Batalla de Ideas

7 septiembre, 2020

Panorama político: entre la expansión de la pandemia y la intensificación de la confrontación

Las últimas semanas marcaron cambios importantes en la coyuntura argentina. Se registró un incremento de las tensiones sociales fruto de la agudización de la crisis económica. En lo que sigue proponemos algunas coordenadas para analizar una situación que está en pleno desarrollo.

Las últimas semanas marcaron cambios importantes en la coyuntura argentina. Se registró un incremento de las tensiones sociales fruto de la agudización de la crisis económica. Y se profundizó la estrategia de confrontación que se viene desplegando desde un bloque opositor compuesto por sectores corporativos de mucho peso, ante lo cual el oficialismo respondió con una serie de movimientos que de conjunto lo llevaron a recuperar el centro de la escena. 

Una mirada en detalle de las acciones y estrategias de los principales actores que marcan el ritmo de la realidad nacional permite apreciar los intereses que están en juego y los dilemas y desafíos que tienen por delante. En lo que sigue proponemos algunas coordenadas para analizar una situación que está en pleno desarrollo y dejamos planteadas algunas perspectivas posibles de cara al futuro próximo. 

La pandemia y sus efectos

La pandemia de coronavirus sigue registrando récords de contagios y fallecimientos. La situación en el AMBA -que venía presentándose como controlada- es de una gran fragilidad. Algunas provincias muestran situaciones de colapso y en otras, en las que la pandemia estuvo controlada durante meses, se produjeron picos de contagios preocupantes. No debería sorprender si en las próximas semanas las autoridades nacionales anuncian un endurecimiento de las medidas de aislamiento. Por su magnitud y peso político específico, en el AMBA se juega buena parte del capital político del oficialismo, y del presidente Alberto Fernández en particular. Pero, paradójicamente, también de la figura de la oposición con mejor imagen en la actualidad, como es Horacio Rodríguez Larreta. 

La crisis económica a nivel global ya es una realidad palpable. Si bien hay indicios de que se transitaron los meses más críticos en cuanto al parate de la actividad, las proyecciones más pesimistas indican que la economía argentina sufrirá este año una caída que rondará el 9% (un derrumbe comparable al que se dió en 2002). Además, en el caso argentino hay que tener en cuenta que entre 2016 y 2019 el producto se contrajo otro 4%. En ese marco, el Gobierno Nacional mantuvo -con los mismos montos que al inicio de la cuarentena- las principales herramientas de asistencia a trabajadores y empresas (IFE, ATP, Créditos a tasa cero para trabajadores autónomos) y amplió el presupuesto un 33%, previendo que el 80% será destinado a programas sociales, laborales y productivos. De todos modos, la proyección de los fondos destinados a hacer frente a la crisis económica y sanitaria ronda el 2% del PBI, o sea muy lejos de lo que se va a perder y también por debajo de la masa de recursos que otros Estados, tanto de países centrales como latinoamericanos, terminarán inyectando en sus economías. 

Las disputas crecientes entre dos bloques sociales principales 

Las expectativas acerca de que la pandemia y la existencia de un gobierno recién asumido iban a generar un marco de menor polarización y más concertación fue dejando paso a una lógica de disputas crecientes en diversos frentes. Luego de un primer momento (corto) caracterizado por el consenso generalizado en torno a las medidas de emergencia, la extensión de las medidas de aislamiento, la agudización de la crisis económica y el cansancio generado en la población, dieron lugar a un escenario caracterizado por la confrontación, en el que se perfilan dos grandes bloques. 

De un lado, un conjunto de actores que convergen en un bloque opositor -con su pata mediática, política, judicial y empresarial-, que si bien no tienen necesariamente una estrategia clara a futuro, comparten el objetivo inmediato de desgastar y debilitar al gobierno del Frente De Todxs. No les sirve un gobierno que acumule más legitimidad y que amplíe sus bases de sustentación ni un Estado con mayor capacidad de acción, capaz de imponer medidas reparadoras y de ampliar derechos. Esos sectores están resueltos a cumplir con ese propósito, sin importar que el país está transitando una crisis sanitaria ni que enfrente tienen a un gobierno que transita el tramo inicial de su gestión y que ha hecho gestos claros de querer evitar una confrontación directa. 

Hay que tener en cuenta que durante el gobierno de Macri, los sectores dominantes locales trabajaron afanosamente para imponer cambios mucho más profundos de los que lograron imponer, pero que sí avanzaron en muchos aspectos. El contexto regional y global es actualmente más favorable a esos intereses que a un proyecto distributivo y de ampliación de derechos. A eso hay que sumarle que el escenario de cuarentena ha sido más propicio para que se exprese una minoría intensa, identificada culturalmente con un paradigma excluyente y elitista, que por momentos puede ampliarse al contactar con el descontento que genera el empeoramiento en las condiciones de vida de las mayorías. 

En términos políticos, la oposición sigue fragmentada en relación a sus liderazgos, pero su fracción más dura está envalentonada. Hay muchos factores que operan en este campo. Las causas judiciales que implican a funcionarios del anterior gobierno e involucran cada vez más a Macri son un elemento de división y además una razón para entender los niveles de confrontación que promueven los sectores más identificados e identificables con la gestión pasada. A la disputa evidente por encabezar a la oposición por derecha al FDT, que llevará a conflictos inmediatos de cara a las elecciones de medio término, se suma la cuestión de cuál es la estrategia política más adecuada para estos sectores: polarizar al máximo o ganar espacio a partir de mostrar logros de gestión local y disposición al diálogo. En cualquier caso, a pesar de su derrota digna en octubre pasado, la figura de Macri dejó de ser la prenda de unidad entre moderados y radicalizados.  

En el polo opuesto, el gran bloque social articulado en torno al FDT -que articula lo que sería por ahora una “mayoría silenciosa”- ha quedado limitado en su capacidad de acción. En gran parte porque tuvo que concentrarse en tareas de asistencia y contención de la crisis sanitaria y socio-económica. Las medidas de aislamiento hacen muy difícil visibilizar los niveles de respaldo y mucho más hacer cualquier tipo de demostración de fuerza en la calle. También existe una dificultad muy palpable para trabajar sobre los logros de las políticas gubernamentales cuando se trata de un cuadro que a lo sumo es menos malo que el de otros países. En concreto, hasta principios de agosto, el polo que encabeza el oficialismo  transitó meses de empantanamiento. Para que eso pase se combinaron errores, incapacidades y falta de homogeneidad, con la capacidad mostrada por ese bloque opositor para imponer condiciones e incluso para gestar acciones públicas que imponen agenda. Durante ese período hubo varios momentos en los que el Gobierno quedó directamente a la defensiva. Las marchas y contramarchas con Vicentín constituyen la máxima expresión de esa situación, pero no el único episodio significativo. 

Los bloques que mencionamos expresan además, aunque no siempre de un modo directo y coherente, dos grandes orientaciones para salir de la crisis económica. Una apuesta a reforzar el perfil exportador (agronegocios más otras actividades extractivas), que requiere de más apertura económica y una mayor flexibilización laboral, para crecer y luego “derramar”. La otra pone el eje en la generación de empleo y la reactivación del mercado interno, de la mano de una intervención estatal que acompañe ese proceso con medidas proteccionistas y distribucionistas.   

En todos los frentes 

Más allá del margen de incertidumbre que arroja la actual crisis, está claro que asistiremos a varios meses de profundización de los efectos recesivos. En un marco social y político de crecientes disputas, la dinámica económica local está atravesada por múltiples tensiones. Desde el comienzo de la cuarentena, los sectores del capital pugnaron por resignar sus ganancias lo menos posible. Lo que se traduce en suspensiones, caída de salarios y despidos. La pobreza entre los asalariados formales y, sobre todo, informales creció fuertemente. Según los números del INDEC, las medidas gubernamentales acotaron el proceso de pérdida de puestos de trabajo al inicio de la cuarentena, pero todo parece indicar que cuando esos números se actualicen mostrarán un salto importante en los meses posteriores. 

En tanto, el cierre de los mercados de exportación es un factor clave para entender la recesión a escala nacional. Las exportaciones en julio de este año cayeron el 16% respecto a 2019. Una contracara de ese derrumbe es la actual presión por la devaluación del tipo de cambio, que no solo aporta un factor de inestabilidad política y abre la puerta a un nuevo shock distributivo regresivo, sino que además explica buena parte del alza de precios domésticos. 

La inflación muestra signos de amesetamiento, pero es un problema latente en un marco de recesión y caída del consumo. La mayoría de los sectores que viven de su trabajo vio mermar sus ingresos en estos meses. Con solo un 20% de las paritarias actualizadas, se abre un signo de incertidumbre sobre la viabilidad de ese esquema de ingresos en un país donde el peso de lxs trabajadorxs con convenio es significativo y abre el interrogante sobre el papel que jugarán las estructuras sindicales y sus dirigencias en los próximos meses. En el mismo sentido, ya hay signos de que el derrumbe de la economía tiene efectos más severos y transversales entre los sectores con empleo informal o que trabajan por cuenta propia. La crisis habitacional y los procesos de toma de tierras es un emergente evidente, pero obviamente no será el único. Este escenario también pondrá a prueba a las organizaciones sociales y las estructuras gremiales de la economía popular.  

Así y todo, se han dado signos de recuperación en ciertas ramas industriales. Lo que le otorga más sentido al debate urgente sobre los pilares para un modelo de crecimiento económico inclusivo, que apunte a resolver la exclusión de casi la mitad de lxs trabajadorxs del mercado laboral, los nuevos niveles de pobreza récord, y el desmembramiento del aparato productivo que Cambiemos facilitó en pos de su modelo financiero.

La reacción del oficialismo

El acuerdo por la deuda con los bonistas privados le permitió al gobierno recuperar el centro del ring después de mucho tiempo. En términos económico-financieros, como se sabe, el gobierno logró sobre todo ganar tiempo. En términos políticos, se anotó un triunfo parcial, pero triunfo al fin que acalla los cuestionamientos de la oposición y le dio sustento al relanzamiento de su gestión. Relanzamiento que tuvo sus hitos iniciales más destacables en el proyecto de reforma judicial, los anuncios de obras públicas y los programas de construcción de vivienda a escala federal, y la implementación de medidas que apuntan a atender derechos vulnerados históricamente y agravados por la pandemia (Plan Nacional contra la violencia de género, Ley de Teletrabajo, etc.).    

Sin embargo, esas condiciones políticas representaron apenas un paréntesis en una coyuntura cada vez más marcada por la confrontación sistemática desplegada desde sectores corporativos. Lo que vino después lo podemos resumir esquemáticamente. De un lado hubo continuidad e incluso profundización de la estrategia: la oposición política se negó directamente a debatir el proyecto de reforma judicial en el Congreso, los medios opositores la denostaron y una parte del Poder Judicial la rechazó preventivamente; se promueve una nueva movilización contra el gobierno para el 17 de agosto y otra más cuando se vota la reforma en el Senado; en medio de la negociación, las empresas de telecomunicaciones -con el Grupo Clarín a la cabeza- se niegan a pactar un aumento con congelamiento por seis meses.  Del lado del oficialismo, hubo signos (cuya consolidación no está dada) de una impronta distinta: avanza con la reforma judicial a pesar de las críticas y de que espacios aliados adelantan que no le darán respaldo; el presidente decreta el congelamiento de tarifas de las telecomunicaciones y redobla la apuesta al establecerlas como servicio público esencial, y sale con un discurso agresivo que pone el foco en Macri y los resultados de su gestión; una semana después de ese DNU el bloque del Frente de Todxs presenta en el Congreso el proyecto de aporte extraordinario de las grandes fortunas.   

Dilemas y desafíos ante una nueva etapa

Los niveles de respaldo a la gestión del gobierno y a la figura de Alberto Fernández siguen siendo altos, y se ubican por encima de los índices de diciembre de 2019. No obstante, el capital político construido, sobre todo, al calor de una conducción satisfactoria de la crisis sanitaria comenzará a ponerse cada vez más en juego en frentes simultáneos. El pico de la pandemia llega en momentos de una creciente relajación entre la población y con diferencias de criterio cada vez más evidentes con el Gobierno de la Caba.  La situación socio-económica y la necesidad de activar medidas para salir de la crisis dejan un margen cada vez más estrecho. A lo que hay que sumar la acción de un polo opositor que no le dará aire en ninguno de esos frentes. De ratificarse una intensificación del escenario de confrontación política,  el rol de Alberto Fernández como conductor se pondrá considerablemente en juego, en medio de una lógica que trató de evitar y para la que no fue elegido.

La diversidad es un elemento constitutivo del Frente de Todxs. La posibilidad de contenerla se juega en gran parte en el tándem conductor que componen Alberto y Cristina. A lo que hay que sumar el peso creciente de Sergio Massa. Si bien hay otros actores con peso específico -desde las estructuras sindicales y los gobernadores hasta algunos movimientos sociales- los acuerdos tienen esas tres patas fundamentales. Es de esperar, que de cara a una intensificación de las tensiones sociales y las confrontaciones políticas, las tensiones internas se intensifiquen.         

En este sentido, el frente gobernante enfrenta dilemas y desafíos de magnitud. La gran apuesta política que orientó la primera etapa de gestión de AF, y que de hecho explica su propia candidatura, fue la intención de “desagrietar” a la sociedad argentina. Como se puso más en evidencia durante el último mes, ese horizonte parece haberse desvanecido. Esto lleva a preguntarnos puntualmente por la validez de la principal hipótesis de construcción política que está en la base misma de la conformación del Frente de Todxs: la concertación como camino y la despolarización como objetivo fundamental.

El gobierno, y por ende el proyecto que expresa, tiene el desafío de no quedar preso en el cruce de una serie de tendencias. Por un lado, la prudencia y el posibilismo que están presente en el modo en que se constituyeron los pesos específicos y los roles principales dentro de la coalición.  Por otro, las deficiencias de conducción política y de articulación de la fuerza propia, que se derivan de la heterogeneidad que caracteriza a la alianza gobernante y del estilo “anti-épica” desplegado por Alberto Fernández. Estilo de conducción que incluso le dificulta al oficialismo afianzar su base social en virtud de las medidas que la benefician y activar los respaldos más amplios que se necesitan para dar muchas de las batallas que tiene abiertas.

Por Maisa Bascuas, Emiliano López, Adrián Pulleiro y Belén Roca Pamich, investigadores del Instituto Tricontinental de Investigación Social (Oficina Buenos Aires). Último boletín de coyuntura: https://www.thetricontinental.org/es/ba-research/bc0920a/

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