Claves para entender la discusión sobre los servicios de telecomunicaciones

“Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas”, twitteó Alberto Fernández el último viernes por la noche. Desde ese momento, se desataron múltiples debates en torno a narrativas falsas o confusas.

La decisión se da en un marco donde el Gobierno intenta apaciguar los efectos de la pandemia en el país. Los servicios de telecomunicación demostraron en estos últimos meses ser esenciales. Ya sea para trabajar, como para mantener la continuidad pedagógica y educativa, o mismo para acceder al derecho de acceso a la información. Hoy la computadora, el celular y la televisión son elementos indispensables en el contexto de encierro. Sin embargo, hoy no todes les habitantes de nuestra tierra acceden a estos servicios de la misma manera. 

Si bien el DNU forma parte de un paquete de medidas tomadas en cuenta dentro de la particularidad del contexto, la decisión sienta un precedente con respecto al Estado comprometiéndose a aplicar políticas públicas en materia de comunicación.

“Servicio público” no significa “servicio estatal”

El mayor error conceptual que circuló por estos días es que ahora los servicios de telecomunicaciones pasan a ser del Estado. Tal como lo señaló el investigador y Licenciado en Comunicación Santiago Marino, que un servicio sea “público”, no significa que no esté bajo el manto de un monopolio. 

Este es el ejemplo de la telefonía fija en nuestro país, declarada como servicio público en 1972. Sin embargo, el servicio hoy es operado por dos únicas empresas privadas. Martín Becerra, docente e investigador, explicó que “el concepto de servicio público también incluye una mayor capacidad del Estado en relación a la estructura de precios y tarifas del servicio. En este caso, se extiende esa facultad a las comunicaciones móviles, conectividad fija y tv paga”.

“La reglamentación de prestaciones básicas universales en materia de comunicaciones es coherente con el carácter esencial de los servicios, hoy imprescindibles para acceder a la salud, a la educación, al trabajo y a la producción”, agregó Becerra.

El DNU amplía las competencias del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), prorroga la suspensión de aumentos de las tarifas hasta el 31 de diciembre, y le otorga al Estado nacional la capacidad de regular las tarifas y establecer y controlar condiciones de prestación. Nuevamente, esto no significa que los servicios vayan a ser estatales.

“Suspensión de aumentos” no significa “congelamiento de precios”

El DNU firmado por Alberto Fernández y por casi todo el gabinete nacional explicita: «Suspéndase cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 de licenciatarios TIC, incluyendo tv paga (cable y satelital) y telefonía fija o móvil».

¿Esto significa que en diciembre las tarifas sean las mismas que hoy en día? Puede que sí, como puede que no. Tal como lo señaló Becerra: suspensión no es congelamiento. “Tras las suspensión que obedece a la coyuntura crítica de la pandemia, habrá aumentos en los servicios «públicos» de comunicaciones. Pero los futuros aumentos deberán ser autorizados en base a su razonabilidad”, explicó en sus redes sociales. 

Las empresas operadoras de comunicaciones móviles y servicios de conectividad ya habían programado aumentos tarifarios de un 20% para septiembre. De esta forma el Gobierno logró poner un freno, que se condice con la emergencia económica que atraviesa al país a partir de la pandemia. 

Lluvia de inversiones

Otra de las preocupaciones mediáticas que surgieron durante el fin de semana es que la intervención estatal en el sistema de telecomunicaciones inhibiría la llegada de las inversiones extranjeras.

La Ley 27.078 “Argentina Digital», aprobada en el año 2014, determinaba como “Servicio público en competencia” a las Tecnologías de Información y Comunicaciones. Sin embargo, la categoría fue modificada mediante un DNU presentado por el expresidente Mauricio Macri.

Según Martín Becerra, “mientras estuvo vigente la noción de ‘servicio público en competencia’ en telecomunicaciones, se registró la mayor inversión y expansión de servicios de comunicaciones móviles (por la Licitación 4G)”.  

¿Sólo en Argentina?

El internet no es una herramienta mágica únicamente en nuestro país. En todo el mundo se lo identificó como esencial, por lo que existe una tendencia que lo considera como un derecho humano. 

Esto se traduce en políticas públicas aplicadas en distintos países. Francia, Holanda, Canadá, Finlandia, Estonia, México y Costa Rica declararon, al internet, al igual que Argentina, como un servicio público. Sin embargo, cada caso es particular y responde a los mismos intereses de cada gobierno. 

Damián Loreti, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, dijo a Página 12: «Hay países que incluso han puesto en la Constitución el acceso a internet y el derecho a la banda ancha». Este es el caso de México, Finlandia, y Francia. Todos estos países tomaron esta contemplación antes del año 2013.