¿Giro al centro o equilibrismo político? (II)

Fernando Toyos

@fertoyos

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El escenario

Primer acto: la vicepresidenta Cristina Fernández publica una carta abierta en el décimo aniversario de la muerte de su compañero afectivo y político. Cunden las lecturas y contralecturas, se afilan los lápices de la especulación: los medios opositores, que gustan de agigantar las diferencias que hay al interior del Frente de Todxs cuando no inventarlas, se cebaron sobre la alusión a los “funcionarios que no funcionan”, retratando una Cristina que maneja las variables del gobierno a su antojo. Otra lectura, más sutil, ve en la misiva una elegante toma de distancia respecto del rumbo del gobierno: el énfasis con el que la vicepresidenta señala que quien gobierna es el presidente sería, leída entre líneas, una forma de “soltarle la mano” públicamente al gobierno del que forma parte, en un momento de dificultad. 

Segundo acto: el gobierno de la Provincia de Buenos Aires desaloja la toma de Guernica mediante un operativo descomunal del que participan unos 4000 agentes de la Policía Bonaerense -esa misma que se acuarteló y rodeó la quinta de Olivos portando armas- con el ministro Sergio Berni -el mismo brilló por su ausencia durante esta crisis- a la cabeza. El repudio dentro y fuera del Frente de Todxs se expresa por las redes sociales -con algunos silencios atronadores- y, en mucho menor medida, en las calles. Se repite la idea de que esto marca un “punto de inflexión”. Mientras, el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, dirigido por Andrés Larroque, publica un comunicado responsabilizando con nombre y apellido a una organización de izquierda, tildándola de “marginal” y “radicalizada”, en un argumento que guarda parentesco cercano con la construcción del “anarco-kirchnerismo-mapuche” que ensayaba, ayer nomás, Patricia Bullrich. 

Tercer acto: el ministro de Economía Martín Guzmán, ungido como interlocutor del Gobierno en materia económica, recibe a la cúpula empresaria nucleada en AEA -Asociación de Empresarios Argentinos- que, pequeño detalle, es atendida por sus propios dueños. Una reunión en la que estaban sentados, en la misma mesa, el gobierno del cual forma parte Cristina Fernández, nada menos que con Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín y adversario histórico del kirchnerismo. Días atrás, mientras Berni montaba su show de masculinidad hegemónica enfierrada en los terrenos de Guernica, la Cámara de Diputados aprobaba el presupuesto 2021, que -como manifestó el director del Banco Nación, Claudio Lozano– tiene un carácter contractivo del gasto público, lo que parece responder a los reclamos del establishment por mayor disciplina fiscal. ¿Confía el gobierno en que los síntomas de reactivación que comenzaron a insinuarse bastarán para capear la crisis que dejaron las pandemias gemelas, del PRO/Cambiemos y el coronavirus?

Mientras tanto, el referente del Movimiento de Trabajadores excluídos y el Frente Patria Grande, Juan Grabois, le reclama expresamente al presidente y el gobernador bonaerense que “dejen de ceder ante los poderes fácticos”. Se olvida, justo es decirlo, de la vicepresidenta, quien hizo público su respaldo al desalojo efectuado por el gobierno de Axel Kicillof. 

La hipótesis

El gobierno del Frente de Todos apuesta a conducir al poder económico. Así, creemos, lo muestran los gestos de respeto a la propiedad privada, aún si esto implica subordinar el derecho a la vivienda y echar mano de los aparatos represivos del Estado, con todas las contradicciones que eso conlleva al interior de la base social y política oficialista. Invocan, para esto, al argumento de que “había una orden judicial” y, por ende, esta debía ser cumplida; curioso argumento por parte de una figura como Cristina Fernández, que popularizó el término ‘lawfare’ para referirse al carácter político del poder judicial. Es difícil sostener que la “politización de la justicia” se circunscribe a las causas de corrupción que tramitan en contra de la vicepresidenta, a la vez que se solapan los evidentes intereses económicos que operan detrás de la orden de desalojo firmada por el fiscal Condomi Alcorta.

Como señalaron desde la Gremial de Abogades, en el marco del rol de mediación que asumieron en las negociaciones, el fiscal de apellido ilustre -a la sazón, expulsado por racista de un intercambio cultural en Sudáfrica- responde directamente a la intendenta de Presidente Perón, y esposa de Carlos Acuña, Blanca Cantero. La compañera intendenta realizó una síntesis magistral de toda la teoría crítica del Estado y el derecho, ilustrando el carácter clasista del poder judicial y sus vínculos con el poder ejecutivo, en sólo cuatro palabras: “el fiscal es mío”.

En nuestra hipótesis, la ley de presupuesto y el compromiso de Guzmán de reducir drásticamente la emisión monetaria por lo que resta del año serían sendos gestos al poder económico y al Fondo Monetario Internacional, ante el cual Argentina renegociará su deuda, sin que aún se sepa qué presidente tendrán los EEUU, país que ostenta el 16% de los votos a través de los cuales este organismo puede aprobar o rechazar la futura propuesta. La carta de Cristina, cuyo contenido fundamental es la convocatoria a un acuerdo con las clases dominantes, marca la hoja de ruta. La pelota, entonces, estaría del lado del establishment, siendo la evolución del dólar paralelo un termómetro del estado de ánimo de ese lado de la grieta. El interrogante, obviamente, gira en torno a la capacidad que tenga el gobierno de disciplinar a un actor que, a lo largo de la historia argentina, se debate entre la aceptación del peronismo como representación de sus intereses y la búsqueda de un elenco político que le responda de forma directa y sin fisuras. 

¿Será, como planteó Martín Ogando, un gesto fútil, interpretado como una muestra de debilidad por aquellos a los que busca seducir, a la vez que genera un debilitamiento objetivo al minar el apoyo de los movimientos populares y las fuerzas progresistas y de izquierda que integran el Frente de Todxs? Más allá de las posibilidades que tenga el gobierno de disciplinar a los sectores del capital concentrado, ¿qué escenario le plantea a estos sectores progresistas, golpeados por el desalojo de Guernica, irritados ante las vacilaciones del Ejecutivo a la hora de avanzar contra los intereses dominantes mientras ajusta sobre el salario estatal y dilata la presentación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo? Acaso sea tiempo de que estos sectores recuperen, en la medida que la situación sanitaria lo permita, una agenda de reivindicaciones hacia el gobierno, dándose la tarea de recomponer la enorme capacidad de movilización que supo ser el freno del saqueo macrista. En definitiva, la conquista de mejores condiciones materiales y demandas del movimiento popular es la mejor estrategia para contener el avance de la derecha.