De policías, democracias y la necesidad de un proyecto de seguridad popular

Guadalupe Santana* y José Cordeiro**

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Las protestas de la semana pasada protagonizadas por la policía bonaerense que pusieron en vilo a toda la sociedad, especialmente por su despliegue en la entrada de la Quinta de Olivos, abrieron una serie amplia de discusiones: ¿En qué medida se trató de una intentona desestabilizadora azuzada por la oposición? ¿Existe un malestar real en las bases de la fuerza respecto de las condiciones laborales? ¿Debemos discutir la sindicalización de la policía para evitar su uso instrumental por parte de las derechas en la región? ¿Es momento de disputarle a esos sectores la cuestión de la “seguridad”?

En esta nota aportamos nuestra lectura de los hechos como parte de la militancia sindical y popular a la vez que presentamos algunos ejes propositivos para pensar una agenda securitaria de la izquierda.

Los acuartelamientos: reponer una mirada compleja

Para responder a las dos primeras preguntas formuladas más arriba podemos decir que las protestas tuvieron los dos componentes. Por un lado, pusieron en evidencia un malestar real de los efectivos como respuesta a un deterioro salarial palpable en un contexto de incremento de tareas. Un básico muy magro y complementos variados que en épocas de aislamiento se ven afectados (como las horas Polad, cobradas por trabajar en eventos masivos como partidos de fútbol o recitales, o la afectación de las recaudaciones clandestinas que pasan a formar parte de las cajas y se distribuyen en toda la jerarquía). Se trata de una precarización de larga data que viene de la mano de la inflación punitivista frente al problema de la inseguridad ciudadana: más policías, más patrulleros, más cámaras, etc, contratados de manera precaria por el Estado en tiempos de neoliberalismo, que llevó a algunos especialistas a hablar de la “inseguridad laboral armada”. 

Ahora bien, aún con este escenario, es posible pensar que detrás de los acuartelamientos haya habido quienes desde la oposición política los instigaron y/o no hicieron nada por impedirlos. Basta recordar los dichos de Florencia Arietto, la asesora de la ex Ministra de Seguridad, quien días antes en una entrevista televisiva del canal TN, decía que en esa fuerza se estaba gestando una movilización por el reclamo salarial. Por su parte, a fines de agosto, Eduardo Duhalde había vaticinado un escenario golpista en una entrevista de América TV que le valió un amplio repudio social. No es descabellado que ambas figuras, con contactos en la fuerza bonaerense por sus trayectorias políticas, estuvieran al tanto de la organización de la protesta y no hicieran nada por desbaratarla sino todo lo contrario. 

Por otro lado, no fueron pocos los voceros de las protestas rápidamente identificados como militantes de Juntos por el Cambio y actores que se negaban a negociar cuando la mesa estaba abierta, evidenciando una radicalización más política que gremial.

A su vez, la decisión política de dirigirse a la Quinta de Olivos, cuando el reclamo era hacia la gobernación provincial, mostró a las claras la intención de nacionalizar el conflicto en un intento desestabilizador del gobierno nacional. 

Una deuda de la democracia

¿Qué elementos nos permite extraer esta lectura que intenta reponer tanto las cuestiones de fondo como las de la coyuntura política?

En primer lugar, que en un contexto latinoamericano de fuerte impugnación de las derechas hacia el sistema democrático (pensemos tan sólo en el golpe de Estado en Bolivia, la detención de Lula para permitir el ascenso de Bolsonaro y las más recientes proscripciones a Evo y a Correa) resulta correcto que hechos como los ocurridos convoquen al más amplio repudio por parte del sistema político, de las organizaciones de Derechos Humanos y del campo popular en su conjunto. Y lleven a reafirmar y demostrar la más amplia defensa de la democracia. La contraofensiva neoliberal en la región exige que seamos rápidos de reflejos porque es claro que la derecha está midiendo sus fuerzas en todo el continente. 

En segundo lugar, que es urgente la tarea de democratización de las fuerzas de seguridad. Esto no sólo representa una deuda de la democracia por las continuidades que se arrastran desde la última dictadura militar y forman parte de la propia cultura institucional sino que implica tener en cuenta una composición nueva en términos generacionales que requiere de una profesionalización y formación en materia de derechos humanos. Como así también en  prevención de la violencia institucional, el gatillo fácil y la desaparición y asesinato de pibes de las barriadas, como recientemente ocurrió con Facundo Astudillo Castro. Es urgente que deje de pensarse en figuras como las de Berni, más orientada al espectáculo mediático que al trabajo concreto, para estar al frente de esas fuerzas.

Esta segunda tarea, además, reviste una urgencia específica si tenemos en cuenta el escenario continental que describimos. Más que un debate sobre sindicalización sí o no, que consideramos insuficiente y hasta contraproducente si no se inscribe en un proceso más general, debemos hablar de democratización de la fuerza, la cual incluye instancias mínimas de canalización institucional de las problemáticas específicas. 

Ahora bien, existe una tercera tarea que abarca a las anteriores y por ende representa un desafío aún mayor, que es la de pensar un proyecto de seguridad de la izquierda popular que pueda, sino disputarle al menos discutir la unicidad de los discursos punitivistas y securitarios neoliberales. 

Una agenda securitaria por y para nuestro pueblo

Como consecuencia del neoliberalismo, la violencia social, vinculada o no al delito convencional sobre la propiedad, se ha expandido bajo nuevas formas, afectando especialmente a las clases populares.  De modo que a la violencia sistémica que implica la desocupación, la precarización laboral y el aumento incesante de la carestía de la vida se le agrega la denominada inseguridad, muchas veces acrecentada y/o coordinada por el accionar policial.

Por esta razón, y sin dejar de comprender la función estructural de las policías como instrumentos de la dominación capitalista, quienes deseamos la transformación social en un sentido de liberación debemos comprender que el rechazo a la función represiva no puede ser la única política. No intervenir críticamente en la gestión de la seguridad equivale a regalar esta definición a los sectores conservadores y las clases dominantes. 

Debemos esforzarnos en pensar la seguridad en términos de la protección de la pequeña propiedad privada familiar y comunitaria de los sectores populares, la que garantiza la materialización del derecho al acceso a la vivienda y el orden mínimo esperable por quienes viven de su trabajo para desarrollar sus vidas dignamente. 

Desde una perspectiva de la izquierda popular, la seguridad comprende la previsibilidad respecto del acceso a la salud, a la alimentación saludable, a la educación, en resumen, la seguridad popular consiste en garantizar el acceso a los derechos humanos y sociales, razón por la cual es necesario incorporarla en la discusión como un derecho más. 

Hasta hoy, las variantes socialdemócratas han planteado la noción de seguridad ciudadana como una acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y las organizaciones populares, destinada a asegurar su convivencia y desarrollo pacífico, la erradicación de la violencia, el usufructo de los espacios públicos y, en general, implementar una mirada preventiva de delitos contra las personas y bienes. Se trata de un conjunto de acciones democráticas en pro de la seguridad de les habitantes ajustadas a derecho, especialmente a los derechos humanos. 

Debemos avanzar en una definición ampliatoria de seguridad popular como vehículo para mejorar la  calidad de vida de los sectores populares en su cotidianidad. Esto puede tener que ver con exigir y monitorear el accionar de la propia policía. Prevención y control son tareas que las organizaciones populares pueden encarar (de hecho, muchas de ellas ya lo hacen aunque sin el reconocimiento estatal) y el Estado debe incorporarlas. Los sectores populares organizados deben intervenir en la promoción de derechos contra la violencia institucional y asumir la tarea de propaganda tendiente a instalar el profesionalismo y el apego a los protocolos contra los abusos como una demanda popular. 

Otro de los puntos debe ser la formación de las policías en materia de derechos humanos desde un enfoque feminista, para las problemáticas externas e internas. Difícilmente una fuerza que sostiene la desigualdad de género y los abusos en su interior pueda proveer una política respetuosa de las personas hacia afuera.  

Por otra parte, existen propuestas para discutir o promover respecto de la intervención de veedores civiles en las comisarías, espacios de acceso a la justicia y defensoría del pueblo en los barrios y la división de las tareas policiales en cuerpos independientes: prevención vecinal y territorial, intrafamiliar y de género, investigación criminal, etc. como modo de que no sean las mismas policías, con el mismo poder disuasorio de las armas, quienes se ocupen de conflictos que no lo requieren. 

*Sec. de Juventudes de AEJBA **Sec. de Prensa SUTEPA-Capital