Presionaron a un exagente de inteligencia ecuatoriano para que involucre a Correa en un secuestro

“La prensa ecuatoriana oculta uno de los mayores escándalos judiciales de la historia de Ecuador. Antes, para acusarme, hicieron hasta programas y ediciones especiales. Pronto se derrumbarán los demás casos. Enfrentamos una dictadura, y la prensa es cómplice”, sentenció en sus redes sociales el expresidente ecuatoriano y candidato a vice, Rafael Correa. Este martes se dieron a conocer las presiones que sufrió el exagente de inteligencia Luis Raúl Chicaiza -principal testigo del caso Balda- para que involucre al exmandatario en la causa. 

“Nos sacaban de los CRS clandestinamente para presionar que se involucren, con nuestro testimonio, a altos mandos jerárquicos y al expresidente Rafael Correa. Solo así nos otorgarían la cooperación eficaz, pena máxima de 9 meses y protección a testigos”, confesó Chicaiza en una rueda de prensa desde Argentina. Las presiones provenían del gobierno de Lenin Moreno. “Todo era cuestión de tiempo”, agregó Correa. 

Caso Balda

Rafael Correa en la actualidad afronta 34 acusaciones de toda índole. Todas construidas en torno al Lawfare -guerra jurídica- al que estpa expuesto el candidato a vicepresidente, que vive en Bélgica desde el año 2017, donde se mudó luego de cumplir su mandato. En abril de este año fue condenado, en su ausencia, a ocho años de prisión por supuestos actos de corrupción, además de lo imposibilitaron de participar en política durante 25 años.

El Caso Balda fue una de las tantas causas armadas en su contra. Alude al secuestro, el 13 de agosto de 2012, de Fernando Balda, un opositor al Gobierno de Correa, raptado en una calle de Bogotá por varios hombres que lo subieron a la fuerza a una camioneta y lo mantuvieron privado de su libertad durante una hora. En un principio, Balda pertenecía a la Alianza PAIS, fundada por Correa en 2006, pero en la actualidad pertenece al partido del principal opositor del exmandatario.

En el año 2009, Balda y su familia se mudaron a Bogotá, Colombia, donde según Chicaiza se dedicaron a vender equipos de tecnología para espionaje. Allí se convirtió en un aliado del expresidente colombiano Álvaro Uribe, condenado por los delitos de fraude procesal y soborno. A su vez, tiene 28 procesos en la Corte, entre ellos para que se lo investigue por las masacres de Aro y de la Granja ocurridas en 1996 y 1997, y que en mayo pasado el mismo tribunal declaró como delitos de lesa humanidad para que no prescriban. 

Desde Bruselas, Correa sostiene que no tuvo nada que ver con el secuestro de Balda, y que es un perseguido político, y aspira ahora a ser confirmado por la Justicia Electoral como candidato a vicepresidente para competir en las elecciones de febrero próximo.

A pesar de las maniobras que operaron en su contra por parte del gobierno de Lenin Moreno, Rafael Correa se ve institucionalmente habilitado a ocupar una candidatura. “Al no existir todavía sentencia ejecutoriada en ninguno de los casos en los que el Presidente Correa está involucrado, quedaría la posibilidad que el pueda presentar su candidatura”, sentenció el constitucionalista Kleber Sigüenza. Sin embargo, falta la confirmación de la Justicia Electoral.