La Defensoría del Pueblo pidió el juicio político para los jueces del caso de Lucía Pérez

El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, pidió el juicio político para los jueces del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Mar del Plata, quienes trabajaron en el caso del femicidio de Lucía Pérez, por haber aplicado un mal desempeño de sus funciones y fallar sin perspectiva de género.

“Lucía era de tener relaciones con hombres a los que apenas conocía, pero eso ocurría por propia elección y cuando ella lo quería”, había planteado la defensora de los acusados por el femicidio y abuso de Lucía Pérez durante el juicio llevado a cabo en 2018. Estos dichos fueron recurrentes durante todo el transcurso durante los alegatos.

En un principio, los acusados por el femicidio eran  Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel. En el año 2018, los tres fueron absueltos del cargo de abuso sexual seguido de muerte, aunque Farías y Offreadini fueron condenados a ocho años de prisión por venta de drogas. La absolución fue anulada a mediados de agosto de este año por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense, por lo que se espera que se abra un nuevo juicio.

“En la sentencia se revelaron estereotipos sexistas y discriminatorios, donde nos encontramos con un juicio sobre la vida de Lucía en lugar de un análisis de la conducta de los acusados», destacó el defensor del Pueblo en el pedido de juicio político para los jueces Aldo Daniel Carnevale, Pablo Javier Viñas y Juan Facundo Gómez Urso.

“En la sentencia se tomaron en cuenta las comunicaciones privadas de la víctima, sus experiencias sexuales, su relación familiar, su tendencia al consumo de drogas, su labor escolar, sus relaciones de amistad, entre otros ejemplos, que fueron utilizados por los magistrados de manera prejuiciosa y destinados a avalar la existencia de un supuesto consentimiento por parte de la víctima menor de edad», añade el comunicado.

Lorenzino también sostuvo que «es un fallo que refleja el mal desempeño de los magistrados porque las normas que protegen los derechos de las mujeres fueron utilizadas en contra de la víctima”.

El defensor argumentó que “la ausencia de la perspectiva de género» provoca «una afectación del acceso a justicia de las mujeres y por ende una grave vulneración de los derechos expresamente tutelados como grupo especialmente vulnerable, que no puede ser desconocida por magistrados».

«La utilización de estereotipos sobre las conductas y la vida sexual de las mujeres y niñas reproduce la violencia de género y sus resultados conlleva la impunidad de los casos que se investigan y sancionan, lo que se transforma en un mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada», añadió. 

“El accionar de estos jueces no puede ser tolerado en un Estado constitucional de derecho, que debe iniciar una investigación y proceder en caso de que así se decida a la destitución de los magistrados. Estamos frente a una sentencia que implica un grave retroceso en el ámbito de los derechos humanos”, concluyó Lorenzino.

El femicidio de Lucía  fue uno de los primeros factores que impulsó a la organización colectiva del movimiento feminista. La absolución de los tres acusados motorizó el primer Paro Nacional de Mujeres. 

El juicio por el femicidio se convirtió en un claro espejo de cómo la justicia opera a favor del patriarcado. Las discusiones se derivaban hacia la existencia o no del abuso sexual, ya que algunos investigadores sostenían que habían sido consentidas. Sin embargo, Lucía murió empalada y bajo los efectos de drogas que le administraron sin su consentimiento. Luego de tener un paro cardíaco, sus femicidas la abandonaron sin vida en el hospital de Playa Serena.