de la diabetes y haciendo un aporte universal. También figura César Milstein, que recibió el Premio Nobel en 1984 y se formó inicialmente en la universidad pública de nuestro país, que más adelante desarrolló la técnica de hibridoma y la producción de los anticuerpos monoclonales, los cuales son proteínas que se producen a partir de fusionar un linfocito B y una célula cancerosa, hoy utilizados a nivel mundial. Otro Premio Nobel argentino fue Luis Leloir, aunque el rumbo fuera por otro Instituto, es necesario recalcar la calidad argentina en ciencia, competitiva con Estados Unidos. Leloir estudió las rutas metabólicas de los carbohidratos, generó aportes en la diabetes y hacia otras enfermedades.  Estudió la hipertensión arterial cuando los patólogos de EE.UU también lo hacían, pero el equipo argentino asoció rápidamente el factor de riesgo con la arteria renal antes que el Instituto estadounidense Irvine Page.

El Instituto Malbrán marcó el antecedente de producción nacional en el área de salud, cuando fue creado como Instituto Bacteriológico Carlos Malbrán en 1916, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Luego, con el gobierno de Juan Domingo Perón y la gestión del sanitarista Ramón Carrillo, se fundó la fábrica nacional de Especialidades Medicinales del Estado (EMESTA), la primera en proveer insumos a cada establecimiento público de la Argentina, lo cual evitaba abusos de precios por parte de los laboratorios multinacionales. EMESTA confluyó con el Instituto Carlos G. Malbrán y juntos, en 1948, fabricaron más de 100 productos medicinales que salieron al mercado con un 60 y hasta un 70% menos de valor de lo que ofrecían los laboratorios privados. 

La salud del pueblo argentino se enmarca en las políticas sanitarias y en cómo se ordenan los factores determinantes de la salud tales como el trabajo, el acceso al agua potable y los alimentos, la disponibilidad de cloacas y de un ambiente libre de contaminación y, por supuesto, el acceso a medicamentos y a especialidades medicinales, entre otros. En el 2007 se creó la red nacional para la producción de medicamentos con el respaldo de la UBA y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Esta red agrupa a cuarenta laboratorios del Estado, y nació con el fin de ser referencia de precios en medicamentos, ya que la red puede estar a la mitad del precio en la estructura del costo. Y así impulsó a REMEDIAR, el cual llegó a proveer a unos 7 mil centros de salud destinando medicamentos a personas sin cobertura y sin posibilidad de pagarlos.

Sin embargo, nuestros laboratorios podrían producir a mayor escala y utilizar la totalidad de la capacidad instalada, pero la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohíbe que los laboratorios de dicha red compitan con los laboratorios privados. El absurdo es tal que el Estado tranquilamente podría generar a un precio más económico, con un 50% menos en el costo, pero no lo hace y no por cuestiones técnicas. Esto es contradictorio con la Ley 26.688 de Producción Pública de Medicamentos, que se sancionó en 2014, declarando de interés nacional la investigación y la producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos.

Más del 80% de las drogas que constituyen los medicamentos y que otorgan las funciones principales son importadas. Las importaciones a esta escala, con nuestros antecedentes técnicos y sanitarios, son ridículas. La investigación y el desarrollo en el área de salud en nuestro país es un imperativo categórico y debe incluir un mayor financiamiento a hospitales, universidades, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el INTI a fin de liberarnos de los intereses extranjeros.  Es importante aprovechar la máxima capacidad instalada de nuestros laboratorios del Estado, para sustituir importaciones, dejar de pagar puestos de trabajo en el exterior,  producir acá y recuperar soberanía.

El Pueblo ya vivenció experiencias en las que es rehén de los intereses foráneos. En la década del ´80, el laboratorio multinacional Eli Lilly, producía insulina en nuestro país. Luego de la hiperinflación decidió que no le convenía seguir en la Argentina. Abastecía a insulinodependientes, por lo que el gobierno debió gestionar la compra desde EE.UU., lo cual debía resolverse urgentemente, aunque no fuera lo más adecuado.  En el 2017 la Argentina comenzó a fabricar insulina recombinante en levaduras, luego de que una PyME tuviera acompañamiento del CONICET y gestara el proyecto durante 20 años. En este sentido, el Estado empresario, dueño de empresas estatales, puede marcar el paso, acompañar en Investigación + Desarrollo (I+D) para sus laboratorios y  para las PyMEs, pero jamás planificar sobre la dependencia.

De este modo, avanzando en el desarrollo endógeno de medicamentos y vacunas, es necesario ordenar a los laboratorios estatales, en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) ya existente, pero a modo de Corporación del Estado, aumentando la producción en un 75 %, con el tope de la capacidad instalada, junto a Agencia Nacional de Instituciones de Salud Pública (ANIESAP), otra corporación estatal, que incluya a hospitales generales, regionales y comunales junto a las salas de atención primaria y una tercera corporación: la ANIESAP. Así, las tres, estarán unidas y coordinadas en una Corporación de Corporaciones “Dr. Carlos Malbrán” a lo grande y sin escatimar en el pueblo argentino.  Se hará justicia en el derecho a la salud.

*Integrante de Social 21, La Tendencia / [email protected]