Los “okupas” de San Isidro: un grupo empresario explota terrenos fiscales y debe $27 millones

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), dirigida por Cristian Girard, intimó a un grupo empresario que ocupa terrenos fiscales «por no pagar el canon de ocupación de esas tierras fiscales», ubicadas en San Isidro. Las empresas explotan comercialmente un predio de 20 mil metros cuadrados, y tienen una deuda desde 2018 que llegó a los $27 millones.

Según explicó Cristian Girard, son “tierras ganadas al río, propiedad del Estado bonaerense. Se trata de un lugar con una vista privilegiada, donde funcionan locales gastronómicos y un autocine”. El titular de ARBA destacó que intimaron a los responsables “porque no están pagando el canon correspondiente”, y aseguró que “tienen un plazo de 30 días para hacerlo o la Provincia iniciará las acciones judiciales de cobro».

“Estos emprendimientos son positivos porque potencian la actividad económica y la gente disfruta de la gastronomía y el cine en un entorno privilegiado. Pero quienes explotan el lugar deben cumplir con la normativa vigente, en San Isidro o en cualquier otra parte de la provincia de Buenos Aires”, agregó Girard en sus redes sociales.

El grupo empresario está conformado por distintas sociedades, de las cuales algunas se encuentran en deuda con el Estado provincial desde que iniciaron las explotaciones comerciales en el año 2018. Otras de las empresas, como el bar y cafetería que funciona en el lugar, tienen deudas desde el año 2019. 

“Es tierra de las y los bonaerenses, y es justo que por usarla se deba retribuir al Estado para que esos recursos puedan volver a toda la sociedad, en forma de obras e inversión en salud, educación, seguridad y mejores servicios públicos”, añadió Girard.

Los entornos no privilegiados

Mientras la ARBA intima a los grandes empresarios de zona norte, en Guernica, el otro extremo del Área Metropolitana de Buenos Aires, cientos de familias esperan que la Policía Bonaerense los desaloje esta semana de los terrenos en donde viven. Aunque 552 familias negociaron su retiro a cambio de asistencia estatal -según lo confirmó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque- el resto de las familias resistirán el desalojo.

El gobierno provincial les prometió a quienes firmaron la negociación que a largo plazo se les otorgarán tres mil lotes con servicios para aquellas familias de Presidente Perón que puedan demostrar que lo necesitan. “Hay una orden de la Justicia de desalojar y hay que cumplirla. Queremos que sea con el menor daño colateral posible”, dijo días atrás la ministra de Gobierno, Teresa García, quien forma parte junto a Larroque y el ministro de Justicia Julio Alak del equipo que dispuso Axel Kicillof para intentar destrabar el conflicto.

Mientras que las empresas millonarias continúan generando riquezas con la explotación de terrenos fiscales sin siquiera levantar sospechas, las familias de Guernica fueron sistemáticamente atacadas y estigmatizadas tanto por los medios de comunicación, como por los mismos funcionarios del gobierno. Los organismos de Derechos Humanos que acompañan la lucha, solicitaron al gobierno que se busque una solución que resuelva el déficit habitacional preexistente, y así garantizar el derecho a la vivienda  y evitar un desalojo violento de aquellas familias que no tienen a dónde ir.