Derechos Humanos

26 agosto, 2020

Mendoza: el Senado aprobó la modificación del Comité de Prevención de la Tortura

Esto implica la reducción al mínimo de la participación de los organismos de derechos humanos, y una mayor exposición a la vulneración de las personas privadas de su libertad. Sin embargo, todavía falta que se vote en la cámara de Diputados mendocina.

El proyecto para modificar la Ley 8.284 fue elaborado durante el año pasado, bajo la gobernación de Alfredo Cornejo en la provincia de Mendoza. La modificación fue aprobada la semana pasada por el Senado mendocino con los votos de la UCR, PRO, Partido Socialista y MasFe, con 21 menciones a favor y 13 en contra. Si bien obtuvo media sanción en Senadores, resta que se apruebe en la Cámara de Diputados mendocina.

La Comisión fue creada en el año 2011, cuando la situación de las personas privadas de la libertad en Mendoza llegó a un punto tan alarmante que intercedió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados de América. No sólo controla y regula los espacios de detención (cárceles, comisarías, hospitales de salud mental, hogares y geriátricos), sino que también observa y registra atentamente las condiciones en las que se encuentran los establecimientos, y el trato que reciben las personas detenidas.

“Es un órgano que se va a dedicar a adular las políticas del gobierno de turno, gobierne quien gobierne”

Semanas atrás, antes de que se le otorgue la media sanción a la reforma, el Gobierno Nacional se reunió con la CIDH para visibilizar y frenar la modificación. Solicitaron “que la CIDH se dirija en forma directa a las autoridades legislativas de la Provincia de Mendoza a los efectos de que se abstengan de dar sanción legislativa al proyecto de ley que modifica el Comité Provincial de Prevención de la Tortura por resultar incompatible con el derecho internacional, como al incumplimiento del acuerdo de solución amistosa”.

Las reformas propuestas

Con la nueva modificación, se reduce la participación de los representantes de las organizaciones de derechos humanos de doce a cuatro personas. Los participantes eran elegidos por sorteo, y trabajaban ad-honorem.  La reforma propone que de las cuatro personas que integrarían el comité, sólo una sea de las organizaciones de derechos humanos, y que el resto sean del Colegio Público de Abogados, un miembro del Ministerio Público Fiscal y un miembro representante de la Dirección de Representante DDHH en la provincia.

“Es otro paso atrás para Mendoza, porque venimos en una situación muy delicada, con la propuesta de una candidata que no cumple los requisitos de la Constitución para ser Ministra de la Corte, y ahora intentan la eliminación del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, que es un organismo de control y un mecanismo de exigibilidad, integrados por doce miembros. El corazón de este mecanismo son las organizaciones de Derechos Humanos”, explicó el abogado referente de los Derechos Humanos en la provincia y docente universitario Pablo Salinas, en diálogo con el programa La Izquierda en la Radio.

“Es un órgano que se va a dedicar a adular las políticas del gobierno de turno, gobierne quien gobierne”, agregó Salinas.

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