Tres años de impunidad: un nuevo aniversario del asesinato de Rafael Nahuel

Rafael Nahuel era un integrante de la Lof Lafken Winkul Mapu, que en aquel entonces -y ahora también- luchaba por la recuperación de su territorio ancestral, ubicado en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Si bien la idea era poder llegar a una mesa de diálogo con las autoridades provinciales para buscar una posible salida pacífica del conflicto con el territorio, el 25 de noviembre de 2017 la Prefectura, Policías de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Policía Federal y Gendarmería reprimieron brutalmente a la comunidad para desalojarla.

Ese mismo sábado de noviembre, cuando tres miembros de la comunidad bajaban de la montaña, la violencia que se pretendía frenar en una mesa de diálogo dejó como resultado una nueva muerte. Rafael Nahuel, un joven de tan solo 22 años, murió tras un disparo perpetrado por las fuerzas de seguridad. Dos compañeros de Rafael que lo bajaron de la montaña en busca de auxilio médico fueron violentamente apresados y encarcelados en régimen de aislamiento. Las fuerzas represivas negaron durante 24 horas estas detenciones.

Rápidamente los medios de comunicación informaron de este hecho como un “choque”, un “enfrentamiento” entre fuerzas federales y mapuches. Nuevamente cumpliendo el rol de desinformar, de hacer creer que lo que pasó es que tres personas que bajaban de los cerros se enfrentaron con cientos de integrantes de las fuerzas de seguridad armados con balas de plomo, sugiriendo que era un enfrentamiento entre dos bandos armados. El Ministerio de Seguridad, que en aquel entonces dependía de la gestión macrista, publicó una versión de los hechos acorde con esta idea.

Cronología de la injusta justicia

Este 25 de noviembre se cumplen tres años de impunidad. En los últimos días, el abogado del prefecto Francisco Javier Pintos, principal imputado por la muerte de “Rafita”, pidió que se suspenda el tercer peritaje sobre el proyectil que mató al joven mapuche. “En tres años se han transgredido todos los límites y cada vez más cobra fuerza que será solo en jurisdicciones internacionales donde encontraremos alguna respuesta», dijo a Página/12 Sebastián Feudal, abogado querellante en la causa.

«A la ejecución extrajudicial por parte del Estado de un ciudadano, se le sucedieron una serie de actos jurídicos y políticos que agravaron la frustración y el dolor. La investigación ha sido torpe y manipulada, el poder político solo ha procurado justificar la barbarie que no cesa», explicó el abogado.

A mediados de febrero de este año, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca (Río Negro) decidió dictar la falta de mérito para el único acusado por el asesinato de Rafael Nahuel. El tribunal argumentó que existían dos pericias contrapuestas. La primera fue realizada en junio de 2018. Allí, un equipo integrado por Roberto Nigris, Karina Uribe y Silvia Bufalini estableció que “el proyectil extraído del cuerpo de Nahuel fue disparado con el arma identificada con el número de serie 05-C335508; es decir, el subfusil asignado a Pintos”.

Unos meses después, en noviembre de 2018 y por pedido del juez subrrogante Gustavo Villanueva, la Dirección de Criminalística de Gendarmería realizó otro peritaje. En ese momento, la fuerza vinculada con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, estableció que el disparo que mató a Nahuel no había salido del arma de Pinto. Ante esa situación se resolvió realizar un tercer peritaje en la provincia de Salta. En ese momento la novedad fue que no se sabía dónde está la bala que mató por la espalda a Nahuel, ni tampoco las armas utilizadas por las fuerzas de seguridad ese día. Sin embargo, aparecieron días después, aunque la pericia tuvo que ser suspendida con la llegada de la pandemia del coronavirus. 

“Estamos en una meseta de la que pareciera que no se puede salir: teníamos una pericia que confirmaba que era Pintos el autor del disparo, pero el juez Gustavo Villanueva, no me explico por qué, ordenó una nueva investigación que no coincidió con la primera y nos hizo quedar en la nada otra vez”, agregó el abogado Feudal a ANB, un medio barilochense.

“A tres años y sin respuestas, siguen vinculando la muerte de Rafel con una hipótesis de ocupación ilegal, un hecho de menor relevancia al lado del asesinato en el que está vinculado el Estado. La muerte de un hijo siempre resulta dolorosa para los padres, pero en este caso está agravado por el manoseo político y judicial que hubo desde el primer momento”, concluyó el letrado.