El caso Vicentin: ¿rendirse sin presentar batalla?

Patricio Vértiz*

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El pasado viernes 31 de julio a última hora de la tarde, Alberto Fernández decidió poner fin a la novela Vicentín, al menos a la primera temporada. Pasaron casi dos meses de la publicación del DNU 522/2020 que anunciaba la intervención de la firma por un plazo de 60 días y proponía enviar al congreso de la Nación un proyecto para su expropiación. Valiéndose del mismo instrumento, esta vez el presidente decidió dar marcha atrás. Al parecer es momento de “desensillar hasta que aclare”.

El fracaso del Plan Perotti y el retorno a foja cero

Finalmente fracasó el Plan Perotti. La propuesta impulsada por el mandatario santafesino varias semanas atrás exigía desplazar a los directivos actuales de la empresa. Acusados de vaciamiento y mala administración, también se exigía que un fideicomiso asumiera la gestión hasta tanto se concluye el proceso de convocatoria de acreedores. 

Luego de casi dos meses de disputa en el terreno judicial, no hubo un solo avance en función de resolver la dramática situación del caso Vicentin. Al parecer los estafadores no entienden de buenos modales y tienen mayor influencia sobre la justicia local que el propio Estado argentino. Descartada la opción moderada, Alberto Fernández comunicó el viernes pasado a través de sus redes sociales la derogación del DNU 522/2020 presentado el 8 de junio, desistiendo del proceso de intervención de la cerealera. y por supuesto del proyecto de expropiación.

En un extenso hilo en su cuenta de Twitter, el presidente se despachó contra los accionistas y dueños del holding agroindustrial y sobre todo contra el juez a cargo del concurso, Fabián Lorenzini. Este no ha permitido que el Estado pueda conocer el pasivo real de la compañía, ha impedido que los interventores designados se hicieran cargo de la gestión y, sobre todo, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que se niegan a presentar el Balance y Memoria del ejercicio 2019.

De acuerdo al nuevo decreto presidencial, el Estado no se hará cargo del rescate de una firma que mantiene en su dirección a los responsables de su situación actual. En las condiciones dadas “no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores» remarcó el presidente. La estrategia estatal se circunscribe a recuperar los activos en riesgo y colaborar con la justicia para esclarecer las responsabilidades civiles, comerciales y penales de todas aquellas personas involucradas en la situación actual del grupo empresario.

Es con Todos: ventajas y desventajas

Desde el anuncio de la fórmula presidencial del Frente de Todos, se suponía que la dupla Fernández-Fernández constituía la mejor opción para arrancar del sillón de Rivadavia a Mauricio Macri. Tras conocerse los resultados de las PASO en agosto de 2019, no quedó la menor duda que la estrategia anunciada por Cristina Fernández de Kirchner unos meses antes (mayo del 2019) resultó un movimiento clave en ese sentido. 

No obstante, el diseño de la arquitectura electoral del Frente de Todos evidenciaba que la futura coalición de gobierno suponía un gran acuerdo nacional, integrado por diferentes fuerzas sociales y políticas, con una serie de puntos acordados y no pocas diferencias.

La heterogénea composición de sectores y fracciones adelantaba un proyecto político ubicado más hacia el centro del espectro ideológico, que en materia económica apuntara sus esfuerzos a la reactivación del mercado interno y la protección del empleo en función de recuperar el nivel de consumo general y de ese modo dinamizar las actividades de la economía informal. 

En términos de conducción política, todo indicaba un énfasis en establecer instancias de diálogo y concertación, dejando atrás el tono beligerante atribuido al kirchnerismo por buena parte de la oposición y los medios de comunicación hegemónicos. Sumándole los modales propios de Alberto Fernández, quien se autodefine como un socialdemócrata, con un estilo más vinculado a Raúl Alfonsín que a ciertos referentes históricos del peronismo.

Dicha amplitud era necesaria en función de desplazar al egresado del colegio Newman del comando presidencial, asestando un duro golpe a la derecha Argentina en una maniobra defensiva. Al menos así fue aceptado por buena parte de las fuerzas políticas progresistas y del campo popular en su momento. 

El precio de ello, sería la dificultad para radicalizar ciertas demandas programáticas que inevitablemente traerán contrapuntos, disputas y enfrentamientos con un sector de las clases dominantes. La cuestión de fondo para buena parte de los movimientos populares ubicados a la izquierda de la coalición de gobierno sería como moverse en ese angosto margen sin caerse fuera de la cancha.

El nuevo escenario abierto por la pandemia

A comienzos del 2020, la expansión acelerada de la pandemia de Covid-19 a nivel global tuvo dos consecuencias importantes para la Argentina. En primer lugar intensificó la dramática crisis económica que afrontaba nuestro país tras cuatro años de políticas neoliberales. En segundo lugar, el pésimo abordaje de la pandemia por los mejores alumnos del consenso de Washington, abrió la posibilidad de debatir qué rol deben asumir los Estados en varios aspectos de la vida social. 

En ese sentido, generó las condiciones de posibilidad no sólo de afirmar los derechos sociales que deben garantizarse al conjunto de la población, sino de ingresar en un terreno más sinuoso- prácticamente vedado tras la caída del muro de Berlín- de la presencia estatal en la economía.

Con el correr de los meses, al acortarse la manta se fueron intensificando una serie de debates sobre las alternativas de salida a la crisis. ¿Sobre las espaldas de quiénes va a recaer el esfuerzo esta vez? 

La dirigencia de las clases dominantes, en la voz del grupo Techint, ya había adelantado su posición a fines de marzo mediante la amenaza de despedir a 1450 trabajadores debido a la paralización del rubro de la construcción durante las primeras semanas de la cuarentena. El holding presidido por Paolo Rocca hizo su primera jugada en pos de aclarar los tantos, “el que avisa no traiciona” dice el refranero popular.

En ese marco, se da la discusión sobre la intervención/expropiación de Vicentin. Tal como fue señalado en varias oportunidades durante estos dos últimos meses, no se trata de una compañía que goza de buena salud en términos económicos y financieros, justamente todo lo contrario. 

Desde mediados del año 2019 la firma entró en una peligrosa secuencia que la llevó a declararse en cesación de pagos en diciembre pasado y presentarse en concurso preventivo de acreedores en febrero de este año, el paso previo a declarar la quiebra. Cada día surgen más pruebas que alimentan la tesis de que se trataría de una quiebra inducida y una estafa sin precedentes.

De esta manera, factores externos e internos, empalmaron con la situación particular de la 6° agroexportadora del país, y sirvieron en bandeja la posibilidad de que Argentina recuperase el control de una parte del comercio exterior de granos, hecho impensado unos meses antes de la pandemia e incluso por el carácter de la coalición de gobierno y el perfil de su conductor. 

Si bien un heterogéneo y amplio conjunto de fuerzas político-sociales vinculadas con los sectores populares del agro desde hace tiempo incluye el tema en sus ejes programáticos, no se puede desconocer que la medida no estaba instalada en términos del debate público.

¿Oportunidad dilapidada?

A estas alturas nadie puede rebatir la infinidad de pruebas que demuestran las maniobras de vaciamiento impulsadas por los directivos del grupo Vicentin, las cuales figuran en las denuncias presentadas ante tribunales locales e internacionales que ya desbordan el expediente principal de la convocatoria de acreedores. 

Triangulaciones, subfacturaciones, evasión impositiva, transferencias de activos, la lista de delitos es nutrida y diversa. Los hermanos Nardelli y Alberto Padoán, con el solidario apoyo de Javier González Fraga, ex titular del Banco Nación, están implicados en una verdadera “GRAN ESTAFA”. Por más que los directores y dueños del holding agroindustrial cuenten con la incondicionalidad de la justicia local, bajo la órbita de su propio feudo, resulta difícil creer que correrán la misma suerte en los tribunales neoyorquinos.

No obstante, la discusión trasciende el caso de la cerealera. Las cámaras que nuclean a la cúpula del empresariado salieron con urgencia a marcar la cancha: el Estado no puede meterse en los asuntos del mercado, menos aún en uno de los resortes fundamentales de la economía nacional. 

Por ello desde un principio los escribas del poder económico intentaron correr el eje del debate, “el gobierno NO debe interferir en el proceso judicial”, “se debe respetar la independencia de los poderes”, señalaban algunos titulares, el contrapunto “república vs populismo” les ha arrojado buenos dividendos en más de una oportunidad. 

Pese a ello, el accionar del juez Lorenzini pone un manto de dudas sobre su imparcialidad o sobre la “independencia” del poder judicial. Asimismo, otros discursos apelaron a la defensa de la propiedad privada, lo cual resulta paradójico cuando el listado de acreedores –o estafados- supera el número de 2600. Si hay algo que buscaba la intervención, era justamente proteger los activos de la empresa y poder saldar las deudas de miles de productores, acopiadores, corredores, bancos públicos y privados.  

La rápida claudicación de Alberto Fernández prácticamente sin desenfundar las armas sienta un precedente riesgoso. Si se esperaba que al interior del sector agropecuario lloviesen los aplausos ante la medida es porque se desconoce la capacidad hegemónica del gran capital local y transnacional en el complejo agroalimentario, en particular sobre ciertas organizaciones e instituciones que suelen presentarse como las voces autorizadas del campo. Quizás uno de los sectores más impregnados por los núcleos centrales del pensamiento neoliberal desde los años noventa en adelante.

Más allá de las previsibles posturas del gran empresariado local quienes cuestionaron y se opusieron a la expropiación desde el minuto cero, y mediante el despliegue de su poder mediático lograron movilizar una parte de sus bases sociales en diferentes puntos del país, también hubo posicionamientos y movilizaciones importantes en apoyo de la medida. Asimismo, una buena parte de nuestro pueblo no ha fijado una posición clara sobre el tema, el escenario está totalmente abierto aún.

Un conjunto heterogéneo de organizaciones representativas de los sectores populares en el agro se han pronunciado a favor de la expropiación y la conformación de una empresa pública no estatal bajo la gestión de organizaciones de la agricultura familiar, cooperativas de pequeños y medianos productores chacareros, y trabajadores vinculados al sector agroindustrial. 

Por ello, es fundamental no dar por perdida la batalla tanto en el plano de las ideas como de las calles, redoblar la apuesta en todos los terrenos posibles, en función de construir una correlación de fuerzas que permita avanzar en la expropiación del grupo Vicentin, y en una serie de reformas estructurales necesarias para construir una patria más justa y soberana, como dice aquella canción “el que abandona, no tiene premio”.

*Ingeniero Agrónomo, Doctor en Cs. Sociales; FCAyF-UNLP; integrante del Colectivo Crisis Socioambiental – Instituto Tricontinental de Investigación Social