Todes somos Moyano

Guadalupe Santana*

@puede_fallar

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El pasado jueves, el sindicato de Camioneros dirigido por Pablo Moyano bloqueó centros de distribución tercerizados que prestan servicios con exclusividad para Mercado Libre. Según el sindicalista, se verificaron allí una serie de irregularidades que configuran fraude laboral y reclamó el encuadre de eses trabajadores en el convenio colectivo correspondiente de Camioneros. 

Fruto de la medida de acción directa, se convocó a una mediación en el Ministerio de Trabajo donde las partes se comprometieron a avanzar en el proceso de regularización laboral de los conductores, hoy contratados bajo diversas figuras. Además, se incorporará al sindicato en el plan de expansión que tiene prevista la firma hacia el conurbano, Rosario y Córdoba, que ilustra el crecimiento que la ha convertido en la empresa más valiosa del país.

Pero el conflicto entre Camioneros y Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre y empresario estrella del macrismo, se remonta al año pasado, cuando Galperín firmó un convenio colectivo de empresa con la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga, dirigido por el platense Daniel Vila, respecto de la planta de trabajadores de logística del Centro de Distribución propio, ubicado en la zona del Mercado Central, que fue homologado en tiempo récord por el entonces Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. 

Para eludir el encuadre del convenio colectivo por actividad, que correspondía a Camioneros bajo el rubro logística, el sindicato de Vila adecuo su personería gremial e incorporó dentro de su ámbito de representación a los depósitos de Comercio Electrónico. Si bien Camioneros recurrió ante el Ministerio de Trabajo, el reclamo fue rechazado, por lo que ahora sólo queda la vía judicial.  

El convenio, firmado en 2019 entre Vila y Galperín, prevé condiciones de trabajo totalmente desfavorables para les laburantes y muy a la medida de las necesidades de la empresa que fueron analizados con bastante detalle por Luis Campos. Por citar tan sólo algunas de las cláusulas, se desdibujan los límites de la jornada laboral: la empresa puede disponer de los turnos y extensión de la jornada de trabajo con una anticipación de tan sólo 48 horas; las vacaciones pueden ser en cualquier momento del año y fraccionarse en períodos de hasta 7 días corridos; se eliminan las categorías: todes les trabajadores son polivalentes y pueden realizar todas las tareas a demanda de la empresa; se elimina la figura del delegade sindical por turno; entre otras. 

El contenido del convenio es una muestra de la reforma laboral que el macrismo prometió llevar adelante. Esto quedó demostrado en todas las ocasiones que ensalzó la figura de Galperín, como el emprendedor exitoso y ejemplar, y por el rol central que jugó la cartera de Trabajo en la validación del convenio por empresa. Más recientemente, la revelación de la persecución que se desplegó sobre los Moyano desde la Agencia Federal de Inteligencia, terminó de graficar la estrategia gubernamental-empresaria.  

La pretendida reforma laboral se vio frustrada, de manera anticipada, por una gran movilización popular que se congregó en las calles en diciembre de 2017 para resistir la reforma previsional. La estrategia del empresariado, entonces, fue avanzar a través de convenios por empresa que asestan un golpe al convenio por actividad, pilar de nuestro modelo sindical. La diferencia radica en que el convenio por actividad posee mayor amplitud ya que nuclea a todos los trabajadores y trabajadoras de una determinada actividad sin diferenciar por categoría, oficio, tarea ni empresa. De este modo, la potencia de la representación hace a la potencia de la negociación para volver más equilibrada o menos asimétrica la relación desigual entre el capital y el trabajo. En otras palabras, el convenio por empresa expresa una situación de mayor debilidad del lado de les trabajadores. 

No caben dudas de que el gobierno de Cambiemos fue portavoz del gran empresariado local y transnacional. Por eso su discurso consistía en instalar la necesidad de un cambio en las relaciones de trabajo, a través de la “modernización” de los convenios colectivos, como requisito para el crecimiento económico. Macri fue vencido de manera contundente en las urnas, sin embargo, la ofensiva patronal aún persiste y en el marco de la pandemia, se ha agudizado en torno a la disputa sobre quién pagará los costos de la coronacrisis: si el pueblo o los ricos. 

Desde aquella conferencia de Alberto en marzo, en la que anunció que era la hora de que ganaran un poco menos, los empresarios han avanzado en su agenda de despidos, suspensiones y rebajas salariales de la mano del ATP. La convocatoria al pacto social por parte del presidente el 9 de julio, más que intimidarlos para ceder alguna posición en pos de una distribución de pérdidas, los ha envalentonado. Como en efecto cascada, YPF y las autopartistas anunciaron reformas a los convenios pos pandemia. Es decir que no satisfechos con ajustes en término de salarios, han decidido avanzar sobre las condiciones de trabajo. 

Mientras el aporte extraordinario de las grandes fortunas duerme el sueño de los justos, Pablo Moyano decidió mover ficha, quizás guiado por aquella vieja máxima de que cuando no se avanza, se retrocede.  

*Secretaria de Juventudes de la Asociación de Empleades Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires