¿Giro al centro o equilibrismo político?

Fernando Toyos

@fertoyos

COMPARTIR AHORA

Primer acto: 9 de julio. Alberto Fernández pronuncia el discurso oficial ladeado por un puñado de personas entre las que se cuenta el “Grupo de los Seis”: se trata de los representantes de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo y Carolina Castro; de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina; de la Asociación de Bancos Argentinos, Javier Bolzico; de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; de la Cámara Argentina de Comercio, Eduardo Eurnekian; y de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech. Nada menos que la flor y nata del empresariado local circundaba al mismo presidente que un mes antes anunciaba la intervención de Vicentín como “un paso hacia la soberanía alimentaria”. El peor paso, podríamos agregar, es el que no se da.

Segundo acto: el domingo siguiente, el periodista económico Alfredo Zaiat publica en Página/12 un extenso artículo en el que caracteriza al gesto como una “apuesta oficial fuerte dirigida al mundo empresario concentrado, que desde hace más de 40 años ha intensificado el combate contra el proyecto de desarrollo nacional que hoy aspira a desplegar el frente político que gobierna”.

En un guiño a El nuevo poder económico en la Argentina de los ‘80, aquel clásico trabajo de Daniel Aspiazu, Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse que delineó los contornos del bloque históricoque emergió de la última dictadura militar: se trata de los grupos económicos nacionales -entre los que se encuentra el grupo SOCMA, de la familia Macri- y las empresas transnacionalizadas, que “por primera vez ocupan conjuntamente el centro del proceso de acumulación y sintetizan un proyecto orgánico común”. La unidad política de las clases dominantes está sellada desde 1983.

Tercer acto: el mismo día, Cristina Fernández elogia y comparte la nota en su cuenta de Twitter, sentenciando: “De lectura imprescindible para entender y no equivocarse”. La unidad política expresada en el Frente de Todes -de formación muchísimo más reciente- fue puesta nuevamente en la mirada de algunos medios de comunicación, alimentados por semejante exposición. Luego de escuchar sobre la “deriva comunista”, que se expresaría en proyectos aún no concretados del impuesto a la riqueza y la expropiación de Vicentín, ¿estamos ante un giro centrista, una ruptura que marca un antes y un después en el gobierno -aún joven- del Frente de Todes?

***

Como decíamos , el gobierno intenta desplazar la agenda hacia un “escenario post-pandémico”, de datación todavía incierta. Así se puede ver en el anuncio del plan de inversiones en infraestructura universitaria, entre otras declaraciones en sintonía con la profundización de la inversión estatal como estrategia para incentivar la economía. Estas iniciativas se suman a una inversión pública que, hace un mes, se estimaba en un 7% del PBI. Es decir, una inyección sin precedentes de dinero público cuyo origen es la emisión monetaria. 

Sin replicar cierto pensamiento económico ortodoxo, según el cual la emisión monetaria es automáticamente inflacionaria -como si se tratara de un mecanismo-, semejante emisión no puede sino acumular tensiones. Y las tensiones, más temprano o más tarde, deben resolverse. Acaso expresiones de esto, el índice de precios al consumidor (IPC) de junio, ubicado en un 2,2%, rompe con una tendencia a la baja desde marzo mientras el dólar paralelo mantiene su lento pero persistente camino ascendente. 

La pregunta parece ser la misma. ¿Quién va a pagar el costo de políticas necesarias (e insuficientes) como el IFE cuando la pandemia nos traiga, finalmente, la cuenta? ¿Qué sucederá con el costo del programa ATP, mediante el cual el Estado cubre parte del salario de trabajadores privades y algún que otro gerente? ¿Hay condiciones para avanzar sobre los sectores concentrados que caracteriza Zaiat, como en Chile, donde se va camino a aprobar el retiro parcial de fondos del sistema de jubilaciones, que allí es privado?

En este panorama repleto de preguntas, el proyecto de ley de Teletrabajo definirá buena parte de las relaciones laborales de la post-pandemia, lo cual la vuelve un escenario donde puede jugarse una buena parte de esta disputa por el costo de la crisis. La propuesta pasó por Diputados con un sólo voto en contra y sin despertar mayores cuestionamientos por parte del Frente de Izquierda (que se abstuvo). En principio, se consagrarían ciertos derechos básicos por los cuales el movimiento obrero en general, y los sindicatos docentes -sobrecargados de trabajo desde el inicio del aislamiento- en particular defienden: delimitar una jornada laboral clara mediante el derecho a la desconexión, reconocer las tareas de cuidado, exigir que la provisión de equipamiento esté a cargo del empleador, etcétera.

Sin embargo, luego de su media sanción, surgieron voces que -tanto desde las cámaras patronales como de las representaciones sindicales- levantan cuestionamientos. Verónica Quinteros, abogada de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica), la premura de la discusión que -en un contexto de aislamiento- genera condiciones de negociación desfavorables para les trabajadores y sus organizaciones sindicales.

En la misma línea, les abogades laboralistas nucleades en la Corriente 7 de Julio publicaron un comunicado en el que plantea -entre otros puntos- la necesidad de reducir la jornada laboral, habida cuenta de la reducción objetiva de los costos empresarios que el teletrabajo implica. Sin embargo, en vísperas de su tratamiento en el Senado, la propuesta empezó a ser bombardeada desde las representaciones gremiales del capital. Como si fuese una sinécdoque del equilibrismo político albertista, un proyecto de ley que parece pergeñado para contentar a todo el mundo parece, a la postre, no contentar a nadie.

Las cámaras empresarias, por su parte, objetan el principio de reversibilidad, que habilita a quienes realizan teletrabajo a “pasarse” a la modalidad presencial: lógicamente, se trata de una cláusula que pone en riesgo la mencionada reducción de costos. Cuestionan, incluso, el derecho a la desconexión, tildando de “impracticable” la pretensión de que les trabajadores tengamos derecho a nuestro horario de descanso, dentro del cual no se nos pueda contactar por motivos laborales. Ingrata respuesta a la cortesía presidencial, el G6 respondió el convite del 9 de julio con su propio comunicado contra el proyecto de ley. Una vez más, les hablaron con el corazón y contestaron con el bolsillo.

Así las cosas, los márgenes por los que discurre el equilibrismo albertista parecen ser cada día más estrechos. La coyuntura, poco afecta a los gestos, reclama medidas concretas cuyo anuncio sea sucedido por su concreción.