Una represión anunciada

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presidido por el periodista Horacio Verbitsky; y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), a cargo del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; presentaron ante el juez de la causa un resumen del transcurso de las negociaciones para que el desalojo del predio se desarrolle de manera pacífica y con garantías para las familias ocupantes, cosa que no ocurrió finalmente.

Según reseñan ambos organismos, el Estado bonaerense y las familias sostenían diálogos para la implementación “del acuerdo de relocalización”, que estaba “en un grado de concreción avanzado”, pero que se vio interrumpido por decisión del fiscal, quien consideró “que los plazos estaban agotados y por lo tanto no había ninguna contemplación para que el acuerdo se pusiera en práctica”.

Cronología de las negociaciones

Durante el mes de octubre se llevaron adelante negociaciones a fin de “encontrar una alternativa a un desalojo forzado y violento, con intervención policial”, informaron los organismos, de modo de “evitar tal desenlace mediante la concreción de acuerdos de relocalización efectivas”. 

No obstante, sostienen que al principio las propuestas del gobierno provincial “tuvieron una aceptación dispar, ya que estaban destinadas a soluciones individuales acotadas”, como subsidios, acceso a materiales para ampliaciones de viviendas de familiares, o productos para el hogar.

“Las divergencias sobre la cantidad de familiares que requerían respuestas concretas de relocalización limitaron las posibilidades de diálogo”, explicaron desde CELS y SERPAJ. Por tal motivo, se decidió llevar adelante un relevamiento que dio como saldo la presencia de 1.400 familias dentro del predio. Días después, continúa el texto, “se lograron avances significativos, que permitían concertar y materializar acuerdos colectivos y masivos de relocalización”.

El factor climático y la decisión de fiscal

Los organismos resaltaron que durante las últimas tres semanas no pudieron realizarse asambleas informativas, producto de varios días de intensas lluvias que afectaron a las familias.

Finalmente, hasta el miércoles las partes en la negociación realizaban ajustes a las propuestas de salida pacífica, pero en ese momento el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta “consideró que los plazos estaban agotados y por lo tanto no había ninguna contemplación para que el acuerdo se pusiera en práctica”.

Por su parte, los organismos expusieron que “la relocalización colectiva y masiva de más de 1.000 familias” requería la garantía de desplazamiento físico y coordinado, que se registren las pertenencias de cada familia, para luego realizar un desalojo pacífico. Pero por sobre todas las cosas, de tiempo para llevar adelante todas esas cosas.

Finalmente, se cumplió con el pedido del fiscal y las familias que quedaban dentro del predio de Guernica fueron desalojadas y brutalmente reprimidas.