21 diciembre, 2020
Se repararon más de 200 legajos de estatales desaparecidos durante la dictadura cívico militar
En los expedientes de los trabajadores se incorporó como causa de la interrupción del contrato laboral el secuestro ilegal por parte del Estado. Hay otros 300 en proceso de reparación.
“Son acciones de suma importancia para la memoria colectiva sobre el Terrorismo de Estado y para las familias de esos trabajadores y trabajadoras que fueron detenidos desaparecidos», declaró en dialogo con Télam, la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Gabriela Castellani.
La funcionaria brindó detalles sobre la reparación de más de 200 legajos de trabajadores del Estado desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en los cuales se incorporó la verdadera causa del fin del contrato laboral: el secuestro ilegal por parte del Estado. Mientras, otros 300 expedientes se encuentran en proceso de reparación.
A su vez, en el Congreso Nacional tiene media sanción en la Cámara de Diputados un proyecto que contempla la reparación de los legajos de los trabajadores del sector privado.
Se trata de empleados que en los registros «seguían figurando como desafectados por ausencias sin aviso y abandono de los puestos de trabajo», indicó Castellani.
Hasta ahora, además de los 226 legajos reparados -entre ellos el del hijo de Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora- hay unos 27 casos de jóvenes que además de recuperar la verdad en la hoja de ruta laboral de sus padres pudieron acceder a trabajar en los mismos lugares en los que se desempeñaban sus progenitores al momento de ser secuestrados.
Tal es el caso de María José Luján Mazzuchelli, hija de Cristina Mazzuchelli, militante montonera que se desempeñaba en el PAMI. «Poder trabajar hoy en el mismo lugar que ella, sabiendo además que fue su primer empleo, es algo que me la devuelva en cierta forma», expresó.
El trabajo de recuperación surgió en 2007 en la la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad y luego se vió potenciado por el Decreto 1199/2012 que ordenó la reparación de los legajos en el sector público, bajo la firma de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.El primer legajo recuperado fue el de Raúl Atencio en 2006, un trabajador del Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento. Sin embargo, el acto reparatorio se oficializó tras la firma del decreto de la actual vicepresidenta, junto a otros 122 legajos entre los que se encontraban trabajadores de Obras Sanitarias, Segba, Aerolíneas, YPF y Ferrocarriles.
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