Diputados ratificó el Acuerdo Regional de Escazú

Durante la madrugada del viernes, en la Cámara de Diputados se aprobó la adhesión al Acuerdo Regional de Escazú, con  240 votos positivos, 4 negativos y 2 abstenciones. El tratado fue nombrado formalmente por las Naciones Unidas como Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Aunque la adhesión a este tratado internacional significa un gran paso en términos de desarrollo de políticas ambientales, aún falta que un país más lo ratifique para que entre en vigencia. El proyecto ya contaba con media sanción del Senado.

«La ratificación de este instrumento era una deuda pendiente en el acceso a derechos en materia ambiental”, celebró el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien también celebró la activa militancia y compromiso de los movimientos ambientalistas.  «Con Escazú, como sucedió con la ley de cambio climático, cumplimos con una demanda muy justa y creciente de la sociedad y de los jóvenes en particular”, agregó. Por su parte, el cofundador de Jóvenes por el Clima, Eyal Weintraub, destacó: «Si bien fue promovido por la CEPAL en su armado tuvo muchísima participación ciudadana, eso es único».

“El Acuerdo de Escazú no es una solución mágica, pero si nos lo apropiamos y lo usamos como herramienta para exigir por nuestros derechos puede ser un gran paso para crear un nuevo paradigma de democracia ambiental más inclusivo y justo”, agregó Nicole Becker, otra de las cofundadoras de Jóvenes por el Clima, en su exposición en la Cámara de Diputados. 

¿De qué se trata el Acuerdo de Escazú?

Con la ratificación en Diputados, Argentina se convirtió en el décimo país en confirmar su adhesión al tratado. El Acuerdo involucra a los 33 países que integran América Latina y el Caribe. Para que efectivamente entre en vigencia, se necesita que al menos 11 lo ratifiquen. Ya lo hicieron Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.

El tratado tiene como objetivo “garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados”, refiriéndose a los asuntos ambientales.

Con la aplicación del tratado, todos los Estados implicados y firmantes deberán no sólo garantizar el acceso a la información, sino que también deberán asegurarse de que la ciudadanía participe de las decisiones ambientales, que las mismas personas puedan acceder a la justicia, además de que se proteja a los defensores ambientales. Este último punto se destaca, en un contexto donde Latinoamérica ocupa el primer lugar en todos los niveles de riesgo para las personas que desean proteger el ambiente, según la ONG Global Witness.   

“Esto es un cambio de paradigma; un nuevo paradigma de democracia ambiental se viene a establecer en América Latina a partir de este proyecto de ley, y es el primer paso que damos en esa dirección”, destacó el diputado del Frente de Todos León Grosso en su intervención.