La última colimba

Entre 1901 y 1995 en la Argentina el servicio militar fue obligatorio para todos los mayores de 18 años. Se preveía un año de instrucción militar en el caso de que el sorteo indicara Ejército o Fuerza Aérea y dos años si al desafortunado conscripto le tocaba Marina. En realidad la instrucción militar era escasa o inexistente y los reclutas eran utilizados para las más diversas tareas. De allí el nombre por el que popularmente se los conocía: colimbas (corren, limpian, barren).

Los varones de todas las clases, según el año de nacimiento, esperaban (esperábamos) con angustia el 31 de mayo en que el sorteo basado en los tres últimos números del DNI era emitido por la radio. Si uno tenía suerte podía ser número bajo y resultar exceptuado del servicio. Si el sorteo no había sido favorable aún quedaba la opción de zafar en el momento de la revisión médica previa obligatoria. Allí todos intentaban simular algún tipo de enfermedad que permitiera ser considerado “no apto” para el servicio.

Si uno superaba la famosa “revisación” era asignado al destacamento donde cumpliría su servicio, que podía situarse en cualquier lugar del país. Allí los conscriptos, que recibían sólo un sueldo puramente nominal, podían soñar con alguna licencia de fin de semana luego de uno, dos o tres meses de servicio ininterrumpido. Más allá de eso, la colimba era temida y odiada por la mayoría de los varones porque era vox populi que lejos de ser una instancia de capacitación militar para el caso de una eventual convocatoria a la defensa de la patria (de cualquier modo discutible) era más bien un espacio de reducción a la servidumbre, maltrato a manos de los oficiales entrenadores, adoctrinamiento castrense reaccionario, violencia machista y corrupción.

Sin embargo esa historia de vejaciones obligatorias (en muchos casos justificadas por los mismos padres, que le decían a sus hijos “en la colimba te vas a hacer hombre”) dio un vuelco en con lo que luego se conoció como “el caso Carrasco”.

El conscripto clase 1973 Omar Octavio Carrasco (de 19 años, nacido en Cutral-Co, repartidor de pollos y lector de la Biblia) había comenzado a cumplir su servicio militar obligatorio en el Grupo de Artillería 161 del Ejército, en la localidad de Zapala. El 6 de marzo de 1994, a apenas tres días de su arribo se lo declara desertor y se informa a sus progenitores su desaparición. Los padres de Omar no creen posible ese accionar de parte de su hijo y comienzan a reclamar respuestas primero de las instancias militares y, al serles negadas, a dirigirse a los medios de comunicación de la provincia y a la sociedad neuquina en su conjunto para intentar dar con el paradero de su hijo.

Esta campaña logra instalarse y la presión popular comienza firmemente a exigir respuestas. Así, a un mes de la falsa denuncia de deserción, el cuerpo sin vida de Carrasco es encontrado en los fondos del cuartel. El cuerpo presentaba claras señales de cortes, golpes y traumatismos severos.

Luego de que la Justicia de Zapala demorara a toda cosa la investigación, la Justicia federal tampoco toma cartas en el asunto y deja que sea el mismo Ejército el responsable de esclarecer los hechos. Así se acusa a al subteniente Ignacio Canevaro y a los soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar de ser los responsables de la muerte, supuestamente por haberlo golpeado brutalmente cuando intentaban castigar una falta disciplinaria de Carrasco.

El 31 de agosto de 1994, mientras la investigación del crimen no hacía más que desnudar una trama de corrupción, violencia, ocultamientos, falsificaciones de pruebas y oferta de chivos expiatorios, el presidente Carlos Menem firma el decreto que termina con el servicio militar obligatorio e impone un servicio voluntario y remunerado. La última clase sorteada fue la de 1976, pero ya sabía que no iba a cumplir servicio.

A más de un año y medio del crimen del soldado, se intenta calmar la oleada de indignación, que no había dejado de crecer, condenando a 15 años a Canevaro y a 10 años a cada uno de los soldados acusados. Pero ya nadie creía en la versión oficial. Y el juicio había estado tan plagado de irregularidades que sólo contribuyó a reforzar las sospechas iniciales.

Las investigaciones debieron reabrirse y se inició lo que se conoció como “caso Carrasco II” durante el cual diversas pericias y autopsias contradijeron las conclusiones groseras del primer juicio e involucraron a médicos del hospital militar y oficiales de mucho mayor rango que los tres perejiles condenados. Así fueron acusados el jefe de traumatología del hospital del cuartel, capitán médico Jorge Corvalán, el cardiólogo civil Norberto Kurchan y tres subtenientes enfermeras (Viviana González, Patricia Troncoso y Claudia Peralta), además de la sargento Mabel Villalba de Verón.

Sin embargo, la causa prescribió en 2005 y la Justicia Federal de Neuquén sobreseyó a los siete militares acusados. En 2009 fue liberado el último de los detenidos por el primer juicio, que siguió sosteniendo lo mismo que sus dos compañeros condenados: que no habían tenido nada que ver con la muerte de Carrasco.

Sin condenas por el homicidio y sin ningún reconocimiento para la víctima o sus familiares, más allá de la designación de una calle perdida de 300 metros en Cutral-Có con el nombre seco de Soldado Carrasco, el mayor impacto que tuvo el último crimen contra los “colimbas” fue el fin de un servicio militar que había sido obligatorio en Argentina durante casi 100 años.

El descrédito militar post-dictadura y la inutilidad de una obligación de servicio, que en la práctica sólo oficiaba como una suerte de rito de pasaje a la adultez por la vía del maltrato militar, encontraron la última gota que acabó desbordando ese vaso ya condenado en la trágica muerte de Omar Carrasco.