De la reforma judicial, el funcionamiento de los poderes judiciales y otras yerbas

Pablo Radondy*

COMPARTIR AHORA

El 5 de julio de 1996, agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado pagaban 400 mil dólares a Carlos Telleldín con fondos reservados asignados a ese organismo. A cambio, Telleldín brindaría una declaración negociada con el ex juez federal Juan José Galeano a través de la cual imputaría falsamente a policías de la Provincia de Buenos Aires de haberle sustraído, mediante extorsiones, la camioneta Traffic que el 18 de julio de 1994 explotó en la sede de la AMIA. Estos hechos, entre otros, fueron juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, que condenó al ex juez Galeano, a Telleldín y al ex Director de la SIDE -Hugo Anzorreguy-, entre otros, el día 28 de febrero de 2019.

El 4 de febrero de ese año, en el mismo edificio, a tres pisos de distancia, el agente fiscal Carlos Stornelli le tomaba una declaración testimonial a Gonzalo Brusa Dovat, ex directivo de PDVSA Argentina. Según el juez Alejo Ramos Padilla, ese día, “a partir de diversas tareas de inteligencia ilegales, intimidaciones, amenazas y engaños se le exigió (a Brusa Dovat que prestara declaraciones en contra de su voluntad ante la prensa y en la Fiscalía Federal Nº 4 de CABA”. Stornelli, acusado (y, hasta que no se dicte una sentencia firme en su contra, inocente) de graves delitos en el marco del cumplimiento de sus funciones, permaneció rebelde durante más de 7 meses.

El 28 de junio de 2019, la jueza Marta Yungano del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26 de CABA condenó a Mariana Gómez a la pena de un año de prisión en suspenso por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas. ¿El delito? Resistir el maltrato del personal policial, que la increpó a ella y su esposa luego de haber fumado juntas y haberse besado en la estación Constitución.

Unos años antes, el 16 de enero de 2016, Milagro Sala fue detenida por participar de una protesta. A partir de allí, se sucedieron una serie de imputaciones penales dirigidas a intentar justificar su mantenimiento en prisión preventiva. En el caso se superaron ampliamente los plazos legales máximos en los que una persona puede estar detenida sin condena firme. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU consideró arbitraria la detención y solicitó al Estado argentino su liberación. Milagro sigue presa.

En los cuatro párrafos precedentes, cuatro ejemplos protagonizados por los poderes judiciales de nuestro país. A nivel federal, nacional o local, los poderes judiciales funcionan al amparo de la oscuridad de sus decisiones -en apariencia, técnicas-, escritas en un lenguaje críptico, bajo el velo de la declamada “independencia judicial”. Debajo del velo, aparecen poderes judiciales conservadores, patriarcales, alejados de la gente.

Bajo este panorama, la reforma judicial aparece como estrictamente necesaria. El control democrático, la perspectiva de género, el acceso popular a la justicia y su territorialización, son algunas de las cuentas pendientes que una reforma progresiva de los poderes judiciales debería comenzar a saldar.

Es en este contexto se inscriben el proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y la creación del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público que fueron anunciados por el presidente, Alberto Fernández.

El proyecto de ley responde, en buena parte, a la intención proclamada de “descentralizar” el poder de los actuales juzgados nacionales en lo criminal y correccional federal de CABA, que han sido protagonistas de -en palabras del presidente- persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias, promovidas por el gobierno anterior y silenciadas por los medios. En esa línea, anunció -entre otras medidas- la multiplicación de juzgados y tribunales penales federales, así como la implementación del sistema acusatorio en el fuero federal.

Asimismo, designó a 11 abogades al frente del Consejo Consultivo, que discutirá una muy amplia agenda de cuestiones en pos de una reforma judicial, entre los cuales se destaca el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De esta manera, la reforma anunciada, que tanta resistencia mediática y política viene generando, aparece como un intento de dotar de mayor transparencia a un poder judicial sumamente deslegitimado. Nada se dice, en cambio, del acceso de la ciudadanía al sistema judicial, de la territorialización del poder judicial, del sistema de ingreso y la carrera judicial, y muy poco acerca de adoptar una perspectiva de género.

A las intenciones moderadas de la reforma, debe añadirse que los métodos elegidos para conseguir sus fines tampoco parecen ser los más adecuados. Si bien es loable la decisión de descentralizar el poder de un puñado de jueces federales, es difícil de compatibilizarla con la también decidida adopción del sistema acusatorio, que otorga un mayor protagonismo a las fiscalías.

La reducción al 15 % del puntaje máximo que puede obtener en una entrevista personal les aspirantes a magistrades es un avance necesario en el proceso de selección de mejores juezas y jueces, así como también la especial valoración de su formación en género. Sin embargo, no parece suficiente en un poder judicial patriarcal con una composición minoritaria de mujeres en esos cargos.

En definitiva, frente a los poderes judiciales del lawfare, la reforma judicial es urgente. Sin embargo, su éxito depende no solo de superar los graves escollos que la oposición mediática, política y judicial le impondrán sino también de la posibilidad de plantearnos en ese marco una reforma integral de sus estructuras y sus lógicas de funcionamiento. Solo de esa manera podremos soñar con un sistema judicial que, de una vez por todas, esté al servicio de la comunidad.

*Equipo de justicia de Vamos en el Frente Patria Grande.