16 julio, 2020
Repartidores contra el proyecto de ley del gobierno porteño para regular las apps
Desde este jueves a la mañana, en medio de un fuerte operativo policial, los trabajadores de plataformas de deliverys se concentraron frente a la legislatura porteña para rechazar la iniciativa que impulsa el oficialismo. Afirman que la misma legitima «la precarización».
«Esta ley que impulsa (el jefe de Gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta va a beneficiar a los empresarios mientras que precariza nuestro trabajo», declaró a los medios Marcos, uno de los delegados de la Asociación Sindical De Motociclistas Mensajeros Y Servicios (A.Si.M.M), que trabaja en la aplicación PedidosYa.
La protesta fue encabezada por integrantes de la Agrupación Trabajadores de Reparto (ATR) y de la Asociación de Personal de Plataformas (APP) en rechazo del proyecto, que incorpora exigencias como contar con residencia en la Ciudad, inscripción en la AFIP y una habilitación.
El proyecto, que ya cuenta con dictamen favorable de las comisiones de Tránsito y Transporte y de Justicia y de Asuntos Constitucionales, es autoría de la diputada oficialista Cristina García de Aurteneche, de Vamos Juntos, y fue acompañada por el diputado Marcelo Guouman, de UCR-Evolución.
Presentada a fines de junio, la iniciativa apunta a regular la actividad de los repartidores, mensajeros y aplicaciones de delivery; en tanto que obliga a todos ellos a tener domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y contar con un seguro laboral, entre otros puntos.
El requisito del domicilio, según las estimaciones de los propios repartidores, dejaría a 6 mil trabajadores automáticamente sin empleo.
«No existen derechos garantizados, las empresas no consideran al personal como trabajador sino como colaborador y la ley propuesta fue redactada a espaldas de los empleados y procura legitimar esa forma de precarización», aseguró Laura Cáceres trabajadora de Pedidos Ya.
A su vez, Facundo Pico, trabajador de Rappi, afirmó que «la precarización laboral tiene consecuencias, porque ya son 7 los empleados que fallecieron», y añadió que ni «el gobierno porteño ni el Ministerio de Trabajo se hacen cargo de esa realidad, y permiten que las empresas internacionales hagan lo que quieran, incluso para evadir las leyes laborales vigentes y el pago de los impuestos».
Desde la Asociación de Personal de Plataformas (APP) cuestionaron el proyecto al definirlo como «discriminatorio» hacia los repartidores.
En un comunicado, la APP argumentó que la iniciativa crea «la figura del repartidor habilitado» y «dispone más de 15 sanciones en los códigos de transporte, de faltas y contravencional especialmente pensadas para perseguir a los repartidores que no cuenten con la habilitación».
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