Las 5 claves del nuevo proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

Finalmente, las promesas se cumplieron. El último martes por la tarde, el presidente Alberto Fernández envió al Congreso el proyecto de ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La última vez que se trató la legalización del aborto en el recinto fue en el año 2018, cuando obtuvo media sanción de Diputados, pero no consiguió pasar de Senadores. El actual proyecto, si bien mantiene cosas básicas que sostenía el de 2018, incorporó algunas perspectivas que reflejan las luchas que mantuvo el movimiento feminista durante todo este tiempo. 

Un ejemplo podría ser la incorporación de las personas gestantes en el universo de quienes pueden abortar, o el desarrollo de un apartado especial para les adolescentes entre 13 y 16 años de edad. Sin embargo, el proyecto del Ejecutivo presenta diferencias con el propuesto por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

Límite gestacional

Tal como sostuvo el proyecto de 2018, la nueva normativa establece un límite de gestación de catorce semanas (inclusive) para realizar el procedimiento. Además, agrega que pueden acceder a un aborto fuera del plazo establecido en el caso de que estuviera en peligro la vida de la persona gestante, o que el embarazo sea producto de una violación. Particularmente en este último escenario, el nuevo proyecto señala que, en el caso de que la persona sea menor de trece años, no hace falta que se presente una declaración jurada que constate el abuso.  

Personas de entre 13 y 16 años de edad

Este punto es uno de los más reveladores del proyecto, ya que presume que las personas de esa edad “cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida”. En ese caso, deberá expresarse el consentimiento de los responsables legales para que se realice el procedimiento. 

En tanto a les niñes y adolescentes de menos de trece años de edad, el proyecto dice que el procedimiento deberá ser realizado “mediante su consentimiento, informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal”.

Objeción de conciencia 

Uno de los ejes más polémicos durante la discusión del proyecto de ley IVE en 2018. Si bien la nueva propuesta contempla la objeción de conciencia, establece que le profesional de la salud que realice el aborto deberá “derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”. En el caso de que este punto no se cumpla, se contemplarán sanciones “disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda”.

“El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable”, agrega.

ESI

A diferencia del proyecto de la Campaña, el Ejecutivo sostiene en este punto que “el Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios tienen la responsabilidad de implementar la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población”.

En ese sentido, el proyecto de la Campaña agrega: “El contenido curricular sobre aborto debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes, a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía. Deben incluirse los contenidos respectivos en el currículo de todos los niveles educativos, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de las instituciones educativas, sean estas de gestión pública estatal, privada o social, lo que deberá hacerse efectivo en todo el territorio nacional a partir del ciclo lectivo inmediatamente posterior a la entrada en vigencia de la presente ley”.

“Estas políticas deberán estar enmarcadas en los objetivos y alcances establecidos en las leyes 25.673, 26.061, 26.075, 26.150, 26.206, 26.485, 26.743 y 27.499, además de las leyes ya citadas en la presente ley. Deberán además capacitar en servicio sobre perspectiva de género y diversidad sexual a todos/as los/as docentes y a los/as profesionales y otros/as trabajadores/as de la salud a fin de brindar atención, contención y seguimiento adecuados a quienes deseen realizar una interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la presente ley, así como a todos/as los/as funcionarios/as públicos/as que actúen en dichos procesos”, concluye el Artículo 12 del proyecto de ley IVE de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Derechos en la atención de la salud

Toda persona que quiera acceder a un aborto seguro, debe gozar de algunas condiciones mínimas garantizadas por el personal de salud: trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información y calidad en el procedimiento, que debe ser efectuado en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento. En este punto se genera una diferencia con el proyecto de la Campaña, que proponían que el límite temporal sea de cinco días. 

“Se debe suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, los alcances y consecuencias de la práctica. Dicha información debe ser actualizada, comprensible, veraz y brindada en lenguaje y con formatos accesibles”, agrega el proyecto firmado por Ginés González García (Ministerio de Salud), Miriam Losardo (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), Elízabeth Gómez Alcorta (Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad), Santiago Caffiero (Jefe de Gabinete), y Alberto Fernández.