Ambiente y Hábitat

3 diciembre, 2020

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias rechazó la modificación de la Ley de Manejo del Fuego

Expresaron que el proyecto de ley que busca frenar las especulaciones inmobiliarias sobre los terrenos incendiados «pone en riesgo seriamente la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país», y que “afecta gravemente el derecho de propiedad”.

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, compuesta por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), lanzó un comunicado este jueves ratificando su repudio a la modificación de la Ley de Bosques, un proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores.

La iniciativa surgió como respuesta a la catástrofe ambiental que vivió el país en los últimos meses con los incendios que ya destruyeron cerca de un millón de hectáreas. Entre los puntos salientes propone: prohibir el cambio del uso del suelo en zonas afectadas por incendios que van entre los 60 y 30 años, la prohibición por un plazo de 30 años de “cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio” y la modificación de “uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas de agricultura intensiva, excepto en los casos que dichas prácticas antecedan al evento”.

Sin embargo, su punto más fuerte se centra en la prohibición de la realización de emprendimientos inmobiliarios “en caso de incendios, sean éstos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas”.

En ese sentido, desde la mesa de enlace expresaron: «Estamos en favor de que se legisle sobre el manejo del fuego, pero no podemos dejar pasar por alto esta invasión al derecho de propiedad, ni que se considere a todos los productores del país delincuentes ambientales, o se instaure una mirada prejuiciosa sobre todos quienes trabajamos en la tierra».

Además, subrayaron que la propuesta legislativa «da por asumida, de este modo, la culpabilidad individual del propietario del campo, afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia, condenando de antemano al productor de manera prejuiciosa», y destacaron que los productores también son «víctimas de hechos naturales o provocados que, de por sí, han lesionado nuestra producción y el capital destinado a ella».

«Estas restricciones afectan gravemente el derecho de propiedad y son aplicadas incluso a aquellos individuos que no son culpables de estos incendios por tratarse de hechos accidentales o causados por dolo eventual o animoso de un tercero», agrega el documento. Según el último informe del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, en lo que va del año ya se incendiaron más de un millón de hectáreas. El 95% de los incendios forestales son producto de intervenciones humanas.

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