Jueces aseguraron que el protocolo ILE es «un manual de salvajadas inhumanas»

Los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi nuevamente fueron noticia por declaraciones sus medievales. Ambos magistrados fueron apartados de la causa de Luz Aimé Díaz en marzo de este año por haber fallado sin perspectiva de género, además de que no reconocían la identidad de la acusada, violando la Ley 26.743. En el año 2018 fue anulado un fallo firmado por ambos, en el que aseguraban que una menor de 15 años no había sido abusada porque «no opuso resistencia» cuando podría haberlo hecho.  

En esta oportunidad, los magistrados denunciaron a los organismos y funcionarios que le garantizaron un aborto seguro a una niña de 13 años, quien tuvo un embarazo producto de las violaciones de su hermanastro. Calificaron al protocolo para la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) como “un manual de salvajadas inhumanas”, y aseguraron que los médicos son “sicarios” y “asesinos a sueldo”.

Estas declaraciones se conocieron en el marco de un fallo firmado el 24 de septiembre por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8, dirigido por el juez Alejando Señudo, el mismo magistrado que le otorgó a Luz Aimé Díaz su absolución y libertad. En el marco de esta causa, un hombre de 30 años fue acusado por el homicidio de otra persona y por las reiteradas violaciones a su hermanastra de 13 años, según la información a la que accedió Página 12.

El Tribunal condenó al acusado a 35 años de prisión por ambas causas. Los abusos comenzaron cuando su hermanastra tenía entre 5 y 6 años. Según relató el juez Señudo, “la última vez fue en la casa de él, y que esa última vez, al contarle que se había quedado embarazada, él le dijo que se encontraban en la plaza ‘para poder sacárselo’, y ahí le agarró miedo porque le dijo que apagara el celular y no le dijera nada a su madre, que saliera de su casa encapuchada. Fue entonces que le agarró miedo, no pudo aguantar, pensando lo que iba a sufrir su madre y fue allí que le contó a su tía”.

Finalmente la menor, luego de ser acompañada por su madre y su tía a hacer la denuncia, pudo acceder a un aborto seguro. Todos estos hechos fueron constatados y respaldados por la justicia, ya que una de las causales del protocolo por la Interrupción Legal del Embarazo en la Argentina contempla a los embarazos producto de abusos. Sin embargo, el juez Anzoátegui decidió en su voto hacer un “excursus acerca de la muerte de una niña”.

“Diversos agentes estatales han colaborado, directa o indirectamente, con la comisión de un delito de similar o mayor gravedad que los crímenes que le merecieron al acusado treinta y cinco años de prisión”, indicó el magistrado, refiriéndose a los hechos que antes había calificado de “horrendos, incalificables, inauditos”.

“La niña fue llevada a un hospital público para que estos médicos mataran a su hijo”, agregó Anzoátegui, acusando a los profesionales de la salud de “sicarios” y “asesinos a sueldo”. “El mundo moderno, la ideología dominante y los poderosos de la tierra promueven el homicidio prenatal como un modo de reconocer el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo”, agregó. El juez Rizzi adhirió a sus votos.

Días atrás, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, había destacado la necesidad imperiosa de que se aplique la Ley Micaela en el Poder Judicial. «Se precisa una reforma en la Justicia sobre temas de género, es muy difícil acceder allí para mujeres y personas del colectivo LGBTI», dijo. «Todos los poderes hacen capacitaciones que no hace la Corte, y debería hacerlas, porque lo dice la ley y porque debe dar el ejemplo como cabeza del Poder Judicial», añadió.