26 julio, 2020
La policía reprimió brutalmente a una comunidad guaraní en Salta
Al menos 18 personas fueron heridas con balas de goma, entre ellas un bebé. Los efectivos también detuvieron a la referenta de la comunidad, Yamila Veleizán, entre otres.
El jueves 23 de julio en Colonia Santa Rosa, Salta, la policía desató una brutal represión hacia la Comunidad Guaraní Cheru Tumpa (Padre Dios). En un intento de desalojo por parte de las fuerzas de seguridad provinciales, al menos 18 personas resultaron heridas por balas de goma, entre elles cinco niñes y un bebé.
La referenta de la Comunidad, Yamila Veleizán, fue detenida y acusada de “resistencia a la autoridad y amenazas, usurpación, estafa y extorsión”. Según lo informó la agencia Presentes, la vocera y autoridad comunitaria Juliana Martínez Soria declaró que Veleizán permanecerá detenida al menos por quince días.
Mediante un comunicado, el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir exigió “al Gobierno Nacional que intervenga de inmediato para el resguardo de los Derechos de la comunidad Guaraní Cherú Tumpa en Colonia Santa Rosa”. “Les pedimos a todos los pueblos indígenas y el pueblo argentino que levanten su voz de indignación y repudio frente a estos acontecimientos”, agregaron.
Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), denunció a la Fiscalía de Pichanal, Salta, a cargo de Sofía Fuentes, que “la ocupación de las familias indígenas vienen desde el año 2015, pero el día jueves 23 integrantes de la fuerza policial se hicieron presente en el lugar sin exhibir orden judicial y dispusieron a desalojar con disparos de balas de goma a aproximadamente 80 personas que se encontraban en el lugar”.
“El conflicto que predomina en las comunidades indígenas es el reclamo territorial, sobre la cual se articulan tanto la construcción y conservación de la identidad como la posibilidad de una proyección a futuro en términos comunitarios”, destacó Odrada.
Recordó además la vigencia de la emergencia territorial dispuesta por la Ley 26.160 y sus prórrogas, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país, ordenando la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que tiendan al desalojo o desocupación de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.
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