Ambiente y Hábitat

13 agosto, 2020

¿Qué es la Ley de Cinturones Verdes Productivos?

Su nombre oficial es Ley de Presupuestos Mínimos de Protección y Fortalecimiento de los Territorios Periurbanos Productivos (TPP) y fue presentada en el Congreso de la Nación después de un fuerte trabajo de organizaciones campesinas como el MTE Rural-UTEP. Una propuesta que se enmarca en un modelo alternativo para producir, distribuir y consumir alimentos.

Florencia Trentini y Lucas Basso

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En los últimos tiempos se habla mucho de “alternativas”: alternativas al desarrollo, formas de producción y consumo alternativas, modelos alternativos, etc. Lo cierto es que este calificativo apellida muchas acciones y propuestas, tantas que corremos el riesgo de que su uso no siempre vaya de la mano de aquello que debería nombrar: cambios, acciones que modifiquen el rumbo de aquello instituido, soluciones diferentes a las acostumbradas, básicamente respuestas ante formas, sentidos y prácticas hegemónicas y dominantes. En este caso lo alternativo refiere a aquello que busca disputar en el modelo del agronegocio, en esta disputa se enmarca la ley de cinturones verdes.

A grandes rasgos podríamos decir que el modelo de industrialización neoliberal del campo instauró relaciones de dominación que subordinaron lo rural a lo urbano, que negaron formas de producción locales para regirse por las lógicas del mercado internacional, generando eso que conocemos como “dependencia” y frente a lo cual buscamos oponer “soberanía”. En este proceso las políticas agrarias y alimentarias son cada vez menos definidas por los gobiernos nacionales, para ser impuestas por los mercados y organismos internacionales.

Este modelo, además, mercantiliza el acceso a la tierra, al agua y hasta a las semillas, haciendo que el control de elementos fundamentales para la reproducción de la vida queden en manos de quienes pueden pagar por ellas. Todo esto va generando un modelo excluyente que deja las mejores tierras para la exportación y desprotege a los pequeños productores y productoras, obligándolos a ser peones en un sistema de arrendamiento brutal.

La asimetría de poder en este modelo vuelve necesario el rol del Estado para garantizar condiciones de vida y trabajo dignas para los campesinos y campesinas, pero también para garantizar que el acceso a los alimentos sea un derecho y no algo que esté sujeto a libre juego del mercado, que es el que hace que miles y miles de personas sufran hambre en un país que en teoría podría producir alimento para “400 millones de personas”, pero que en realidad prioriza un tipo de producción que no se destina a la alimentación.

Frente a esto hablar de “alternativa” implica pensar un modelo que no subsuma el campo a las demandas de consumo urbanas, sino que genere circuitos de relación campo-ciudad basadas en un intercambio equilibrado mediante circuitos cortos de producción y consumo, sin intermediarios que se beneficien en detrimento de productores y consumidores.

Esta “nueva” forma se plantea la cercanía en tanto distancia (circuitos cortos), pero también en tanto confianza y colaboración. Y además busca valorizar ciertas formas de producir que no dañan el medioambiente ni la salud, evitando el uso de agrotóxicos, que no solo afectan a quienes producen, sino también a quienes consumimos esos alimentos. En todo este sistema de producción, comercialización y consumo “alternativo” se planta la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección y Fortalecimiento de los Territorios Periurbanos Productivos (TPP). Siendo fundamental tanto para quienes viven y producen en el campo, como para aquelles que habitamos y comemos en la ciudad.

Que sea una Ley de Presupuestos Mínimos no implica una cuestión presupuestaria, sino que se entiende por “presupuesto mínimo”, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. Es decir, plantea estándares o pisos mínimos de protección a nivel nacional y en su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos y asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable.

¿De qué se trata la Ley?

Básicamente la Ley pretende establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental de los territorios periurbanos productivos en todo el país para lograr un gestión y desarrollo sostenibles del ambiente, proteger la biodiversidad y las formas de desarrollo de les trabajadores de la tierra en estos espacios. Para esto busca:

a) crear planes de ordenamiento territorial para los usos de estas actividades a proteger.

b) coordinar políticas de crédito y financiamiento para estas actividades.

c) establecer medidas de protección del arrendamiento (cesión de uso temporal de la tierra por el pago de un alquiler), asegurando la producción de alimentos.

d) financiar el acceso a la propiedad de los territorios productivos para la agricultura familiar o de pequeñes productores. Su autoridad de aplicación será el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

¿Qué son los Territorios Periurbanos Productivos (TPP)?

Son aquellas áreas dedicadas a la producción de alimentos, flores, materias primas de la agroindustria alimentaria y/o a otras actividades que brinden servicios agrícolas al sector, orientados a circuitos cortos de consumo de las ciudades cercanas y/o mercados nacionales o populares de la agricultura familiar. La Ley declara de interés público y estratégico a los TTP prohibiendo la posibilidad de modificar su uso para otra actividad que no sea las anteriormente mencionadas.

Se busca crear Consejos Asesores de los TPP en las distintas jurisdicciones compuestos por expertes de las Universidades Nacionales y representantes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, del Instituto Nacional Tecnología Agropecuaria (INTA), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), del Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar, de la Secretaria de Agricultura Familiar y de las organizaciones productoras de la agricultura familiar, del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y los municipios. El objetivo es que estos Consejos creen un reglamento de funcionamiento y asesoren a la autoridad de aplicación.

Por otro lado, la Ley se propone armar un Inventario Nacional de Territorios Periurbanos Productivos y el Registro Nacional de Productores en el ámbito de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante un relevamiento y la posterior creación de un registro para identificar y posteriormente proteger a los TPP y a les productores. Y además plantea la creación del Programa Integral de Apoyo y Protección de los TPP que será financiado mediante la creación de un Fondo Fiduciario integrado por diversos fondos y recursos. Sumado a esto, la autoridad de aplicación fomentaría líneas de financiamiento (existentes o por crearse) que permitan la adquisición de tierras productivas dentro de los TPP por parte de les productores de la agricultura familiar y de pequeñes productores.

Este Programa Integral de Apoyo y Producción de los TPP se creará en el marco del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y tendrá un carácter participativo, con enfoque de género, diversidad pluricultural y conservación ambiental. Tendrá distintos objetivos, entre los que se destacan el desarrollo de un banco de tierras para el desarrollo de la Agricultura Familiar; la elaboración de líneas de financiamiento que promuevan formas de producción sustentables, como la agroecología, mediante la articulación de equipos técnicos con les productores; promover mejores en las viviendas de les productores y el hábitat doméstico y productivo, generando condiciones de acceso a la infraestructura y servicios públicos; fomentar la creación de ferias territoriales, mercados de productores y sistemas de comercialización, promoviendo la auto-gestión entre las organizaciones de productores y consumidores.

Como algo fundamental la Ley busca suspender los desalojos por un término de 12 meses desde su entrada en vigencia, y además estipula diversas particularidades en los contratos de locación dentro de los TPP, planteando por ejemplo que el precio se establecerá en unidades de producto que se llevan a cabo en el predio arrendado y se pagará su equivalente en dinero. Mientras que los ajustes en el monto del arrendamiento serán anuales y estarán establecidos por la variación promedio anual de precios según valores del Mercado Central de Buenos Aires que elaborará mensualmente el índice de variación de precios tomando los diez productos hortícolas más vendidos.

Construida con la participación de campesinos y campesinas retoma de su experiencia cotidiana las necesidades y urgencias para habitar el campo de una forma más justa y para que el trabajo sea digno para quienes producen los alimentos de nuestro pueblo. Además, busca garantizar formas de producción sustentables que no dañen aun más la tierra, el planeta y la salud de les productores y les consumidores.

Para quienes vivimos en las ciudades, lejos de ser algo ajeno, esta Ley es la garantía para resguardar los cinturones frutiortícolas del que provienen alimentos sanos para nuestro consumo, es la posibilidad de construir circuitos cortos que nos permitan saber cómo está producido nuestro alimento y que se venda a precios justos sin la especulación de intermediarios que nada tienen que ver con les productores. Pero también es la forma de saber que la producción que se realiza cerca de nuestros hogares es libre de químicos que a corto y largo plazo afectaran nuestra salud y nuestra vida.

La Ley ya está en el Congreso, su aprobación redundaría en mayores derechos para quienes producen en esos cinturones, pero también para todes les que queremos alimentarnos sanamente y sabemos que consumir es un acto político que marca una disputa con un modelo que destruye nuestros trabajos, nuestra economía, nuestro ambiente y nuestras vidas.

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