CABA: avanza la ley de cannabis medicinal y autocultivo familiar

Esta semana, la Legislatura porteña debatirá un proyecto de ley de cannabis que podría habilitar el autocultivo para uso medicinal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

«Regular el cannabis para garantizar el derecho a la salud es una necesidad, y proteger a las familias que cultivan su propia medicina es imperioso», dijo para Télam el principal impulsor del proyecto, el diputado Leandro Halperín (UCR-Evolución).

«Muchas de esas familias son criminalizadas todavía hoy. El Estado puede ofrecerles una mejor cara que mandarle policías, jueces y enviarlos a las prisiones. Eso es lo que estamos proponiendo», añadió.

La iniciativa habilita a «sembrar, cultivar o guardar cannabis y sus derivados, en las cantidades y formas que determine la legislación vigente, previa autorización de la autoridad de aplicación», que será el Ministerio de Salud porteño.

También se impulsa la investigación y producción públicas que establece la Ley 23.750, así como la creación de un Consejo Consultivo integrado por profesionales de la salud, investigadores de distintas áreas y representantes de asociaciones civiles que trabajan la temática.

«Creamos el consejo de políticas sobre cannabis para receptar los avances de la ciencia y la sociedad civil. Es un negocio que viene y además de mejorar la salud y puede producir ingresos al estado», explicó Halperín.

A su vez, el proyecto declara de interés sanitario para la CABA a «las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante la investigación y uso científico de la planta de cannabis y sus derivados, sea tanto con fines medicinales, paliativos y/o terapéuticos, como así también en el programa de reducción de daños en materia de adicciones y consumos problemáticos».

Como comentó para este medio Santiago Villarruel, especialista en el tema, el uso terapéutico del cannabis “se ha extendido enormemente, y las políticas que puedan definirse al respecto podrían tener un gran impacto en un creciente universo de usuarios”. 

Estas políticas benefician “sobre todo para quienes lo cultivan -para sí mismos o para otros- ya que, por el momento, no se encuentran legalmente protegidos. Esta situación, como ya viene resolviéndose en las distintas provincias, busca ser contemplada con la creación de registros voluntarios de usuarios y cultivadores, en los que se incluyen los “familiares” o “solidarios” que proveen a otros”, precisó.