12 agosto, 2020
Ley de Humedales: un paso hacia un cambio de paradigma
Ante la multidimensionalidad de la crisis desatada por el coronavirus, la población mundial, inmersa en una realidad distópica y paradójica, se encuentra ante el enorme desafío de reconstruir una nueva normalidad.
A la hora de repensar las configuraciones socioeconómicas, la cuestión ambiental se vuelve un factor imposible de ignorar. Comprendiendo que el surgimiento de la pandemia está íntimamente vinculado a un modelo económico-productivo que crece a costa de la destrucción de los ecosistemas, y dimensionando la magnitud de las consecuencias que traería la agudización de la lógica extractiva, resulta fundamental exigir que lo ambiental ocupe un lugar central dentro de los nuevos paradigmas que vendrán.
En este sentido, las discusiones vinculadas a las problemáticas socioambientales toman una nueva dimensión en la agenda política. Un ejemplo de lo mencionado, es la trascendencia y movilización alrededor de la necesidad de una Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Humedales, más coloquialmente conocida como Ley de Humedales. Este es el tercer intento (tras el fracaso en 2008 y 2013) por sancionar una legislación que regule la actividad en estos ecosistemas.
El verdadero desafío detrás de los incendios
La discusión sobre la Ley de Humedales se instaló en el Congreso, pero mucho del daño producido en el ambiente ya está hecho. El fuego causado por la quema ilegal de pastizales, y agudizado por la fuerte bajante del Río Paraná de este año, arrasó con más de 90 mil hectáreas en el Delta del Río y continúa avanzando por la cuenca, afectando a diversas zonas en las provincias de Entre Ríos, Santa Fé, Corrientes, Chaco y Formosa.
La sanción de esta ley, sin embargo, resulta primordial, ya que busca ir a la raíz del problema de los incendios, es decir, a la necesidad de regular las actividades que se desarrollan sobre todos los humedales del país, que ocupan aproximadamente un cuarto del territorio nacional.
Los humedales son ecosistemas heterogéneos que proveen a las comunidades de agua dulce para la producción y el consumo humano- animal. De esta manera, estos territorios garantizan el cultivo de distintos alimentos, como granos, carne, frutas y verduras. Además, colaboran con el filtrado de contaminantes, la mitigación de inundaciones y el secuestro de carbono presente en la atmósfera.
El ambientólogo Julián Monkes plantea que, en este contexto, “el gran desafío de la Ley de Humedales sería poder planificar el territorio planteando un equilibrio entre el respeto ecosistémico y las prácticas culturales y productivas de cada zona”. En este sentido, resulta fundamental complejizar nuestra mirada sobre la ley, en tanto que el mismo instrumento que debe frenar el avance irrestricto de la lógica del agronegocio y el lobby inmobiliario (que tienen como objetivo la obtención rápida de ganancias y no la reproducción de la vida humana), a su vez tiene que regular la actividad de pequeños productores rurales y poblaciones que viven de los humedales (y que son los principales damnificados cuando se destruyen los ecosistemas).
En definitiva, los diversos y poderosos lobbys que buscan frenar la aprobación de esta ley dejan en evidencia un problema que excede a la situación de los humedales en particular, y que requiere de una mirada sistémica y estructural. Dentro del modelo productivo vigente, la persecución de beneficios económicos extraordinarios por parte de un grupo concentrado pesa más que los costos humanos, ambientales y sanitarios, en el corto y en el largo plazo.
¿Qué está realmente en juego?
El debate por una Ley de Humedales se enmarca dentro de una disputa que no sólo es relevante en términos ecosistémicos y ambientales, sino también económicos y sociales. Más allá de los actores individuales que hoy corporizan el interés por maximizar sus beneficios dejando de lado los factores socioambientales, resulta fundamental discutir la relación que tenemos con nuestro entorno a nivel nacional y mundial.
La noción de que los recursos de la naturaleza son “explotables” por el ser humano en pos de que este obtenga ganancias que mejoren sus condiciones de vida ha probado ser falsa, ya que el 82% de la riqueza generada está en manos del 1% más rico y siguen sin estar cubiertas las necesidades básicas de millones de personas, tanto en nuestro país como en el mundo. Este sistema productivo, además, compromete seriamente el bienestar de las generaciones que vendrán, ya que la explotación que se hace de los recursos hoy opera en detrimento de la posibilidad de contar con esos mismos recursos en el futuro.
Dentro de este contexto, la sociedad en su conjunto, en su búsqueda por defender perspectivas ambientalistas, se enfrenta al enorme desafío de complejizar una retórica que no caiga en falsas confrontaciones internas del “pueblo contra el pueblo”, del productor rural contra el ciudadano urbano y de la producción contra una naturaleza prístina. El verdadero debate que se tiene que dar dentro del enclave socio ambiental es el de disputar un modelo que busque garantizar los derechos humanos básicos, como lo es el habitar en un ambiente digno y sano.
En este sentido, si evaluamos el “desarrollo” que viene proporcionandonos el sistema económico actual, se vuelve evidente que el mismo no logra valorizar los miles de servicios ecosistémicos que garantizan los recursos básicos fundamentales para el bienestar poblacional.
El desafío es poder viabilizar políticas de genuino desarrollo local (entendiendo al concepto de “desarrollo” como aquél que resulta ser sostenible en el tiempo y que logra materializar sus frutos en la calidad de vida de toda la población) en un mundo con complejos equilibrios ecosistémicos. Las leyes, medidas o iniciativas en materia económica y socioambiental deben ser evaluadas en función del acercamiento hacia una construcción colectiva que garantice una mayor equidad y un futuro al cual proyectar.
*Jóvenes por el clima
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