El Mundo

30 agosto, 2020

Agosto negro en Colombia

Tan solo en el último mes se registraron en el país 13 masacres que dejaron un total de 58 víctimas fatales. El saldo más alto de un año que está batiendo récords. El arresto domiciliario del ex presidente Álvaro Uribe parece haber potenciado estos crímenes.

Santiago Mayor

@SantiMayor

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El mes de agosto fue el más violento del año en Colombia. Grupos paramilitares ligados al gobierno y el narcotráfico asesinaron a 58 personas, sumando un total de 188 en lo que va de 2020. 

En las últimas dos semanas el promedio de masacres fue de una cada dos días y las víctimas son en su mayoría población campesina e indígena. 

La situación se agrava en el contexto de la pandemia de coronavirus ya que muchos de estos crímenes llevan a desplazamientos forzosos. Asimismo, el gobierno del presidente Iván Duque, ha intentado minimizar los hechos calificándolos de “homicidios colectivos”.

No obstante, según datos de Naciones Unidas, este año es el más violento en mucho tiempo y las masacres vienen en ascenso. En 2017 fueron 11; en 2018 subieron a 29 y durante 2019 se contabilizaron 36. Sin embargo, en solo ocho meses de 2020 ya hubo 46.

Al respecto Camila Galindo, abogada del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, declaró a Página/12 que «el avance de la expansión paramilitar refleja no sólo el fracaso de los procesos de justicia y paz, sino la falta de voluntad del actual gobierno por desmontar las estructuras paramilitares, quienes tienen connivencia con agentes del Estado en diferentes regiones del país».

El paramilitarismo en el gobierno

Con la victoria de Duque en las elecciones de 2018, el ala más dura de la derecha colombiana volvió al Poder Ejecutivo. Si bien su antecesor, Juan Manuel Santos, también adscribía a posiciones conservadoras y neoliberales, impulsó durante sus dos presidencias (2010 – 2018) una política de negociación con los grupos armados. 

Esto llevó al histórico acuerdo de paz entre su gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016. El grupo insurgente más importante del país aceptó dejar las armas luego de más de 50 años y apostar exclusivamente a la lucha política pacífica. 

No obstante, esto fue rechazado por el ex presidente y entonces senador Álvaro Uribe, padrino político de Duque. Desde entonces las masacres no han cesado y las organizaciones paramilitares han asesinado a 225 ex guerrilleros y guerrilleras desmovilizadas y más de 500 líderes sociales.

El triunfo electoral del partido Centro Democrático liderado por Duque y Uribe, no hizo más que profundizar esta tendencia. 

Gustavo Bolívar, senador opositor, aseguró que solo en los primeros seis meses del actual gobierno “fueron asesinados 46 indígenas, 106 líderes sociales y más de 50 excombatientes de las FARC”. 

La influencia del arresto de Uribe

Durante las dos presidencias de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010, los crímenes políticos se multiplicaron y creció una estadística trágica: la de los “falsos positivos”. Se trataba de civiles, centralmente jóvenes de zonas rurales sin ningún activismo, que eran fusilados por las Fuerzas Armadas haciéndolos pasar por guerrilleros, para así cobrar más dinero y abultar los números de “terroristas asesinados”, como quería el gobierno.

Una vez retirado del gobierno, Uribe pasó a ser senador. Sin embargo, en 2014 otro miembro de la Cámara alta, Iván Cepeda, lo acusó de haber fundado junto a su hermano Santiago, una rama de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

El expresidente inició un juicio contra Cepeda, acusándolo de haber pagado testimonios de ex paramilitares presos. Sin embargo en 2018 el caso se dio vuelta y Uribe pasó a ser investigado justamente porque se comprobó que su abogado sí había comprado testimonios para protegerlo.

La Corte Suprema colombiana lo acusó de manipulación de testigos, soborno y fraude procesal. Por eso quedó bajo arresto domiciliario el pasado 4 de agosto. 

En su defensa, Uribe llegó a acusar al máximo tribunal de ser “aliado de las FARC” y su partido político comenzó una campaña con el objetivo de reformar la Constitución para ejercer mayor control sobre el Poder Judicial. Desde entonces se incrementaron las masacres. 

¿Fin del conflicto ideológico?

El relato del propio gobierno colombiano y algunos medios de comunicación internacionales es que estos crímenes ya no tienen motivaciones políticas. Según esta mirada, más allá del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y algunos grupos disidentes de las FARC que no aceptaron el acuerdo de paz, la mayoría de los grupos armados que hoy operan en Colombia no lo harían con fines ideológicos.

La razón sería exclusivamente el negocio del narcotráfico. De hecho, el Ejecutivo propuso retomar las fumigaciones aéreas con glifosato -suspendidas en 2015- sobre zonas de cultivo de drogas. Un plan que no sólo ha fracasado en el pasado sino que golpea duramente a la población campesina, la más afectada por las masacres.

Sin embargo, este planteo de desideologización del conflicto tiene dos puntos débiles. Por un lado, los grupos paramilitares y algunos sectores de la guerrilla, siempre estuvieron vinculados al narcotráfico como forma de financiarse. Es decir que no habría una contradicción entre los fines políticos y económicos.

Asimismo, tampoco explica porque se han acrecentado los crímenes a ex guerrilleros desmovilizados y líderes sociales. Sobre todo luego de la gran elección que hizo el candidato de centro izquierda, Gustavo Petro, en 2018. 

El paramilitarismo siempre estuvo ligado a la derecha política y sus acciones apuntan a infundir terror y destruir la organización popular. De la mano de Uribe, esto se ha dado principalmente en las zonas rurales donde se encuentra gran parte su base social, ligada a los sectores terratenientes del país.

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