10 septiembre, 2020
Causa peajes: a pesar de la pruebas anularon los procesamientos de Dietrich, Dujovne, Iguacel y Saravia Frías
Con los votos de los jueces Martín Iruruzn y Leopoldo Bruglia, la Cámara Federal porteña declaró la «nulidad» de los procesamientos a los cuatro ex funcionarios macristas procesados en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste, entre 2016 y 2018. Los magistrados no se refirieron a los delitos imputados ni a los hechos investigados.
Por falta de acceso a la prueba, la Cámara Federal porteña la «nulidad» de los procesamientos al exministro de Transporte Guillermo Dietrich; a su par de Hacienda, Nicolás Dujovne; al exministro de Energía Javier Iguacel; y al exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018.
La decisión fue adoptada por la sala II del tribunal de apelaciones, con los votos de los jueces Martín Iruruzn y Leopoldo Bruglia. Ambos argumentaron que, cuando esos exfuncionarios fueron indagados por el ahora jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral, no se les permitió el pleno acceso a la prueba que había en su contra.
Días antes de que Macri asumiera la jefatura del Estado, Ausol -empresa histórica del grupo familiar- presentó una demanda al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por más de 1.100 millones de dólares por supuestos retrasos tarifarios, pero que en realidad, para los denunciantes, sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020.
A pesar que no hubo ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol, y descartando las defensas que podían alegarse ante el CIADI, Dietrich e Iguacel decidieron arreglar por 499 millones de dólares.
En su momento, el diputado Tailhade sostuvo que “esos 500 millones de dólares fueron repartidos entre la empresa y los funcionarios”, y que la presentación ante el CIADI “sólo operó como fachada para justificar un pago que no podía tener respaldo legal ni económico de ningún tipo”.
Para el juez Canicoba Corral, los funcionarios del gobierno de Macri “actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas”, lo que “generó un perjuicio económico al erario público, producto de un actuar doloso”.
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