23 noviembre, 2020
El pueblo chileno vuelve a protestar contra el gobierno de Sebastián Piñera
Miles de personas salieron a la calle ante la intención del gobierno de declarar como institucional una propuesta para quitarle fondos a las pensiones privadas, y así apaciguar los efectos económicos de la pandemia.
Durante el último fin de semana, el pueblo chileno salió a las calles y nuevamente fue reprimido por Carabineros. Se organizaron movilizaciones y cacerolazos en las principales ciudades del país para repudiar la decisión del presidente Sebasián Piñera de acudir al Tribunal Constitucional para declarar como “inconstitucional” del proyecto de ley del segundo retiro de fondos del 10% de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
La normativa fue impulsada para mitigar los efectos económicos de la crisis por la pandemia, y ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Además, ya fue aplicada durante el mes de julio, cuando se le permitió sacar parte de los fondos administrados por las aseguradoras privadas a los y las trabajadoras. El proyecto obtuvo un masivo apoyo por parte de la ciudadanía.
En esta ocasión, los manifestantes reclamaron la renuncia del mandatario, cuyo gobierno atraviesa una profunda crisis política, sobre todo luego de la renuncia del jefe de Carabineros. «Esta práctica es inconstitucional, atenta contra nuestro ordenamiento jurídico y Estado de Derecho, y no respeta instituciones fundamentales de nuestro orden Constitucional, como la iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto público, seguridad social e impuestos», argumentó la oficina de la Presidencia chilena.
El proyecto impulsado por la oposición establece como monto mínimo de retiro el equivalente a 869.489 pesos chilenos (unos 1.123 dólares) y, como máximo, 4.347.443 pesos chilenos (5.617 dólares). «No corresponde que alguien que no lo necesita reciba un regalo del Estado financiado por todos nosotros», polemizó la ministra de Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar.
¿Qué son las AFP?
Tal como la Carta Magna, las Administradoras de Fondos de Pensiones son una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), quien las creó en 1981. De esta forma, se privatizó todo el sistema de jubilaciones, creando una serie de empresas privadas que componen el régimen de pensiones en el vecino país, algo similar a lo que sucedió con las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) en la Argentina durante el mandato de Carlos Menem.
En el sistema actual chileno, las jubilaciones son muy bajas: en promedio, apenas un 30% en relación al valor de sus salarios. Por otro lado, el sistema establece la obligatoriedad a todo trabajador dependiente de destinar el 10% de su salario al pago de sus futuras pensiones a las AFP. Actualmente las Administradoras recaudan alrededor de 31 mil millones de dólares proveniente de los aportes de los trabajadores y trabajadoras. Esa masa de dinero es puesta en bancos chilenos que financian los distintos grupos empresariales, de capitales locales y trasnacionales. Las críticas hacia las AFP fueron un detonante clave durante el estallido social chileno de octubre de 2019.
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