30 julio, 2020
Tomarán declaración a un represor de la dictadura en España
La jueza argentina María Servini de Cubría, que lleva adelante la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en el país europeo, hará una videoconferencia en septiembre para indagar a Rodolfo Martín Villa acusado de 12 asesinatos entre 1976 y 1978.
Debido a que la legislación española ha garantizado la impunidad de los genocidas de la dictadura española que se extendió de 1939 a 1977, desde el año 2010 existe una querella presentada en tribunales de Buenos Aires. La misma se sostiene en que, de acuerdo al derecho internacional, los delitos de lesa humanidad no prescriben y pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo independientemente del lugar donde se cometieron.
En ese marco, la jueza argentina María Romilda Servini de Cubría tiene a cargo desde entonces la investigación de los crímenes llevados a cabo durante el franquismo e intentará tomar declaración a uno de los acusados, Rodolfo Martín Villa.
Varias veces la magistrada intentó indagar al ex ministro y legislador, incluso llegó a pedir su captura internacional y extradición a la Argentina. Sin embargo el Estado español se amparó en sus leyes de impunidad para negarse.
Por su parte Villa manifestó su voluntad de hablar con la jueza e incluso dijo que viajaría a Buenos Aires, pero eso nunca sucedió. Ahora se intentará que finalmente Servini y el represor se vean cara a cara en una videoconferencia que se realizará el 3 de septiembre y tendrá carácter formal para la causa.
No obstante, considerando los antecedentes, habrá que esperar a esa fecha para ver si efectivamente sucede.
La denuncia contra Villa
El acusado ocupó varios cargos durante la dictadura. Luego de ser dirigente estudiantil, en 1966 fue nombrado director general de Industrias Textiles del Ministerio de Industria; tres años después lideró la secretaría general de la Organización Sindical Española e integró el Consejo del Reino. En 1974, en el ocaso del franquismo, fue designado gobernador civil de Barcelona y fue procurador de las Cortes.
Sin embargo, tras la muerte de Franco en 1975, se sumó al gabinete de su sucesor, Carlos Arias Navarro, y fue ministro de Relaciones Sindicales. Mientras se desempeñaba en ese cargo se cometieron parte de los crímenes por los que se lo juzga.
El 3 de marzo de 1976 una manifestación de trabajadores fue brutalmente reprimida con balas de plomo y cinco personas murieron. Además se le imputan otros asesinatos de trabajadores a manos de las fuerzas de seguridad cometidos ese año y el siguiente.
En 1977, ya en el marco de la llamada “transición”, fue ministro del Interior y bajo su mando se reprimió una protesta durante los festejos de San Fermín donde dos jóvenes resultaron muertos por las balas policiales.
Una vez recuperada la democracia, Villa fue legislador por la Unión de Centro Democrático y el Partido Popular y llegó a ocupar la vicepresidencia entre 1981 y 1982.
La querella argentina
Como parte del acuerdo entre la dictadura y los partidos políticos, en 1977 se aprobó la Ley de Amnistía que garantizó la impunidad en el Estado español y ha sido cuestionada a nivel mundial. Incluso en 2009 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sumó su crítica por la incompatibilidad de esa normativa con el derecho internacional.
En 2007 se presentaron varias denuncias ante la Audiencia Nacional española por los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante el franquismo, pero bajo la normativa vigente, fueron rechazadas. De todas formas en 2008 el juez Baltasar Garzón decidió investigar y calificó lo sucedido como un genocidio. La causa no llegó a ningún lado porque la ley de 1977 no ha sido derogada.
Ante este escenario, en 2010 nació la llamada querella argentina que es la que ha logrado visibilizar los crímenes aunque, hasta ahora, no pudo juzgar a ninguno de los represores.
La historia de esa causa ha sido retratada en el documental El silencio de Otros de 2018 y recientemente subido a la plataforma Netflix.
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