Sin agroecología y planificación no hay soberanía alimentaria

Julián Monkes*

@JMonkes

COMPARTIR AHORA

La producción de alimentos y los cinturones verdes periurbanos

Se suele decir que producimos para “400 millones de personas”, o que “los alimentos alcanzan, están mal distribuidos”. Sin embargo, estamos muy lejos de eso. Para empezar, cuando se habla de las 400 millones de personas, se tienen en cuenta toda la producción agropecuaria. Incluyendo a la soja y el maíz que no se destinan para la alimentación. Básicamente se estiman cuántas calorías se producen y se divide por los requerimientos calóricos diarios, arribando a ese número que no tiene en cuenta si efectivamente esos alimentos se consumen, el valor nutricional de los mismos ni la dimensión cultural del alimento. 

Por otro lado, según una estimación de la subsecretaría de alimentos y bebidas que coincide con valores de otra estimación realizada por el INTA, en Argentina sólo se consume el 50% de las frutas y hortalizas que se cosechan. Y aproximadamente el 80% de esa pérdida se registra en las etapas de producción, poscosecha y procesamiento. Si bien este número puede reducirse, hoy la media mundial de desperdicio es del 30%. Entonces, ¿alcanzaría con reducir el desperdicio? 

Según un informe de la Secretaría de Salud de 2018, el promedio de consumo de frutas y verduras es de 2 porciones, cuando la OMS recomienda 5 porciones diarias. Esto es problemático ya que las frutas y verduras son componentes fundamentales de una dieta nutritiva y saludable. Por lo tanto, por más que se reduzca a los valores medios del 25-30%, habría que duplicar la producción frutihortícola para que alcancen a satisfacer las 5 porciones diarias de todo nuestro pueblo. Esto requiere de un fuerte apoyo estatal a las producción existente y un desarrollo de más cantidad de colonias agrícolas, lo cual requiere indefectiblemente repensar y replanificar el territorio. 

La producción frutihortícola argentina se caracteriza por su amplia distribución geográfica y por la diversidad de especies que produce. Pero se concentra en los cinturones periurbanos fundamentalmente por la reducción de los costos de traslado. Según datos de la ONU el 55% de la población mundial vive en ciudades y se proyecta que alcance el 68% para 2050. En el caso de Argentina, actualmente el 92% de la población vive en zonas urbanas. Este tipo de producción tiene un carácter estratégico para la dieta de los consumidores urbanos y para el desarrollo socioeconómico de las familias productoras rurales. En ese sentido, no solo tiene una contribución decisiva para la alimentación de la población, sino que también es una gran fuente de empleo (350.000 sólo en el eslabón productivo), que produce 10 millones de toneladas en una superficie de 600.000 hectáreas.

En la actualidad, los cinturones hortícolas del país se están reduciendo en superficie y en número de productores y/o relocalizando a mayores distancias de sus mercados naturales de proximidad en zonas. Una de las principales razones que afecta a los cinturones se debe a la expansión desregulada de la frontera urbana. 

Pero entonces, ¿Por qué la expansión urbana es un problema si queremos que la densidad poblacional esté más distribuida de forma más pareja en el territorio? Porque este avance no corresponde a un programa de descentralización, sino que tiene fines especulativos e inmobiliarios. En el cinturón hortícola platense, el principal cinturón hortícola de la Argentina y el más cercano a la Ciudad de Buenos Aires, el 37% del nuevo suelo urbano que se produce con fines residenciales corresponde a urbanizaciones cerradas.

De esta forma, la falta de planificación y ordenamiento en el acceso al suelo con fines productivos en zonas periurbanas implica: graves perjuicios socioambientales por la pérdida de los espacios que generan múltiples servicios ecosistémicos; pérdida de las unidades agropecuarias vinculadas con la producción de alimentos frescos y/o su relocalización a zonas con mayor fragilidad ecológica; y aumento de los costos y las distancias entre las zonas de producción y de consumo. 

Por estos motivos, resulta urgente proteger los cinturones frutihortícolas actuales, como se propone la Ley de Presupuesto Mínimos de protección y fortalecimiento de los territorios periurbanos productivos (TPP), pero también repensar la ocupación territorial de nuestro país, en pos de descentralizarlo. Los grandes centros urbanos demandan una producción intensiva de alimentos en las cercanías y un transporte masivo de productos desde sitios más lejanos. Esto es lo que sucede actualmente y aun así no alcanza; más aún, es insostenible, ya que la agricultura moderna tiene impactos negativos a raíz de ciertas prácticas en los planos ambiental, social y cultural.

El aporte de la agroecología a la soberanía alimentaria

En los cinturones hortícolas de Argentina, el 50% de los principales insecticidas utilizados corresponde a productos “extremadamente peligrosos”. La elevada dependencia de insumos y tecnología de los sistemas de producción hortícola, hace que los mismos sean económicamente viables a corto plazo para los productores más capitalizados, pero insostenibles ecológica y socialmente en el largo plazo. 

Desde el punto de vista sanitario, la producción hortícola también es foco de interés debido a la preocupación que se desprende por los efectos potenciales que puede tener la aplicación de agroquímicos. Solo en Buenos Aires ya hay restricciones para las aplicaciones que se hacen alrededor de cascos urbanos de forma aérea (entre 1500 metros y la prohibición) y terrestre (de 300 hasta 2000 metros). 

Por esta razón, cada vez hay una mayor cantidad de productores agropecuarios ubicados en las zonas periurbanas que se enfrentan a la necesidad de adaptar sus sistemas a estas normativas. Ante este escenario, la agroecología se constituye como un modelo alternativo para la producción de alimentos saludables. Esto permite dinamizar una gran porción del territorio que no podría tener producción basada en insumos y permite generar mayor producción en las cercanías a los centros urbanos como la que se da en los cinturones frutihortícolas. 

Hay muchas definiciones de la agroecología, pero en cuanto a sus prácticas, el propósito de la misma es fortalecer las propiedades emergentes de los agroecosistemas: resiliencia socio-ecológica, productividad y equidad. El proceso de transición es complejo, ya que requiere reestablecer flujos ecosistémicos que requieren tiempo y ciertas prácticas de manejo que no se suelen utilizar y que apuntan a reducir la necesidad de insumos químicos. Como las familias productoras tienen que pagar alquiler de la tierra, servicios y su propio consumo, es necesario que cuenten con el apoyo de una organización o del Estado para que llegue a buen puerto, ya que es muy alto el riesgo que corren las familias productoras al hacer la transición. 

Más aún, durante los primeros años, la producción agroecológica tiende a rendir menos y a tener problemas por enfermedades y plagas. Sin embargo, una vez establecida, puede llegar a ser más rentable que la producción convencional. No porque tenga mayor productividad, sino por la reducción de gastos en insumos y por la utilización de cadenas cortas de comercialización, que les permite vender directamente y percibir un sueldo digno. Estos últimos puntos son centrales para avanzar hacia la soberanía alimentaria, ya que la misma también incluye la soberanía de las familias productoras. Por este motivo, la agroecología y la organización comunitaria, se constituyen como formas de escaparle al yugo de la dependencia de insumos y el oligopolio de la comercialización “a culata”, tendiendo a fomentar la autonomía para elegir qué y cómo producir y de qué forma comercializarlo. Y en eso el rol del Estado y las organizaciones es fundamental. 

La agroecología es un camino complejo, pero necesario. Para que haya un real avance hacia la soberanía alimentaria. Las familias productoras requieren un fuerte acompañamiento para realizar la transición hacia la agroecología y proveer alimentos sanos y saludables. Pero no olvidemos que también se requiere duplicar la producción. Para hacerlo, hay que (re)planificar el territorio nacional. Por un lado para que las familias productoras puedan acceder a una porción de tierra porque es un derecho y facilita el proceso de transición agroecológica. Pero también para descentralizar los principales centros urbanos que no se pueden abastecer adecuadamente de frutas y verduras sin un modelo productivo ultra intensivo. Por todo esto, sin agroecología y planificación no hay soberanía alimentaria. 

La postpandemia y el acceso a los alimentos 

Para abordar la soberanía alimentaria en toda su complejidad hay que  analizar la producción frutihortícola y también la pecuaria y extensiva de granos. Las mismas se enfrentan a limitaciones técnicas que viene experimentando el modelo de producción industrial de granos y también son cuestionadas por sus impactos sociales y ambientales. Entonces, es importante repensar el modelo extensivo de producción de granos y animales para que aporten a la soberanía alimentaria, ya que el déficit en el consumo de frutas y verduras se compensa con otros grupos alimenticios. En nuestro país se comen más del doble de carnes, harinas y dulces que lo ideal. 

A nivel latinoamericano, Argentina -junto a Chile y México- es uno de los principales consumidores de alimentos ultraprocesados, de los cuales tenemos muy poca información. Estos patrones se ven profundizados en los barrios populares, donde la base alimenticia se sustenta con carbohidratos y alimentos procesados, demostrando así la existencia de barreras económicas al consumo de alimentos saludables. Estos conflictos se desprenden de la distribución desigual de alimentos y parten de que la misma se rige por las normas del mercado en lugar de considerar al acceso a los alimentos como un derecho humano.

Toda esta situación se verá gravemente profundizada por los efectos de la pandemia. A nivel global, el Director Ejecutivo del Programa Alimentario Mundial (PAM) alerta que: “Estamos al borde de una ‘pandemia de desnutrición’. Esto se debe fundamentalmente a que aproximadamente quinientos millones de personas podrían ser arrastradas de nuevo a la pobreza y que las personas que sufren de hambre severa podría duplicarse de aquí a fin de año, superando la cifra de 250 millones de personas”. 

Por este motivo es necesario entender la importancia de construir otro modelo que no dependa de los agrotóxicos, que no siga poniendo en riesgo el ambiente para la maximización de las ganancias. Es necesario prestar atención a propuestas como la Ley de Presupuesto Mínimos de protección y fortalecimiento de los territorios periurbanos productivos (TPP) y la Empresa Pública de Alimentos para pensar esto de una manera integral. Y es necesario una planificación y un reordenamiento de nuestro territorio nacional para que producir, habitar y comer no sean privilegio de unos pocos, sino derechos de todes. 

*Ambientólogo, UBA