24 septiembre, 2020
Ordenan la detención del ex presidente Rafael Correa
El máximo tribunal ecuatoriano ordenó la captura del ex mandatario y otros ex funcionarios de su gestión condenados en abril por la causa Sobornos (2012-2016).
El tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador, que sentenció en primera instancia el caso Sobornos (2012-2016), ordenó este miércoles la localización y captura del ex presidente Rafael Correa.
En abril último, el ex mandatario, junto a su ex vicepresidente Jorge Glas, fueron condenados a ocho años de prisión, ambos acusados de delitos de corrupción. El fallo además les imposibilita participar en política por 25 años.
La sentencia se dio en el marco de la mediática causa “Sobornos 2012-2016” que se originó en abril del año pasado a raíz de una denuncia periodística del portal La Fuente. Según la Fiscalía, entre 2012 y 2016, un grupo de funcionarios de la Presidencia tenían un sistema de financiación paralela para recolectar aportes clandestinos de empresarios para el partido oficialista Alianza País. El dinero recaudado, unos siete millones de dólares, se habría utilizado en la campaña para la reelección del ex mandatario en 2013.
El juez Iván León, tras ratificar que el proceso se encuentra «ejecutoriado» o «en firme», dispuso que se cursen los oficios respectivos a las autoridades policiales para la «inmediata localización y captura» de los sentenciados.
«Se dispone que, por Secretaría -en el transcurso de este día- se cursen los oficios correspondientes, tanto al Comandante General de Policía, como al Jefe de la Policía Judicial, para su inmediata localización y captura (de los sentenciados)», dijo una notificación del Tribunal de Juzgamiento de la sentencia por el caso Sobornos 2012-2016.
El Tribunal también precisó cómo deben cumplirse las medidas de reparación simbólicas que deben cumplir los sentenciados. Por ejemplo, la expresión de disculpas públicas se hará en la Plaza de la Independencia en Quito. Todavía está por fijarse el día y la hora.
A su vez se solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la pérdida de derechos políticos de todos los sentenciados por un tiempo igual a la condena a prisión.
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