El Chile del ¡APRUEBO! y la esperanza por un mejor futuro

Daniel Pérez Quintana*

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No ha sido una batalla fácil, los antecedentes así lo demuestran. El asedio económico, los ataques contra la infraestructura del país, la intromisión en los asuntos internos y los bombardeos sobre el Palacio de la Moneda en 1973 cerraron la primera posibilidad de tener un gobierno del pueblo y para el pueblo. El compromiso de Allende y su profético llamado ante la inminencia de la muerte, ha acompañado en los últimos 48 años a tres generaciones de mujeres y hombres chilenxs, de jóvenes que, bajo el manto de la dignidad salieron a las calles en 2019, así como lo hicieran también en 1957, sabiendo que detrás del grito por la baja en el transporte público estaba el grito contenido de la desigualdad, del hambre, de la inequidad de un país que escondió su realidad tras las cifras macroeconómicas, mientras que en las poblaciones millones llegaban para escapar del odio y del dedo inquisidor de la burguesía.

Lo que no sabían aquellos que recogieron el legado del dictador, es que estas palabras de Allende estaban siendo cosechadas en el barrio, en los campos, en las escuelas: ”Les digo que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente”. Ese 11 de septiembre comenzó otra etapa en el largo proceso de resistencia y lucha por un Chile distinto, por un país en el que los privilegios de la dictadura, legados a un puñado de militares, políticos y empresarios, terminen para siempre y empiecen los privilegios de la verdadera democracia, la democracia radical, para las grandes mayorías del pueblo.

¿Por qué una nueva constitución?

La historia política de Chile nos muestra que éste país nunca ha tenido una carta constitucional emanada del pueblo. La constitución de 1925, si bien fue aprobada mediante un plebiscito, fue elaborada por una comisión consultiva de 122 integrantes elegidos por el mismo presidente, dentro de un contexto de lucha entre quien asumía dicho cargo, Arturo Alessandri, y el régimen parlamentario, con el objetivo de restar poder al órgano legislativo y darle mayor control, independencia y facultades al presidente. 55 años después se redactaría la constitución de 1980 tras el fatídico golpe de Estado contra Salvador Allende y la entrada en vigor de la dictadura militar en cabeza de Augusto Pinochet. Fue en este marco y tras 7 años de persecuciones, asesinatos y autoritarismo generalizado, que la Junta Militar realizó el plebiscito para la aprobación de la nueva constitución en la que se ratificó a Pinochet como presidente, plebiscito que estuvo plagado por irregularidades y bajo la coacción de la mano dura de los militares . 

Esta última constitución es la que rige actualmente en Chile y consolida, desde el punto de vista de la legalidad, el desarrollo del proyecto neoliberal, que luego se extenderá por toda la región. Dentro de los principios fundamentales de esta carta está la privatización de los bienes y servicios de la nación. Salud, educación, vivienda, agua, minerales y pensiones, terminaron siendo las joyas de la corona para la élite empresarial del país y para el capital transnacional que se han enriquecido por más de 40 años a costa del trabajo, los derechos y los recursos de la población.

La del 80 también es una constitución que ha negado los derechos a los pueblos originarios de Chile, derecho a su territorio ancestral, a su cosmovisión y sus prácticas. Dicha negación institucional dio pie para que los gobiernos represivos y autoritarios de la virtual democracia chilena los constituyera como enemigo interno, al fiel estilo de la Doctrina de Seguridad Nacional norteamericana, provocando una permanente persecución, estigmatización y judicialización del pueblo Mapuche tanto en sus territorios como en cualquier espacio del territorio nacional en el que hagan presencia para visibilizar y luchar por sus derechos colectivos e individuales.

La actual constitución de Chile está preparada para responder de manera violenta a cualquier proceso de construcción política que atente contra los privilegios de las élites. Lo hemos visto a lo largo de este siglo XXI en el que los conflictos sociales han sido tramitados desde el Estado por la vía armada. Militares en las calles defendiendo a las élites es comprensible en la medida en que ellos mismos hacen parte de ese espacio de privilegiados. Basta con analizar el régimen diferenciado de pensiones y salud que los acoge y que se parece más a las estructuras europeas que a los pírricos servicios a los que se ve sometida la mayoría de la sociedad. Así mismo la cuestionada Ley del Cobre que les entregó a los militares millones de dólares y que podían ser usados bajo el concepto de “gastos reservados”. Son estos elementos los que han construido una brecha entre la ciudadanía y las fuerzas militares quitándole legitimidad a estas últimas.

Apruebo por un nuevo Chile

La histórica jornada que se llevará a cabo este 25 de octubre tiene como protagonistas a las clases populares, a los movimientos y organizaciones territoriales, a las y los jóvenes que encendieron la llama y que volcaron sus esfuerzos para realizar las transformaciones necesarias y urgentes que el actual contexto requiere. 

Se trata de una jornada en la que se ponen en juego la continuación del modelo neoliberal de exclusión o un nuevo sistema político en el que estén representadas y representados en paridad hombres y mujeres, clases populares, juventudes, pueblos originarios y disidencias sexuales, a través de una convención constitucional que tendrá su primera prueba de fuego el próximo domingo en donde se votará si se quiere reformar la constitución y bajo que metodología. 

Dentro de la aprobación se diferencian dos modalidades: una convención “mixta”, eufemismo que busca confundir a las y los votantes, en la que se propone que dicha convención esté representada en un 50% de miembros del actual parlamento y otro 50% de ciudadanos del común. Está propuesta tiene de trasfondo la posibilidad de cambiar la constitución, pero con el riesgo de que no se hagan cambios sustanciales, de mantener los privilegios de la clase política y de las élites y de que no queden representados la totalidad de los sectores sociales y políticos.

Por otro lado, está la modalidad de aprobación con Convención Constitucional, en la que todas las personas que participen en ella sean elegidas popularmente por cada uno de los sectores sociales que componen la sociedad chilena. De esta forma se garantizará no solo la equidad de género, sino también que los sectores históricamente excluidos puedan tener voz y voto en la nueva carta que guiará el destino de millones de ciudadanos en las próximas décadas.

De esta forma, el pueblo chileno, victorioso desde ya por su resistencia, tenacidad y capacidad de presión, sentará las bases de otro paradigma en las históricas resistencias del continente que, como Cuba, Venezuela y Bolivia, tendrán la posibilidad de construir otro mundo posible y necesario.

*Integrante de Marcha Patriótica Capítulo Argentina