12 noviembre, 2020
El gobierno legalizó el cultivo de cannabis para uso terapéutico
Mediante el decreto 883/20, publicado durante las primeras horas de hoy en el Boletin Oficial, el Gobierno Nacional legalizó el autocultivo de cannabis para uso terapéutico, entre otras disposiciones.
Santiago Villarruel
El decreto presentado por el gobierno nacional trata de una nueva reglamentación de ley 27.350 de investigación médica y científica de cannabis para uso terapéutico, que deroga la anterior y reconoce mayores derechos. A partir de ahora, se permitirá la venta en farmacias de derivados de cannabis de producción nacional, el Estado proveerá derivados de cannabis en forma gratuita para quienes tengan cobertura de salud pública exclusivamente y los usuarios y usuarias terapéuticas de cannabis podrán registrarse para cultivar legalmente.
En sus considerandos, y en el sentido en que venimos señalando desde Notas en publicaciones anteriores, el nuevo decreto del Gobierno cuestiona la normativa anterior: «Que en virtud de dicho Decreto-el 738/17, -la reglamentación desactualizada de la ley-, el acceso al aceite de Cannabis y sus derivados es restrictivo, porque solo pueden acceder a su uso quienes se incorporen a protocolos de investigación en epilepsia refractaria, y económicamente excluyente, atento el alto costo que implica su importación». También señala que varias cuestiones importantes de la ley, como el Registro del Programa del Cannabis (REPROCANN) que buscaba facilitar el acceso a derivados de cannabis a los usuarios registrados «no se encuentran operativos». En este sentido, hace propios los cuestionamientos por parte de las organizaciones de usuarios a la reglamentación promulgada, y a la falta de impulso que tuvo la ley durante el gobierno de Macri. A su vez, se reconoce el trabajo realizado durante los últimos años y los aportes realizados en el Consejo Consultivo (donde participan las organizaciones, funcionarios del Ministerio de Salud y diversos profesionales), que es de donde se debatió y definió en consenso esta nueva normativa.
Del nuevo decreto, sin dudas, se destaca la nueva reglamentación del Art.8 de Ley 27.350, donde expresamente se dispone: «Los y las pacientes podrán inscribirse para obtener la autorización de cultivo para sí, a través de un o una familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada» en el Registro del Programa de Cannabis. Esto implica un importantísimo reconocimiento del derecho que reclaman los usuarios de cannabis hace muchos años -el autocultivo para la salud-, que permite un acceso seguro a la sustancia y la continuidad de los tratamientos con cannabis.También, con la cobertura que incorpora por parte del Estado Nacional y la venta de derivados en farmacias, se busca garantizar vías de acceso alternativas para muchísimas personas que precisan cannabis y no pueden o no les interesa el cultivo.
Con este avance, quienes cultivan cannabis para uso terapéutico van a poder realizarlo de manera segura. Y quienes lo precisen y no quieran cultivar, acceder a la sustancia de manera legal, segura, y con un fundamental impulso a la industria y la producción nacional y pública. El Gobierno da un paso más en el progresivo y paulatino cambio en la política de drogas nacional que tuvo su anterior hito en la sanción de la ley 27.350. Hasta hoy, esto se encontraba prohibido, por lo que el cultivo-aún el utilizado con fines terapéuticos- se realizaba bajo el riesgo de penas de prisión (puntualmente 4 a 15 años).
Sin embargo, es necesario señalar que la convivencia contradictoria de leyes en materia de drogas continúa. La Ley de estupefacientes 23.737, sancionada en 1989, continúa vigente y criminalizando a usuarios y cultivadores. Las cárceles siguen abultándose con presos y presas por delitos menores de la ley de drogas, y afectando especialmente a las trans, mujeres y sectores populares, sin ningún ataque real al narcotráfico, que se nutre de la prohibición. En este sentido, si ya existía una tensión entre la ley de cannabis medicinal y la ley de estupefacientes que lo prohíbe, la autorización al cultivo hace que entren en una contradicción total. La ley 23.737, con los reconocimientos al uso de cannabis para la salud, se vuelve insostenible en cuanto a su prohibición. ¿Y ahora qué pasa? Es esperable, entonces, que se dispare el debate por el cambio en la ley de drogas y una regulación integral del cannabis. La diputada Carolina Gaillard ya presentó un proyecto en este sentido. Tras muchos años de lucha, hoy los usuarios y usuarias de cannabis festejan el reconocimiento de su derecho a la salud.
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