Nacionales

10 septiembre, 2020

Yo te avisé

El lunes 16 de diciembre de 2019, Eduardo “Wado” De Pedro recibió en su despacho a Horacio Rodríguez Larreta y le anunció el recorte de una parte de los fondos coparticipables. Desde entonces, el tema siempre estuvo sobre la mesa.

Federico Dalponte

@fdalponte

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El problema para la Ciudad no fue la sorpresa, sino la plata. Ningún distrito quiere ceder recursos, ni siquiera los más pudientes. El debate tiene dos siglos, y sin embargo todavía la centralidad de Buenos Aires genera antipatías en el resto de las provincias: sólo así se explica que 19 gobernadores hayan avalado con su firma la reasignación de fondos dispuesta por Alberto Fernández.

La Constitución, que entiende de estos temas, se esmera y postula que hay que “promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo” del país. Y suena sensato. El principio común indica que Formosa y la Ciudad de Buenos Aires deberían ofrecer condiciones de vida igualmente dignas. O al menos intentarlo.

Para ello, como solución, la coparticipación de ciertos tributos: lo que se paga en Jujuy, Catamarca, Neuquén o La Pampa va a parar a un fondo común que luego se distribuye con criterios de equidad. Pero nunca, como se sabe, alcanza para contentar a todos.

Por eso, en parte, es que el sistema funciona desde hace décadas con parches desactualizados y a la espera de una ley definitiva. La famosa ley imposible: una en la que las 24 jurisdicciones estén de acuerdo. Es decir, una ley que, según la Constitución de 1994, demanda el acuerdo mayoritario de los 1.500 legisladores que hay en la Argentina, entre nacionales y provinciales.

En ausencia de esa ley imposible, mientras tanto, los fondos coparticipables se dividen bajo los criterios que estableció una ley de 1988, cuando todavía la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego no existían como territorios autónomos. Así, para estas dos jurisdicciones rige la arbitrariedad presidencial: es el gobierno nacional el que decide cuánto les gira.

Por tanto, primera conclusión importante: el decreto de Alberto Fernández estuvo dentro de sus facultades jurídicas. Cualquiera podría tacharlo de injusto, antipático, imprudente, pero no de inconstitucional.

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El segundo punto relevante es que, con todo, existen principios básicos de común acuerdo. Por caso, nadie –o casi nadie– puede pensar que las provincias ricas deban quedarse con todo lo que producen y condenar a otros distritos al cadalso. Y nadie –o casi nadie– puede pensar que la coparticipación implica un esfuerzo parejo entre aquellos desparejos.

Sin embargo, y ante lo obvio, a menudo se insiste. Se dice, por caso, que la ciudad de Buenos Aires recauda el 22% de los ingresos coparticipables y que recibe apenas una décima parte de aquello. Y qué injusto, qué desequilibrio, qué ingratos son los correntinos y correntinas, que se aprovechan de la Capital Federal.

Y sí. Los recursos coparticipables lo son, precisamente, para permitir un desarrollo equilibrado entre las diversas regiones: los que tienen más solventan, socorren, ayudan a los que tienen menos. De otra forma, sería tan fácil como organizar el sistema fiscal sólo con recaudaciones provinciales y que cada distrito se arregle por las suyas. Pero no.

En ese cuadro, el punto de coparticipación de la discordia es casi un evento risible. Durante quince años la ciudad de Buenos Aires creció y se desarrolló con el 1,40% de coparticipación. Y desde ahora, decreto mediante, ese valor será de 2,32%. En el ínterin, la única anomalía fue la llegada del partido porteño PRO al gobierno nacional, que aprovechó su estadía en Casa Rosada para llevar esa coparticipación histórica del 1,40% al 3,50%.

Se dirá –con algo de razón– que ese dinero de más servía para costear el funcionamiento de la policía, tal como señala la Constitución: no puede haber transferencias de funciones sin los recursos necesarios. Y suena atendible. Lo que puede debatirse, en todo caso, es cuánto cuesta mantener a la policía y cuánto corresponde, por tanto, transferirle a la Ciudad.

Lo cierto, en ese sentido, es que la fijación del monto corre formalmente por cuenta de Nación y al gobierno federal le basta con un decreto simple para fijar, en más o en menos, ese porcentaje, siempre que sea razonable. Tal como lo hizo Mauricio Macri en 2016 y como ahora lo hace un nuevo presidente. Siempre –vale insistir– que el monto sea razonable.

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Y tercer punto: en este entuerto jurídico, «razonable» significa que debe haber concordancia entre medios y fines; o dicho de otro modo: que el monto transferido desde Nación a Ciudad debe ser suficiente para afrontar los gastos de funcionamiento de una fuerza policial. Lo cual no implica, desde luego, que el gobierno porteño no pueda sumar recursos adicionales propios para –además– comprar mejores patrulleros, pagar salarios más altos o incorporar tecnología.

De hecho, ese es el punto neurálgico. Nación dice que los fondos transferidos alcanzan para afrontar los gastos propios de una policía. Ciudad, en cambio, dice que no, que el gobierno porteño gasta bastante más para mantener a sus fuerzas. Y está muy bien que así sea: la ciudad de Buenos Aires puede gastar más, muchísimo más, gastar el doble o el triple si quiere. Lo debatible, en tal caso, es si esos gastos por demás deben ser afrontados por Nación –léase: por todos los argentinos y las argentinas– o si alcanza con que el gobierno nacional transfiera a la Ciudad no más que lo necesario.

En cualquier caso, la acción judicial de Larreta ante la Corte Suprema tiene por objeto discutir esa racionalidad: dirá, en tal sentido, que la plata no le alcanza, que es poco, que necesita más; pero no podrá decir que la decisión del gobierno nacional lo tomó por sorpresa o que el Presidente no tiene facultades para decidir sobre esos recursos.

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