La otra cara de las urbanizaciones en la Ciudad: sin respuesta a la violencia de género

En el año 2016, la Mesa Nacional de Barrios Populares impulsada por las organizaciones de la CTEP, el tridente de San Cayetano -hoy Unión de Trabajadores de la Economía Popular- y organizaciones de la sociedad civil conquistaron una ley histórica, el Registro Nacional de Barrios Populares. La ley RENABAP, aprobada por unanimidad en el Congreso de la Nación, determinó un “blanqueo” para les de abajo, una regularización de su situación de vivienda, ya fuera como inquilinos o como propietarios, de las casas que habían construido con sus propias manos en terrenos ociosos.

Esta norma, además, obligó a los Estados nacionales, provinciales y municipales a urbanizar los barrios, es decir, incorporar esos terrenos al tejido social y urbano, proyectando el equipamiento, la infraestructura, provisión de servicios, accesibilidad, conectividad, saneamiento, mitigación ambiental y una vivienda definitiva según las necesidades de cada familia. La ley también dispone que dicho proceso debe llevarse a cabo con la participación de les vecines y con un enfoque de género y diversidad.

La prisa y el método con los que los Ejecutivos llevaron a cabo lo indicado por el Legislativo varía dependiendo de la disponibilidad de recursos económicos y la decisión política. En la Ciudad de Buenos Aires, las prioridades del gobierno quedaron claras cuando iniciaron una urbanización en la Villa 31 a cargo de un organismo cínico, que tenía como objetivo aumentar el valor del suelo de una de las zonas más caras de la ciudad para poder realizar negocios inmobiliarios.

En Chacarita la historia es distinta. La ejecución quedó en manos del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Las vecinas se involucraron desde el primer momento y se tomaron la línea B una vez por semana para debatir en la Legislatura los términos en los que se iba a avanzar con el proceso y lograron, entre otros triunfos valiosos, incluir la prioridad en la asignación de vivienda a mujeres en situación de violencia de género.

A pesar de eso, mediante trabas burocráticas, el IVC evita su responsabilidad y no da una respuesta integral a las sobrevivientes de violencia de género. Aún más, cuando las mujeres se acercan al Centro Integral de la Mujer (CIM) de la Comuna 15 para la elaboración de un informe social atestiguando la situación de violencia que transitan, se desacredita su palabra aunque tengan causas abiertas por violencia familiar y se les niega el derecho al informe. La excusa siempre es la misma: que se comunicaron previamente con el IVC y les aseguraron que a ellas no les corresponde una solución habitacional.

Frente a eso, las vecinas y los movimientos se organizan y logran lo imposible: dar el brazo a torcer al gobierno, y obligarlo a dar una respuesta que es urgente.

La lucha por la vivienda

El 30 de noviembre una vecina que se encontraba en una situación de mucha vulnerabilidad decidió profundizar su lucha para conseguir una respuesta IVC ante su problemática. Ese día vencía el plazo para que la propietaria de su habitación se mudara por orden del Instituto a una de las viviendas nuevas, y ella no contaba con un techo bajo el cual dormir.

A las 10 de la mañana se presentó en las viviendas transitorias, construidas para urgencias, pidiendo que le dejaran entrar a una de las tantas vacías, junto a sus hijos de 8 y 2 años. A las 5 de la tarde seguía resistiendo en la puerta, y nos acercamos a hablar con ella en el marco de un gran operativo policial y con la manzana 8 del barrio Playon de Chacarita cercada por infantería.

***

-¿Qué está pasando? ¿Por qué estás acá?

-Lo que pasa es que el IVC estuvo presionando a la dueña de donde yo vivo para que me desaloje, porque si no nos sacaba a los inquilinos de su casa, a ella no la iban a mudar. Tuve que sacar todas mis cosas y ahora yo no tengo donde estar, no tengo un techo. Me vine acá a las viviendas transitorias porque sé que a todas las personas censadas, antes de que se les dé una adjudicación, les corresponde estar en una vivienda transitoria. Yo ahora verdaderamente me encuentro en desesperación porque no tengo ningún techo, estoy con mis dos hijos, soy madre soltera.

Además, tengo hechas denuncias a mi ex pareja por violencia de género y una perimetral. La verdad es que no me siento segura, me siento muy nerviosa. Necesito que me den una solución porque yo estoy censada y relevada, y estoy en todo mi derecho de que me den una solución habitacional definitiva. Además, hace un mes tuve un accidente, me atropelló un auto, y recién me estoy recuperando a fuerzas porque si no peleo me van a dejar en la calle. Y ellos no se hacen cargo de nada.

–Estás con los nenes, ¿cómo están ellos?

-Mi nene sufre ataques de pánico, de tanta violencia que siempre vio con el papá, y siempre que ve pleito entra en ataques de pánico. Ahora está muy mal.

–¿Cuál es la solución que te está ofreciendo el IVC hasta ahora?

-Me quieren mandar a Constitución. Mis nenes estudian acá, en el barrio, y no puedo traerlos todos los días. Como le digo, estoy sola, tengo que buscar comodidad para mí y para mis hijos.

–¿De la vivienda que te corresponde por ley, qué te dijeron?

-Que no me corresponde. Se niegan rotundamente a darme una vivienda ahora. Supuestamente me la van a dar después, si es que se da, pero no me aseguran nada.

-¿Y para vos cuál es la solución que te tendrían que dar en este momento?

-Yo lo que quisiera es que me den una vivienda provisoria, asegurando que después me van a dar mi vivienda definitiva. Yo estoy censada y a mí me corresponde, por la ley 5.799, una solución habitacional definitiva.

–¿Sos la única que está en esta situación?

-No, son 180 familias más las que alquilan en una vivienda en el barrio y se está presionando a los dueños para que los desalojen porque necesitan tener la casa vacía al momento de mudarlos a las viviendas nuevas. También hay muchas mujeres en situación de violencia de género con las que no se cumple el criterio de prioridad, dicen que no es prioridad ahora, o les dicen que vuelvan con las ex parejas para acceder a la vivienda. Además, dicen que si me solucionan a mí, le tienen que solucionar a los demás. Y ellos no se quieren hacer cargo de eso.

***

A las 18 horas ya eran muchos les vecines, organizaciones e instituciones que le exigían al IVC que diera respuesta a la situación de la vecina. La necesidad era evidente, y la respuesta fácil de conseguir: simplemente precisaban abrir la puerta y dejar entrar a la familia. La presión colectiva forzó al Instituto a dar la respuesta que pedía la vecina, demostrando que cuentan con la capacidad de atender a la urgencia. Sin embargo, ha sido sólo un caso que expresa la complejidad de los problemas habitacionales y de violencia de género e institucional de la Ciudad de Buenos Aires, y la fortaleza de la organización de les vecines.

En el Playón de Chacarita se hace evidente que el barrio tiene más gente censada y relevada que viviendas nuevas para brindar soluciones habitacionales, y que para el “mientras tanto”, las soluciones transitorias no alcanzan. Muchas de las inquilinas que se ven obligadas a abandonar sus piezas porque las viviendas van a ser demolidas por mudanzas, o porque atraviesan graves y urgentes situaciones de violencia de género. En ambos casos, la respuesta del Estado de la CABA es la misma: «En esta etapa no tenemos capacidad de ofrecerte una vivienda».

La nueva etapa, sin embargo, no tiene fecha de inicio, y requiere de decisión política del conjunto del IVC para ponerse en marcha. La respuesta es más bien una no-respuesta: «No tenemos un tiempo estimado y no contamos con presupuesto». La propuesta del IVC y el Gobierno de la Ciudad ante estos casos de urgencia es la gestión de un subsidio que no alcanza para un alquiler, y el desentendimiento respecto de dónde vivirá la vecina y en qué condiciones.

La mayor parte de las veces la solución queda en manos de las propias redes de mujeres que con buena voluntad intentan atajar todos los problemas en medio de un contexto social y económico muy difícil, y cuando no se resuelve, salen a la calle a protestar. Las organizaciones sociales y políticas y las redes feministas del barrio vienen planteando una solución: prioridad en la asignación de vivienda nueva para víctimas de violencia  de género.

Por delante quedarán muchos casos similares más, que podrán no encontrarse con un IVC a la altura de la problemática.

Por Andrés Doudchitzky*, Matías Lapadjian** y Ornella Agostino**
*Integrante de Vamos – Playón de Chacarita
** Integrantes del MTE – Playón de Chacarita